La jueza de la dana investiga la renuncia de Mazón a la escolta al llegar a su cita en El Ventorro con Maribel Vilaplana
La jueza de la dana investiga la renuncia de Carlos Mazón a su escolta el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos. Una providencia de la magistrada requiere al primer policía que declaró este pasado lunes si aporta “voluntariamente” la factura de su teléfono móvil en la que conste la llamada que el testigo “efectuó a su subinspector, sobre las 14:30 h, aproximadamente”, poco después de que Mazón prescindiera de los servicios de los escoltas.
La instructora pretende que la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) haga “constar documentalmente”, mediante la oportuna diligencia de cotejo, la hora a la que el testigo llamó a su superior para anunciarle que el entonces jefe del Consell renunciaba a la escolta.
El policía confirmó que Mazón le dijo, antes de llegar a pie a la calle céntrica de Bonaire de València, donde está situado el restaurante El Ventorro, que regresaran al Palau. El president mantuvo en un reservado del céntrico restaurante un ágape con la comunicadora Maribel Vilaplana, mientras que la situación empeoraba sobre el terreno a consecuencia de la dana y su propio Ejecutivo activaba la Unidad Militar de Emergencias (UME) y convocaba la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).
Las testificales de los tres escoltas cuestionaron al unísono las múltiples versiones que dio Mazón sobre sus pasos la tarde de la dana.
Las llamadas del director general de Emergencias
Por otro lado, la jueza también ha requerido al exdirector general de Emergencias, Alberto Martín Moratilla, por si aporta voluntariamente, en el plazo de cinco días, la factura de su teléfono móvil para cuadrar temporalmente varias llamadas; a Raúl Quílez, entonces gerente de la empresa pública SGISE y a otro destinatario para preguntar dónde se encontraban los bomberos forestales, y la siguiente comunicación con Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias, para transmitirle la información.
La jueza también pretende acreditar otras dos llamadas de Martín Moratilla con Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, y con la entonces consellera Salomé Pradas, sobr ela activación de la UME para Utiel.
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