El Congreso abre la vía para expulsar a los agitadores Vito Quiles y Bertrand Ndongo de manera permanente

Diez meses después de que se aprobase —pese al rechazo de PP y Vox— la reforma del reglamento del Congreso para poder sancionar las prácticas agresivas de los agitadores con acreditación de prensa, la Mesa de la Cámara Baja aprobó este miércoles —también con la oposición del PP— la retirada cautelar de la credencial a dos de los máximos exponentes de este activismo de extrema derecha: Vito Quiles y Bertrand Ndongo. La decisión, por ahora, es tan solo provisional. Pero fuentes parlamentarias se muestran convencidas de que, en las próximas semanas, la sanción se convertirá en definitiva ante la decena larga de denuncias contra ambos agitadores que se encuentran en diferentes fases de su tramitación, puesto que en varias de ellas se investigan infracciones graves o muy graves que pueden terminar traduciéndose en una expulsión permanente del Congreso.

La decisión de aprobar este miércoles una suspensión provisional de las acreditaciones de Quiles y Ndongo —que representan, respectivamente, a los pseudomedios EDA TV y Periodista Digital— es fruto de un cambio de planes de última hora, puesto que lo inicialmente previsto era que la Mesa analizara este miércoles los primeros informes jurídicos emitidos por los letrados sobre tres de los 11 expedientes abiertos contra los agitadores (ocho contra Quiles y tres contra Ndongo). Esos informes, finalmente, no se analizaron en la reunión de este miércoles, por lo cual no se ha podido aprobar aún una sanción definitiva. Pero los servicios jurídicos del Congreso han entendido que estaba justificado emplear la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas para aprobar la expulsión cautelar de los activistas “ante la reiteración de altercados y notable deterioro de la convivencia” en las últimas semanas, especialmente después de que la semana pasada Ndongo llamara “idiota” a la diputada Aina Vidal.

Esa decisión provisional, no obstante, es tan solo el primer paso para la retirada definitiva y permanente de la credencial de periodistas que han utilizado en los últimos años Quiles y Ndongo para provocar altercados, boicotear el funcionamiento ordinario del Congreso y el trabajo de los periodistas y difundir el argumentario de la ultraderecha camuflándolo de preguntas. Fuentes parlamentarias explican que en un plazo de días o pocas semanas la Mesa adoptará las primeras sanciones firmes. Varios de los expedientes abiertos lo son por infracciones graves que el reglamento del Congreso establece que “se sancionarán con una suspensión de la credencial de entre once días y tres meses”. Pero también hay algunas por faltas muy graves, que “se sancionarán con una suspensión de la credencial de entre tres meses y un día a tres años o, en su caso, con la revocación definitiva de la credencial”.

Incluso si no se les encontrara culpables de faltas muy graves, la mera acumulación de sanciones por infracciones graves contra Quiles y Ndongo podría traducirse en que perdieran permanentemente la acreditación. El reglamento tipifica como un ilícito de la mayor gravedad “las infracciones graves que se hubieran producido en más de dos ocasiones en el plazo de un año o de modo que se perjudique de manera muy grave el normal funcionamiento de la Cámara”. Y fuentes parlamentarias se muestran convencidas de que este artículo puede aplicarse tanto a Quiles como a Ndongo por algunos de los episodios que han protagonizado y por los que han sido denunciados.

Fuentes de la Mesa del Congreso justifican la decisión de suspender cautelarmente a ambos activistas ultras adoptada este miércoles por “el notable deterioro de la situación en las salas de prensa y otras dependencias de la institución, que imposibilita el normal funcionamiento de la Cámara y sus miembros en su relación con los medios de comunicación, pilar esencial de la democracia”. “En las últimas semanas ha habido un crecimiento casi exponencial de las denuncias” contra Ndongo y Quiles “y un aumento de la gravedad de los hechos denunciados”, y “tan solo en su reunión de hoy, la Mesa ha tenido que tramitar cuatro informes” por “episodios de intolerable nivel de violencia verbal, e incluso de ataques físicos a diputadas de esta Cámara”, argumentan las fuentes consultadas, que sostienen que “este desprecio por la libertad de expresión de las diputadas, por su derecho a ejercer sus funciones representativas en sede parlamentaria en un contexto de respeto, constituye una verdadera amenaza al funcionamiento del Congreso y un ataque al Estado social y democrático de Derecho”.

Tres expedientes muy avanzados

A día de hoy son tres los expedientes cuya tramitación está más avanzada, dos contra Quiles y uno contra Ndongo, por infracciones tipificadas como graves. Pero el segundo tiene pendiente también —aunque aún al inicio de su instrucción y, por tanto, con semanas o meses por delante hasta que sea resuelta— la denuncia interpuesta la semana pasada por Sumar por los insultos a Vidal. Ese episodio podría suponerle la expulsión directa del Congreso, dado que la normativa recoge expresamente como infracción muy grave “la falta de respeto o a las reglas de cortesía en el recinto parlamentario y zonas o edificios adscritos al Congreso” y, “en todo caso”, “proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas”.

A Quiles, por su parte, se le investiga por haber grabado sin autorización, presuntamente, tanto al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como al presidente Pedro Sánchez en las dependencias del Congreso, algo que solo están autorizados a hacer los camarógrafos debidamente acreditados por los medios de comunicación, y no las personas con credencial de redactor. En los informes que ha redactado tras escuchar a todas las partes, el letrado que ha instruido los casos propone expulsar entre 11 días y tres meses —la horquilla que determina el reglamento de la Cámara Baja para infracciones graves— al agitador ultra por grabar a Zapatero “ilícitamente” y publicar el vídeo en sus redes sociales. Por el contrario, la propuesta del instructor es exonerar a Quiles en el segundo caso, el de Sánchez, porque entiende que “no se puede probar con certeza” que esa grabación se produjera al no existir pruebas documentales que así lo avalen.