UGT convoca una huelga indefinida en el transporte por carretera desde el 8 de junio para exigir la jubilación anticipada

UGT ha anunciado la convocatoria de una huelga general indefinida a partir del 8 de junio en el transporte de mercancías y viajeros por carretera en protesta por el retraso del Gobierno en tramitar la petición de jubilación anticipada por penosidad y peligrosidad en este sector. El Ministerio de la Seguridad Social está elaborando un informe al respecto, por lo que CCOO no apoya el paro, ya que el proceso está aún en tramitación.

Las patronales de transporte, tanto de mercancías (CETM) como de viajeros (Confebus), y los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) solicitaron conjuntamente al Ministerio de la Seguridad Social la consideración de la actividad como especialmente penosa, para poder aplicar así coeficientes reductores que permitan la jubilación anticipada sin penalizaciones.

Según han explicado en una rueda de prensa el secretario general de la Federación de Servicios de UGT, Antonio Oviedo, y el responsable del sector de carreteras del sindicato, Diego Buenestado, si no reciben contestación a sus reivindicaciones por parte del Ministerio de Seguridad Social, seguirán adelante con su convocatoria de huelga, recoge la agencia EFE.

La convocatoria todavía no se ha presentado formalmente (debería hacerse la última semana de mayo), pero UGT espera que se sumen todas las organizaciones sindicales e incluso las patronales.

Los sindicalistas de UGT han afirmado que, dado que ha pasado el plazo establecido inicialmente para que el Ministerio de Seguridad Social emita el preceptivo informe sobre la penosidad de la profesión, de seis meses, considern que “actúa el silencio administrativo” y, por tanto, entienden denegada la petición.

Sin embargo, esta solicitud no se ha denegado. El Ministerio de la Seguridad Social está gestionado aún la petición, elaborando un informe al respecto, recuerdan en el departamento de Elma Saiz, del que tienen constancia tanto los agentes sociales como la prensa, ya que ha trascendido en múltiples informaciones.

CCOO no apoya el paro

CCOO, que también ha protestado por esta demora en el expediente de jubilación anticipada y ha advertido de la amenaza de huega, no considera que se cumplan las condiciones para hacer un paro.

El responsable del sector de Transporte por Carretera de CCOO, Francisco Vegas, aseguró ayer en declaraciones a EFE que el anuncio es “precipitado” porque el Ministerio de Seguridad Social está trabajando en el informe que da respaldo a esa petición por lo que entiende que lo razonable es dar un margen al Gobierno para que remate ese documento.

Para Vegas, este llamamiento tiene “poco fundamento” porque se trata de una huelga contra las empresas, que, en este caso, no tienen capacidad para resolver el problema.

Las patronales también lo rechazan

Por otro lado, los empresarios agrupados en la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) –la más representativa en mercancías–, defienden que se trata de un conflicto con el Gobierno pero que a quien perjudica realmente es a las empresas, según ha explicado a EFE un portavoz.

Señalan además que los transportistas están ahora recuperándose del impacto de la subida de los carburantes tras la invasión de Irán por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, por lo que entienden que UGT elige un momento poco adecuado.

Rafael Barbadillo, presidente de Confebus, la mayor asociación del transporte de viajeros por carretera, ha dicho a EFE que el objeto de esta hipotética huelga sería, en todo caso, la Administración y no las empresas, por lo que sugiere “que hagan una cacerolada o una manifestación” pero que “no vayan contra las empresas”.

Las empresas y los ciudadanos serán “rehenes” de una decisión que debería ir contra la Administración, añade Barbadillo, que considera que lo “sensato” es esperar al pronunciamiento de la Administración.

También Fenadismer ha considerado “incomprensible” el anuncio de UGT y reclama trasladar las protestas ante el Ministerio de Seguridad Social, que es el que debe aprobar la declaración de la actividad como especialmente penosa, para que luego se puedan aplicar los coeficientes reductores que permitirán a los transportistas jubilarse anticipadamente.