Una protectora recurre el contrato del refugio de animales de València y acusa a la otra candidata de maltrato animal

La protectora Modepran, que gestiona el refugio de animales de València, en Benimamet, ha presentado un recurso para paralizar el contrato de la gestión de los refugios de animales en centros municipales de la ciudad. La entidad recurre al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (el TARC) después de haber quedado excluida del proceso y de denunciar que opta a esta gestión una empresa con sospechas de maltrato animal y otra de control de plagas.

En concreto, según consta en la plataforma de contratación, el recurso se interpuso a finales de diciembre. El pasado día 13 de enero el Ayuntamiento de València remitió al TARC la documentación pertinente para la resolución del recurso, entre la que consta el listado de todas las licitadoras que han presentado oferta.

El Ayuntamiento de València excluyó a la actual gestora del contrato de recogida, acogida, atención veterinaria y mantenimiento de los animales en los centros municipales de animales abandonados en el municipio de València tras un informe del servicio de sanidad por “no alcanzar el umbral mínimo de puntuación” en la memoria técnica. Ello incluye el programa sanitario, veterinario y de limpieza.

Según consta en las valoraciones, solo hay otra oferta aceptada para la licitación del contrato de los refugios públicos: una unión de la empresa ADDA OPS y Athisa Medio Ambiente, con lo que la exclusión de Modepran deja una sola candidata al concurso. La protectora Modepran presentó alegaciones al Ayuntamiento en las que asegura que contra la mercantil Athisa Medio Ambiente “existen abiertos en la actualidad varios expedientes penales por delitos de maltrato animal, y está siendo investigada por hechos que son constitutivos de presuntos delitos de maltrato animal, lo que podría suponer la incompatibilidad de que esta empresa y la UTE puedan prestar un servicio de atención y cuidado de animales”, según cita la resolución. El consistorio subraya que “la mera existencia de varias diligencias previas penales pendientes, sin condena firme, no constituye por sí sola una causa legítima de exclusión”.

El contrato tendrá un importe de 5,2 millones de euros para ejercer las competencias municipales en materia de bienestar animal. Son las “guarderías para animales”, el servicios de higienización de instalaciones y de veterinaria, que se encuentran en la pedanía de Benimàmet. La protectora ya se enfrentó al gobierno de Joan Ribó por la externalización del servicio y llegó a presentar un recurso contra los pliegos. El proceso queda ahora pendiente de que el tribunal administrativo analice la documentación y decida si lo paraliza cautelarmente.