La libre elección instaurada por el PP en Madrid ha derivado 1.268 millones extra a la sanidad privada

La “libertad” de elegir hospital para los pacientes madrileños está saliendo cara a las arcas públicas y a los hospitales propiedad de la Comunidad de Madrid, según un informe interno de la Consejería de Sanidad, liderada por Fátima Matute, una profesional que proviene del grupo Quirón. Desde que Esperanza Aguirre abrió la puerta a los hospitales de gestión privada —hay cuatro de Quirón y uno de Ribera Salud— y a la libre elección de hospital —cada madrileño puede decidir en qué hospital se trata, le toque o no por zona—, la sangría de pacientes se acelera en la pública, mientras las empresas privadas logran más ingresos al conseguir más pacientes de fuera de su área, por los que facturan aparte.

Un documento resumen de la propia Consejería sobre los “Balances Intercentros” (BIC) –lo que se acaba pagando entre hospitales públicos y concertados como resultado del saldo final de pacientes de libre elección que han salido y entrado de cada uno– al que ha tenido acceso elDiario.es cifra el “impacto económico BIC” para la sanidad pública “por flujo de libre elección”, implantada por ley en 2009. Concretamente, entre 2018 y 2023 el Gobierno de Ayuso calcula que pagaron 1.268 millones por tratamientos de pacientes que estaban asignados a hospitales públicos y que se fueron a centros de gestión privada. Pese a todo, los gobiernos del PP desde que ganó la Comunidad Esperanza Aguirre en 2003 han defendido el sistema mixto público-privado como un ejemplo de eficacia. La última en hacerlo y en aumentar el dinero para conciertos privados, la actual presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Desde la pandemia, esas pérdidas de pacientes y el impacto económico que suponen para las cuentas públicas madrileñas (el Sermas tiene que pagar a las empresas concesionarias Quirón y Ribera Salud por tratamientos que ofrece en la pública si los pacientes quieren marcharse a la concertada) se han multiplicado y siempre en favor especialmente de la Fundación Jiménez Díaz, cuya captación de pacientes ha batido récord en 2024. Cuantos más pacientes absorben de fuera de su área las empresas privadas que gestionan hospitales públicos de Madrid, más ganan, ya que cobran por estos tratamientos a la Comunidad, como se hace a la inversa, cuando el paciente cambia de la concertada a la pública. Todo eso se anota en un sistema de información común y da lugar a ese Balance Intercentros, que sale en negativo para las arcas públicas.

Para 2018 (un año antes de que Díaz Ayuso fuera presidenta) la Consejería calcula un impacto negativo por la libre elección en el sistema de hospitales públicos de 174 millones. Al año siguiente fueron 181 millones. En la pandemia, el flujo de pacientes a la privada se ralentizó, por lo que los pagos extra al sistema sanitario concertado se contrajeron a 160 millones.

A partir de 2020, el Gobierno de Díaz Ayuso no ha parado de incrementar sus pagos a las dos multinacionales sanitarias y, paralelamente, ha aumentado el “impacto económico” en el sistema, como muestra su informe, debido a que se aceleró la marcha de pacientes. En 2021, la Consejería cifró el impacto en 192 millones, que se convirtieron en 263 en 2022 y acabaron en 298 en 2023, últimos datos disponibles. La mitad de ellos, por el flujo hacía la Jiménez Díaz (con un impacto de 149 millones que hubo que pagar ese año a ese hospital por este motivo, según el mismo informe interno de Sanidad). En el penúltimo Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 2025 se aprobó pagar más dinero, 176 millones, para los 97.000 pacientes que había conseguido captar este hospital de otras áreas en 2024, lo que confirmaría que la tendencia de pagos de la Consejería de Sanidad por la libre elección se han acelerado más desde 2023, el último año del que aparecen en el informe datos disponibles.

