El Gobierno trata de levantar un muro contra la privatización desaforada en sanidad y educación

Primero fue la universidad. Esta semana le ha tocado a la Sanidad. En dos meses será el turno de la Formación Profesional (FP). Tras siete años en la Moncloa, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha embarcado en una ofensiva contra la creciente privatización de los pilares básicos del estado del bienestar, una medida que la izquierda venía reivindicando hace tiempo, siempre con un ojo en la Comunidad de Madrid. En los tres casos, Moncloa se ha encontrado con la resistencia del PP, que pelea cada medida en favor de lo público en todos los frentes, desde el político hasta el judicial.

Estas medidas forman parte de la batalla ideológica contra la derecha ultraliberal que Sánchez inició haces meses y que representa fundamentalmente Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. A cada palo del Gobierno regional a derechos o servicios públicos, el Consejo de Ministros ha intentado contestar con medidas. Por ejemplo, ocurrió cuando el PP de Madrid sucumbió a una propuesta de Vox para torpedear el derecho al aborto obligando a los servicios municipales a informar de un falso síndrome postaborto. El Ejecutivo contraatacó con medidas para blindar el aborto en la Constitución y para obligar a las comunidades a cumplir con la ley enviando el registro de objetores de conciencia. 

En Moncloa están convencidos de que el mensaje acabará calando en los ciudadanos, aunque en los dos últimos test electorales, en Aragón y Extremadura, la estrategia no ha funcionado y la derecha se ha disparado mientras que los socialistas se han hundido. La intención del Gobierno es, en todo caso, seguir dando la batalla en lo ideológico, a pesar de la complejidad de que algunas iniciativas terminen por ver la luz dada la minoría parlamentaria de la coalición. Uno de los problemas es que en la aritmética tienen que encajar dos fuerzas de derechas, como PNV y Junts, que ha roto, además, con Sánchez mientras no se cumplan una serie de exigencias. El otro es que el PP ya ha dejado claro que será un dique en defensa de la privatización, mediante iniciativas parlamentarias y recursos en los tribunales.

Lo que sostienen en el Gobierno es que a la ultraderecha se la frena, además de no blanqueándola, con políticas. “Es lo que está haciendo el Gobierno: más política frente al intento de avance de la anti-política”, expresó la portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa del último Consejo de Ministros, donde se aprobaron medidas como el combate a la privatización sanitaria, las multas por el 'spam telefónico' de las energéticas o la prohibición de las subidas exageradas de precios en casos de emergencia.

Más allá de las palabras, la importancia que el Gobierno da a estas iniciativas se puede calibrar en el hecho de que, en el caso de las que atañen a los ministerios que lleva el PSOE, ha sido el propio presidente quien ha salido a presentarlas en vez de las respectivas ministras, un movimiento que Moncloa realiza cuando quiere que algún anuncio tenga más efecto. Todo lo que hace el presidente ocupa lugares destacados en los medios de comunicación; si el anuncio lo hace Diana Morant o Milagros Tolón probablemente no ocupe portadas ni sumarios del telediario.

“Presentan la privatización como única salida”

En uno de esos actos, hace casi un año, Pedro Sánchez desgranó cómo funciona el método que –principalmente los diferentes gobiernos del PP, el nacional en su momento y los autonómicos ahora– han puesto en marcha para minar lo público e impulsar lo privado: “Primero recortan recursos para minar su funcionamiento y, después, se cuestiona su servicio y calidad, precisamente afectados por los recursos que se detraen. Finalmente, cuando el deterioro es evidente, presentan la privatización como única salida”, razonó entonces Sánchez.

El paso ha sido recibido con buenos ojos por la comunidad educativa (solo el PP y algunos centros privados se han opuesto al endurecimiento de los requisitos para crear nuevas universidades), aunque muchos piensan que no van lo suficientemente lejos. “Son medidas necesarias, pero insuficientes”, valora Enrique Díez, catedrático en la Facultad de Educación de la Universidad de León. Este experto explica que en los últimos años se ha “llevado a las universidades públicas a un proceso de competición permanente a través de rankings, búsqueda de financiación, captación de alumnado... Un modelo que lleva a la mercantilización de la educación superior”, sostiene.

En opinión de Díez “hay que ir hacia la sucesiva supresión de lo privado en los bienes comunes, en los derechos sociales. No puede haber beneficio, ánimo de lucro y usura, como sucede en el caso de Quirón. En ese caso se ve muy evidente porque es salud, pero sucede exactamente lo mismo con la educación”, sostiene.

Díez concede que el marco se ha ido desplazando tanto que solo plantear esto suena radical, pero está convencido de que es una cuestión de “voluntad política”. “Poco después de la Inquisión, dos personas decidieron que iban a desamortizar todos los bienes de la iglesia”, recuerda en alusión las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz en el siglo XIX. “Se decía que era imposible, pero en una época en la que la Iglesia tenía un inmenso poder, se hizo. Es voluntad política”, insiste. “Pero, claro, tras la moción de censura lo primero que firmaron en sede parlamentaria los grupos que apoyaron a Sánchez fue derogar la ley mordaza, algunos [como Sumar] pidieron derogar los acuerdos con el Vaticano. Pero no se hizo nada”, expone esa, en su opinión, falta de ambición.

