Mónica García, sobre la ley que frena la privatización: “Vamos a proteger la sanidad de las garras especuladoras”

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado este martes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley que busca impedir que se externalice la gestión de hospitales públicos sin justificación ni control. “Personalmente me parece un triunfo de la sociedad civil, vamos a proteger el Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y privatizadoras”, ha dicho García.

La ministra ha reproducido durante la rueda de prensa algunas de las frases que el CEO de Ribera Salud dijo a los directivos del Hospital de Torrejón para instarles a ahorrar dinero en el tratamiento a pacientes y ha denunciado prácticas como que “se dan citas a las 4 de la mañana para hacer caja con las listas de espera”, o que grupos sanitarios como Quirón han “multiplicado por seis el número de pacientes que capta de la sanidad pública” en Madrid.

“Esta ley pone fin a esta deriva, cierra la etapa de la ley del 97, una ley de Aznar, que permitió que el lucro entrara en la gestión pública”, ha apuntado García, que ha insistido en que la norma establece la “gestión pública directa como preferencia” y que “la gestión indirecta queda limitada a casos excepcionales, cuando se demuestre que la gestión pública no tiene capacidad”. “No se va a poder recurrir por capricho, ideología o porque sea un modelo heredado”, ha concluido.

El Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) incluye la obligación de que las comunidades autónomas que quieran externalizar la gestión de un hospital tengan que someter ese proyecto a una evaluación previa, y deberán justificar con un informe la necesidad de esa privatización. Esa propuesta pasará el examen de un comité de expertos y técnicos.

Con la nueva norma, la externalización sanitaria solo podrá ponerse en marcha cuando no sea posible la prestación directa, siempre que se garantice la sostenibilidad financiera y cuando se cumplan los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio. El informe de las comunidades autónomas que recoja estos puntos tendrá que ser público.

Además, la norma incluye que se prioricen los conciertos con entidades sin ánimo de lucro, en lugar de con empresas que buscan hacer negocio. En la práctica, la ley busca limitar el modelo de grupos como Quirón o Ribera Salud, especialidados en la gestión privada de hospitales públicos.

Organizaciones de pacientes y productos sanitarios

Junto a la norma sobre la privatización de la Sanidad, el Ministerio también ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley de las Organizaciones de Pacientes. El texto reconoce por primera vez su singularidad jurídica y su función como agentes clave en la defensa de los derechos e intereses de pacientes, familiares y personas cuidadoras. El texto garantiza su participación en los órganos de gobernanza del Sistema Nacional de Salud, define sus derechos y prevé instrumentos específicos como el Censo Estatal de Organizaciones de Pacientes

El Ministerio de Sanidad también ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros un real decreto que regula el procedimiento de financiación selectiva de los productos sanitarios en la prestación farmacéutica. La norma actualiza y fija los criterios para la inclusión, modificación y exclusión de productos sanitarios en la prestación farmacéutica.

El decreto establece que solo se financiarán productos fabricados en serie con sello de la Unión Europea, que no puedan ser objeto de publicidad y que requieran receta médica. Para que el Sistema Nacional de Salud lo cubra deberá ser evaluado primero por la administración.

Según el Ministerio, la norma “desbloquea una situación existente y largamente desatendida, permitiendo la incorporación de nuevos ofertantes y productos sanitarios a la prestación farmacéutica”. Además, se obligará a las empresas a garantizar el suministro de estos productos.