Miguel Ángel Rodríguez, “p'alante”

Miguel Ángel Rodríguez (MAR) es personal eventual de la Comunidad de Madrid, es decir, un empleado público de confianza nombrado de manera discrecional. Su cargo oficial es jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid y cobra casi 7.000 euros brutos al mes, más gastos protocolarios de viaje y comidas, de los que ha declarado más de 100.000 desde 2021.

Rodríguez, que se define en la página oficial de la Comunidad de Madrid como “consultor de comunicación” y es el estratega de Isabel Díaz Ayuso, utiliza unos métodos de control informativo que convierten preguntas y asuntos periodísticos en pesadas digestiones democráticas. Emulando la estrategia de Trump, cuando no le gusta una pregunta ataca a quien la hizo, tuerce la atención hacia una frase polémica o hace una acusación escandalosa para que se olvide que nos debe una respuesta. Mira, un burro volando.

Se ha jactado de tener información judicial privilegiada en tuiter –sus famosas predicciones sobre quién va a ir o no “p'alante” en los juicios–. Ha puesto en la diana pública a los familiares de ancianos fallecidos en residencias. Intoxicó a los medios filtrando un correo manipulado en el que daba a entender que la Fiscalía había retirado un pacto con el novio de Ayuso por órdenes “de arriba”. Los datos que sostenían ese titular –que no pensó para sus adentros, sino que sembró en el sistema mediático de Madrid– es que MAR tiene el pelo blanco, como defendió en sede judicial. También avisó a elDiario.es, tras la exclusiva del fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, de que nos iba a “triturar”. Como consultor de comunicación no se le puede negar osadía imperativa, que tantas veces compensa la falta de argumentos.

Este miércoles ha declarado como imputado por un posible delito de revelación de secretos. El gestor de la información más sensible de la comunidad autónoma, investigado por no saber gobernarla con honestidad. MAR supo que dos periodistas de El País habían ido a las inmediaciones de la vivienda de la presidenta a indagar sobre la ilegalidad de su reforma, un asunto de alto interés informativo. La estrategia no fue explicar si una servidora pública se había saltado las normas o aclarar el asunto, sino filtrar foto y nombre de los periodistas en un chat en el que había 18 personas. Esos mismos periodistas habían sido identificados minutos antes por agentes de policía de paisano. Rodríguez también informó entonces de que redactores “encapuchados” de elDiario.es habían intentado entrar en el edificio. Las webs digitales El Debate, Vozpopuli y Libertad Digital se hicieron eco de los comentarios de Rodríguez atribuyendo a “fuentes de Sol” la supuesta información, sin llamar ni contrastar, lo que habría hecho posible que despertaran de ese ensimismamiento informativo al que los había sometido el centrocampista de la información madrileña.

El poderoso interruptor que tiene MAR por razón de su cargo público lo activó ese día y se inició una campaña de odio y acoso en redes. Un jarabe difícil de tragar para un país en democracia. Acostumbrarse a que fuentes oficiales del gobierno de Madrid no cojan el teléfono o solo contesten por mail, que sea cada vez más difícil obtener información de la Puerta del Sol para algunos medios, supone un ejercicio de estoicismo y asunción de la injusticia: quien tiene los datos públicos y la obligación de gestionarlos lo hace de manera partidista o displicente. Sin embargo, lo que hizo Rodríguez va más allá y puede ser un delito: que un empleado público exponga a datos de particulares o periodistas con información que podría haber obtenido de manera irregular. Rodríguez ha dicho que la foto de los compañeros la obtuvo de un vecino. Aunque también ha dicho que se la pasó el novio de Ayuso. También se dilucidará si obtuvo la información desde la policía de la Comunidad de Madrid en las próximas sesiones. Cuando entra por la puerta la impunidad y el hostigamiento a periodistas, la democracia salta por la ventana.

Estos días vemos testimonios en el juicio del caso Kitchen que explican que, en nombre del interés particular, se utilizaron sistemas públicos de información y se vigiló al tesorero Bárcenas a través del Ministerio de Interior. Hay quien dice que es el mayor escándalo de la democracia. Quizás se queda corto para definir lo que supone el señalamiento a periodistas por parte de un alto cargo público que sigue indemne, en su puesto, peinando canas sin despeinarse gracias al sonoro silencio del Partido Popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid y la connivencia de algunos estómagos agradecidos.