El mismo argumento, palabra por palabra

En la educación, la privatización progresa adecuadamente. El estancamiento de la oferta pública tanto en la FP como en la universidad, unido al aumento de la demanda de formación ante un mercado laboral ultracompetitivo han propiciado el desembarco de todo tipo de actores, con los fondos de inversión a la cabeza, para ocupar el espacio que el sector público ha dejado libre. Se compran y venden universidades con un 100% de beneficio, las empresas registran ganancias que rondan el 10%, cifras difíciles de alcanzar en otros sectores, y la clientela parece garantizada y, en algunos casos, creciente: España es la puerta de entrada a Europa para toda Latinoamérica.

La resistencia del Gobierno empezó con la universidad el pasado mes de octubre, cuando el Congreso aprobó la reforma del real decreto 640/2021, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios. El Ministerio de Universidades de Diana Morant endureció las condiciones para abrir nuevos centros tras comprobar, a base de experiencia, que la modificación anterior, realizada por el exministro Manuel Castells, no había surtido el efecto deseado: al dejar la decisión de aprobar o no un proyecto completamente en manos de las comunidades autónomas, estas podían dar el visto bueno aunque no cumpliera los requisitos. Y así lo hicieron: en los últimos años se han aprobado al menos tres universidades con informes desfavorables del Ministerio.

“Una universidad no puede ser una máquina expendedora (...) una fábrica de títulos sin garantías”, argumentó el presidente cuando presentó la segunda actualización del Real Decreto. Ese día habló de “chiringuitos”. “Toca elegir entre un modelo de educación superior universal, de calidad, que dé oportunidades a quien las necesita y que cohesiona el territorio, o un modelo que discrimina entre quienes pueden pagar y quienes no”, explicó.

Desde el pasado octubre, para abrir universidades privadas es necesario que una agencia de calidad independiente (nacional o autonómica) dé el visto bueno al proyecto, más allá de que este debe cumplir una serie de requisitos para obtener una licencia de universidad.

El (intento) de reforzar el sistema público educativo se quiere complementar ahora con la FP, otro sector en el que la privatización se ha disparado en los últimos años. En algunos ciclos populares, como los biomédicos o informáticos, se están matriculando más personas en centros privados que en públicos, básicamente porque estos no existen.

El presidente anunció hace dos semanas que quiere seguir el camino iniciado con la universidad y que va a “poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan garantías” y que, afirmó, “se han convertido en chiringuitos que solo dan diplomas” sin calidad formativa. Casi palabra por palabra con el argumento utilizado para la universidad hace un año. En este caso, sin embargo, Sánchez no adelantó por dónde va a ir la reforma de un proceso que, en este momento, apenas pide a la iniciativa privada ajustarse a ciertos requisitos de instalaciones y profesorado. Como ocurre con la universidad, las competencias para autorizar centros las tienen en exclusiva las comunidades autónomas.

“Las garras especuladoras” de la Sanidad

El plan en Sanidad sigue la misma línea. No se trata de revertir lo ya privatizado, sino de al menos establecer algunos límites y mecanismos de control a un modelo instaurado hace 30 años por el Gobierno de José María Aznar y que ha dado como resultado que los grandes grupos de la sanidad privada estén haciendo negocio a costa de la insuficiencia de recursos públicos.

Aquella ley, de 1997, estableció que las comunidades autónomas podían apoyarse en el sector privado en dos vertientes: externalizando la gestión de centros hospitalarios públicos a cambio de un canon anual y subcontratando servicios y tratamientos de la sanidad pública a la privada. El resultado, tres décadas más tarde, es una red pública cada vez más en manos privadas, y unas empresas que hacen caja con los presupuestos de las administraciones regionales.

Hace un par de meses, el Ministerio de Sanidad sentó las bases para justificar la medida que ahora han tomado. Presentaron un demoledor informe en el que señalaban que entre 2011 y 2023 el gasto público en sanidad privada se había disparado un 84%, a consecuencia de que en la actualidad uno de cada tres hospitales de la red pública esté gestionado por una empresa.

La salud es como la educación, siempre tiene clientela. Pero en el caso de la Sanidad hay muchos costes que pueden mermar los beneficios, así que las compañías han ido encontrando la manera de potenciar su rentabilidad. Por ejemplo, como señala el informe, rechazando los procedimientos clínicos más costosos, que acaban asumidos por el sistema público. Pero hay casos más extremos: el Hospital de Torrejón demostró que las prácticas para mejorar la cuenta de resultados llegaban al extremo de rechazar pacientes en función de su gravedad, se daban órdenes para reutilizar material de un solo uso, se prescindía de algunos tratamientos o se aligeraban listas de esperar cambiado el triaje de los pacientes.

El anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobado el pasado martes y al que le queda un largo camino hasta que se debata en el Congreso, no entra a revertir esas privatizaciones. Pero sí plantea requisitos para las nuevas, como justificaciones a las externalizaciones de gestión de hospitales, auditorías a las cuentas o la obligación de priorizar a entidades sin ánimo de lucro frente a las empresas. “Vamos a proteger el Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y privatizadoras”, resumió la ministra de Sanidad, Mónica García.

Eso sí, para que eso acabe sucediendo el texto tiene que ser aprobado en un Congreso enormemente fragmentado, y con una mayoría que pasa por sumar a algunos partidos que lejos de tener problemas con la privatización sanitaria, la han impulsado en sus territorios.