¿Cómo es posible que el sistema público, sostenido con más fondos, donde se hacen los tratamientos más complejos y con tantos medios y profesionales, esté perdiendo pacientes y, por tanto, haya que pagar dinero extra a las empresas concertadas a las que ya se les paga un fijo por atender a su población? La libre elección puso a competir a empresas públicas y privadas por los mismos pacientes de Madrid, pese a que la naturaleza de ambas es distinta. Por ejemplo, si una empresa pública quiere comprar sábanas, tendrá que licitar y sacar a concurso público la compra, algo que tiene unas garantías para los contribuyentes y que puede demorar meses. Quirón o Ribera Salud simplemente tienen que buscar una empresa que les resulte conveniente y pagar. Esto se aplica a bienes, servicios y al personal, que en los hospitales de gestión privada tienen contratos, salarios y derechos y flexibilidad conforme a la empresa privada.

Además, los controles y auditorías en la pública son exhaustivos y completos, mientras que en la privatizada se analiza la facturación por muestreo y no están sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público. En la pública no se pueden establecer estrategias para captar pacientes con objetivos meramente económicos. En la de gestión privada, como demostraron los audios de Torrejón y una investigación de elDiario.es, se usa la lista de espera como palanca para captar y atender antes a pacientes de fuera del área, por los que se cobra un plus. Es decir, hay lista de espera A y B para intentar recibir pacientes de otras áreas, algo ilegal en la pública, que ve cómo sus pacientes asignados se marchan buscando listas de espera más cortas, habitaciones individuales o partos en bañera, todos ellos elementos que han activado las empresas que gestionan hospitales públicos para lograr pacientes “no cápita”.

Se ofrecen cirugías antes o incluso pruebas de madrugada. Según datos oficiales, en 2024 Ribera Salud y Quirón captaron casi 250.000 pacientes de libre elección, los más rentables, ya que la Comunidad paga por sus tratamientos al margen del canon fijo que tiene establecido cada año con estas compañías (y que se calcula según los habitantes que tiene la zona en la que está el centro hospitalario). El caso de la Fundación Jiménez Díaz es especial porque tiene un “convenio singular”. No cobra un canon, sino por paciente y tratamiento, con unos precios que la Cámara de Cuentas los puso en cuestión.

Los hospitales privatizados de Quirón y Ribera, los más beneficiados por el sistema en 2024

Saldo neto entre citas entrantes y salientes del sistema de libre elección de la Comunidad de Madrid en cada hospital en 2024. En amarillo, destacados los hospitales de gestión privada de Quirón y Ribera Salud

Fuente: Comunidad de Madrid

Aunque el Gobierno de Ayuso y la propia presidenta han defendido siempre la eficiencia del sistema público-privado y la libre elección sanitaria, el documento elaborado en la parte económica de la Consejería de Sanidad deja al descubierto que hay un impacto negativo para el sistema público, que debe pagar por esos tratamientos a empresas de gestión indirecta de manera extraordinaria según un flujo de pacientes que a la sanidad pública le sale a pagar. El documento cuantifica también en qué hospitales está siendo más gravosa la libre elección, lo que se cuantifica en millones también. En el periodo 2018-2023, los hospitales públicos de gestión directa que se vieron más perjudicados por las marchas y que más contribuyeron a los pagos a las empresas concertadas, según este informe, fueron el de Móstoles (que tiene al lado la competencia del hospital concertado Rey Juan Carlos de Quirón), el hospital de Fuenlabrada, Getafe y La Paz de Madrid. Los que no se vieron afectados y que presentaron un impacto económico positivo fueron el Hospital de Majadahonda, el Gregorio Marañón y el centro hospitalario de Alcorcón (el documento no incluye el hospital Santa Cristina, Niño Jesús ni el de la Cruz Roja).

La Consejería de Sanidad no ha contestado a las preguntas relativas a los datos concretos de este informe interno, pero fuentes oficiales especifican que “al paciente no le obliga nadie a elegir los hospitales de gestión indirecta [privada], de hecho pueden elegir cualquier de los 37 hospitales de la Comunidad. Tenemos los mejores centros y además dejamos que el paciente elija libremente dónde quiere ser atendido. Lo demás es demagogia y una interpretación sesgada y absolutamente partidista por parte de la izquierda”.