Ayuso alega ante el Supremo que la regularización de migrantes “desbordará” los servicios públicos

La Comunidad de Madrid ha llevado al Tribunal Supremo su ofensiva contra la regularización extraordinaria que concederá los papeles a cerca de medio millón de personas. Y lo ha hecho a través de un recurso que dibuja un escenario de inminente colapso y “desbordamiento de los servicios y prestaciones públicas” en la región si no se paraliza de urgencia su aplicación.

Los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal analizarán este escrito el próximo 22 de mayo junto a los presentados por entes ligados a la extrema derecha como Vox, los ultracatólicos de HazteOír y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, contraria a la ley de memoria. Los magistrados se limitarán a analizar si el decreto debe suspenderse, no entrarán al fondo del asunto. 

No obstante, en su recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Comunidad de Madrid sí da muestras de su oposición clara a una regularización a la que pueden acogerse todas las personas en situación irregular sin antecedentes penales que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses, así como los demandantes de asilo que hayan registrado su demanda de protección internacional antes de dicha fecha.

“No existe una necesidad imperiosa de regularizar de forma inmediata a cientos de miles de personas”, dice el recurso sobre un decreto que surge de una iniciativa que llegó al Congreso con el respaldo de más de 700.000 firmas. 

En su escrito, el Ejecutivo autonómico advierte que conceder permisos de residencia y trabajo de forma simultánea provocará un “desbordamiento de los servicios y prestaciones públicas”, dado que supone un “despliegue de derechos y servicios que no están dimensionados ni programados para atender a una cifra tan relevante de nuevos solicitantes potenciales”.

La Comunidad de Madrid sostiene que ese impacto será especialmente relevante en materia de vivienda pública. Un ámbito que, según el recurso, tiene una gestión “compleja” debido a la escasez y “problemas adyacentes, como la ocupación”. “La existencia de miles de posibles solicitantes [de viviendas públicas] de forma inmediata produce una indudable distorsión en los cupos, baremos y listas, al no existir tiempo para acompasar la planificación de la oferta”, dice el recurso. 

El precio de la vivienda se ha disparado en la Comunidad de Madrid en los últimos años. Pese a ello, el Ejecutivo de Ayuso se ha negado a aplicar la ley estatal y a declarar como “zonas tensionadas” áreas urbanas en las que los ciudadanos tienen dificultades para acceder al alquiler o la compra de las viviendas.

Además, casi 10.000 viviendas han perdido la calificación de protección y han pasado al mercado libre desde 2019, según publicó la Cadena Ser. De forma reciente, el Ejecutivo regional ha anunciado que prevé sumar 3.200 viviendas nuevas al Plan Vive de alquiler asequible y rebajar impuestos para el acceso a la vivienda, si bien no hay ninguna medida prevista para contener los precios. 

El Gobierno de Ayuso también apunta a los efectos de la regularización masiva sobre el sistema de salud. El recurso subraya que el acceso a la sanidad difiere en el caso de los residentes, ya que la condición de asegurado implica la asignación de la Tarjeta Sanitaria Individual. “Esto supone un cambio cualitativo, ya que en ese momento se debe asignar un centro de salud y un facultativo”, recoge el escrito. 

En realidad, las personas en situación irregular ya tienen derecho a la asistencia sanitaria normalizada en España a través de un código que les permite acceder a todos los derechos, como la asignación de médico de cabecera o la derivación a especialistas. El único cambio, por tanto, es que se les asignará la citada tarjeta. Lo que alega la Comunidad de Madrid es que la ratio de asegurados asignados a cada médico —conocida técnicamente como “cápita”— es la base sobre la que se organiza toda la atención primaria y se dimensiona el tamaño de la red sanitaria. 

El recurso también recoge que la residencia legal otorga el derecho a prestaciones tanto generales como específicas. Como ejemplo, cita la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid, que exige acreditar residencia legal para ser percibida. El recurso argumenta que estos sistemas de ayudas se encuentran dimensionados para una demanda planificada. La aparición de nuevos solicitantes podría “distorsionar el presupuesto, desplazando a otros beneficiarios y ralentizando la gestión”. 

Becas y ayudas

Por último, en relación con el ámbito educativo, el texto señala que los nuevos residentes legales mayores de 18 años adquirirán el derecho a acceder a etapas educativas postobligatorias, como la educación para adultos o la formación profesional “a fin de integrarse en el mercado laboral”. La Comunidad de Madrid argumenta que eso lleva aparejado el acceso a las distintas becas y ayudas.

Así, el recurso pone de manifiesto que la regularización dará derecho a prestaciones que actualmente “no se encuentran dimensionadas para atender a nuevos cientos de miles” y que generan “efectos inmediatos cuya reversión resulta inviable”. En consecuencia, reclaman al Supremo que suspendan su aplicación: “Una medida de estas características, con un impacto transversal tan intenso; debería prever, al menos, un escalonamiento”. 

En paralelo, el escrito sostiene que el decreto choca frontalmente con la Directiva del Retorno europea, que exige que las decisiones sobre extranjeros en situación irregular se tomen de forma individualizada y priorizando el retorno. Además, denuncia que el decreto vulnera la reserva de ley orgánica al asumir el Gobierno competencias que corresponden al Parlamento. También carece de una memoria económico-presupuestaria rigurosa que analice el impacto en las comunidades autónomas. 

En caso de que el Supremo no acepte sus pretensiones y suspenda íntegramente los apartados impugnados, el recurso solicita que se adopte al menos la suspensión de los efectos inmediatos que permiten a los solicitantes residir y trabajar de forma provisional con la mera comunicación de inicio del trámite. 

“No existen efectos inmediatos e irreversibles”

En el escrito en el que se opone a la suspensión cautelar del decreto, la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, contradice algunos de los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo de Ayuso. Respecto a la influencia que pudiera tener la regularización en el ámbito sanitario, los servicios jurídicos del Estado indican que la normativa actual ya garantiza el acceso a la prestación sanitaria “sin atender al estatus de la persona extranjera”. Por tanto, esta nueva regularización no tiene efectos en ese campo. “En definitiva, no existen efectos inmediatos e irreversibles, no existiendo riesgo de una pérdida de la finalidad del recurso. Por ello debe ser rechazado”, concluyen. 

Además, la Abogacía del Estado sostiene que esperar a la futura sentencia del Alto Tribunal y rechazar una suspensión cautelar no generará situaciones “irreversibles”. Recuerda que la naturaleza de la resolución que se impugna “es de una autorización de carácter administrativo, no generando derechos adquiridos irreversibles tal como alega la actora”.

Así, la Abogacía del Estado insiste en que las personas extranjeras que van a poder solicitar las autorizaciones de residencia “ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026” y, por tanto, “durante este periodo ya han sido usuarias de los diferentes servicios públicos”. Por eso, explica que la concesión de una autorización de residencia “no genera el impacto en los diversos servicios públicos dado que, en la actualidad, las personas destinatarias de dicha medida ya son usuarias de tales servicios”.