No pueden vacacionar

Se han pasado mayo y junio tratando de explicar en la calle y en las mesas de trabajo, a costa de sus sueldos, que necesitan liberarse de rellenar papeles, interpretar instrucciones, justificar gastos, resolver incidencias y atender una burocracia que crece casi al mismo ritmo que disminuye el tiempo para ocuparse de profesores y alumnos. Y la respuesta ha sido darles nuevas competencias. Los directores de los centros educativos valencianos, que ya sabían que dirigir un colegio o un instituto era cada vez menos implantar un proyecto educativo, ahora han descubierto que tienen que saber de climatización. La Generalitat ha transferido 16 millones de euros a 1.616 centros públicos para combatir el calor, entre 5.000 y 25.000 euros para cada uno, y ha decidido que sean los propios equipos directivos quienes gestionen la compra y la instalación de los equipos o las actuaciones necesarias. Suena a broma de mal gusto, pero no lo es. Una vez más, se trata de derivar responsabilidades y buscar a alguien a quien culpar cuando en septiembre el alumnado vuelva a sudar hasta el desmayo. La conselleria argumenta que en cada centro conocen mejor que nadie sus necesidades. Les toman, y por añadidura a todos, por tontos. Saber en qué aula se asan los alumnos no convierte a un director en experto en instalaciones eléctricas, potencia contratada, aparatos de aire acondicionado, toldos, ventiladores de techo, presupuestos y contratación. La responsabilidad de convertir el centro en un conjunto de aulas habitables es de la administración y eludirla es una falta de respeto más a los que necesitan servicios públicos.

La Generalitat ha estado transfiriendo dinero y dando instrucciones con cuentagotas en fechas en las que buena parte de los colegios e institutos estaban cerrando el curso. Las actuaciones deben estar ejecutadas, con carácter general, antes de octubre; si requieren modificaciones eléctricas, podrán prolongarse hasta marzo. Alguien en la conselleria ha debido pensar que agosto es un mes magnífico para encontrar instaladores de aire acondicionado y septiembre, uno especialmente tranquilo para la dirección de un colegio como para estar gestionando instalaciones. Ya no basta con ser docente, pedagogo, administrador, mediador y conocedor de una normativa cambiante. Ahora hay que averiguar si la instalación eléctrica aguanta los aparatos. Podemos decidir si estamos ante la improvisación de quien no ha sabido resolver durante años un problema perfectamente previsible o ante la provocación de los responsables de una administración que conoce el malestar y, aun así, decide añadir otra carpeta encima de la mesa. La incompetencia suele explicar muchas cosas sin necesidad de buscar intenciones ocultas, pero hay más de un currículum de provocador en los promotores del proyecto.

La Inspección de Trabajo ya había requerido actuaciones urgentes a Educación después de las denuncias sobre las condiciones térmicas de muchos centros. Se habían registrado temperaturas insoportables en verano y en invierno. Los 16 millones para medidas urgentes y el plan EduClima de 140 millones hasta 2029 son bienvenidos, pero gobernar es algo más. Es la diferencia entre invertir y gestionar. Poner una cantidad en una cuenta es relativamente sencillo. Conseguir que un niño no dé clase a más de treinta grados requiere algo más. Y no hacerlo demuestra qué se quiere hacer con los servicios públicos. En tiempos de prioridades de eslogan, a un gobierno lo definen sus actos y sus leyes. Así, la “prioridad nacional” ya pasa el verano como parte de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana. La modificación pactada con Vox introduce entre sus objetivos procurar la asignación prioritaria de recursos públicos a quienes acrediten un “arraigo real, duradero y verificable” en la Comunitat Valenciana. Resulta difícil no volver a ver mala fe en introducir criterios excluyentes en una ley de servicios llamados inclusivos que, a día de hoy, sigue sin atender a tantos menores con resoluciones de desamparo, centros de protección con problemas de ratios, convenios pendientes con entidades, listas de espera para centros de día y residencias públicas o personas que aguardan el reconocimiento de la dependencia y sus prestaciones. El Consell ha encontrado tiempo político para decidir quién merece prioridad antes de garantizar que aquello a lo que se pretende dar acceso prioritario funcione como debería.

Más allá de coaliciones de poder, la reflexión que da la tranquilidad del verano (si no se tiene que dedicar agosto a buscar presupuestos para climatizar aulas) permite corroborar la manera de gestionar y la concepción de lo público que hay detrás de cada decisión. La agostidad da mucha perspectiva. Casi tanto como la distancia, cuando estos días crece otra imagen que a los valencianos nos resulta tan conocida. Madrid avanza con su Fórmula 1 y vuelve la fascinación por los grandes acontecimientos, las previsiones de impacto, las fotografías y esa particular aritmética política en la que todo genera millones antes de celebrarse y nadie termina de encontrarlos cuando toca hacer las cuentas. En València tuvimos un circuito urbano entre 2008 y 2012 con promesa de coste cero de dinero público. Pero, en realidad, aún quedan facturas por pagar de los 300 millones invertidos en trazado e infraestructuras, canon, derechos televisivos y la deuda de la empresa que se constituyó para organizarla. Mientras restan más de 40 millones de esos tiempos por liquidar, en aquellos terrenos de la opulencia malviven un millar de personas a la espera de que otra operación urbanística los desaloje. Años después, el circuito gratuito es ruinoso y excluyente para la mayoría, pero un buen negocio para unos pocos, que en los próximos años cerrarán el ciclo con el nuevo plan. El modelo ha debido ser tan rentable que se exporta a través de aquel eje de la prosperidad que vendió en su día el gobierno valenciano. Los que son incapaces de hacer compras conjuntas e instalaciones organizadas en centros educativos (sin hacer de los directores jefes de obra) se nos presentan como enormemente diligentes para organizar pruebas de Fórmula 1.

Calor y bochorno. Pero no está la situación para vacacionar. No lo estaba para dejar hasta julio y agosto un problema tan conocido como el calor en las aulas. No lo está para entretenerse levantando fronteras administrativas dentro de unos servicios sociales con demasiadas carencias. Y tampoco para olvidar con qué facilidad las grandes promesas políticas terminan convertidas en obligaciones que pagan los demás. Septiembre es algo más que el mes de la designación. No todo lo pueden hacer los socios racistas o los directores. Hay que gestionar. Para todos.