Claves del acuerdo UE-Gibraltar: libre circulación de personas y mercancías, derecho de veto de España y colaboración policial

“Todas las barreras físicas relacionadas con la circulación de personas entre la Unión [Europea] y Gibraltar deberán ser eliminadas”. El acuerdo entre la UE y Reino Unido que regirá la relación del Peñón de Gibraltar con los Veintisiete miembros de la Unión Europea, ha visto la luz. Un tratado con 336 artículos y 46 anejos y más de 600 páginas, que termina por tirar la verja que ha separado a la población británica y española que compartían este territorio del sur de Europa. De esta manera, se crea una nueva zona de libre circulación entre el peñón de Gibraltar con el espacio Schengen (25 países de la UE, no están Irlanda ni Chipre, más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).

Bruselas y Londres anunciaron el pasado 17 de diciembre que se había conseguido cerrar el texto legal del acuerdo político sellado el 11 de junio, a falta de la revisión jurídica para la ratificación por ambas partes.

Otro aspecto relevante es el artículo 2 del tratado que supone mantener la situación sobre la soberanía del peñón tal y como estaba. Este punto señala que el tratado firmado “no constituirá las bases para ninguna aserción o negación de soberanía” por parte de Reino Unido o España sobre Gibraltar. Cuando el tratado entre en vigor, que se espera que sea el 10 de abril, se realizará un acto oficial con el derribo de la verja.

Aunque se ha creado esta nueva área de libre circulación, en el aeropuerto y el puerto del peñón la policía española que trabaja con Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) junto a las autoridades gibraltareñas ejercerán el control fronterizo para terceros países, ya que tanto los gibraltareños como los ciudadanos de la UE accederán o saldrán de Gibraltar por una zona automatizada para evitar las tradicionales colas.

Se ha abierto una polémica porque en el tratado se recoge que las autoridades españolas no podrán controlar a “los miembros no residentes de las Fuerzas Armadas de Reino Unido” y de terceros países invitados o trabajando para Reino Unido y al “personal civil asociado” a las bases militares británicas, ya que están “exentos de las regulaciones y los controles Schengen sobre visado y pasaporte”, según adelantó El Confidencial.

Sin embargo, las autoridades españolas sí que podrán vetar un permiso de residencia en Gibraltar siguiendo las normas del espacio Schengen, que pueden ir desde documentación incompleta, falta de justificación del viaje, insuficiencia de medios económicos o que se considere que puede haber una amenaza a la seguridad.

Hay un capítulo dedicado a los trabajadores transfronterizos (10.000 españoles pasan al peñón y 5.000 llanitos cruzan a España cada día para trabajar) en el que se incluyen medidas para evitar abusos laborales, que haya dignas condiciones de trabajo y colaboración en asuntos de la seguridad social. Se ha aprobado un fondo de cohesión, aunque no hay cantidad asignada, para promover el empleo y la formación tanto en el Peñón como el Campo de Gibraltar.

En cuanto a las mercancías, con la incorporación de Gibraltar a la unión aduanera de la UE se acaban los controles a la libre circulación de bienes y mercancías entre el Peñón y España. Ahora bien, las reglas de entrada y salida de productos son las de la Unión Europea, ya que se pretende blindar el Mercado Único y evitar distorsiones competitivas, además de impulsar la lucha contra el fraude, especialmente en el ámbito del tabaco.

En este sentido, también es relevante que las policías gibraltareña y española realizarán operaciones conjuntas, se permitirá a los agentes de ambos cuerpos que puedan perseguir a delincuentes, según determinados delitos, a ambos lados de la frontera, y se reforzará el trabajo con Europol.

En temas de impuestos no hay muchos avances. Gibraltar tendrá que adoptar alguna disposición de fiscalidad indirecta como una tasa de transacción, equivalente al IVA español, que irá incrementándose del 15% al 17% en tres años y cuyo tipo reducido no podrá ser inferior al 5%.

El tratado tiene que ser ratificado por la Eurocámara, el Parlamento británico y la Cámara gibraltareña, pero no tendrá que ser votado por el Congreso.