Al fútbol o al monte

Cuando anunciaron las primeras deducciones, casi todo el mundo aplaudió. Hace unos días, muchos incluyeron su gimnasio o dentista en la declaración de la renta. Y tan contentos con la cerveza que se pueden tomar con lo ahorrado. Ahora, con los nuevos presupuestos, hay más rebajas de impuestos. Y ya sin cebos de musculación o limpieza bucal. Directamente, a pagar menos los que más tienen. Eso sí, con mensaje y encargo para voceros de seguir estirando el chicle de la clase media. Al trabajador de a pie le han subido el sueldo hasta los 100.000 euros, aunque no lo va a notar en su nómina. Paradojas de las nuevas clases que han generado en el imaginario colectivo de mucha gente. De tanta, que hasta la izquierda (si se puede llamar así), cuando se acercan las campañas electorales, cae en la trampa y también promete bajadas de impuestos. Una vez más, entran en una competición que tienen perdida. El clásico error de competir en lo que no son ni buenos ni creíbles, en lugar de ser los mejores en lo contrario.

El trazo grueso y el discurso dominante llevan a mucha gente a apuntarse a un club en el que nunca le dejarán entrar. Les alimentan de una posición ilusoria que no pueden pagar, como el coche a plazos que financian y no necesitan, pero que agranda el pecho al pasearlo por la ciudad en obras. Se quieren reconocer frente a un espejo que distorsiona su imagen y la convierte en un meme, incluso, cuando llegan las tragedias y la realidad se inunda o se quema ante sus narices. La verdad es lo primero que se ahoga o se quema y lo último por lo que se lucha por rescatar. Eso ante la catástrofe porque, en el día a día, muchos no reconocen cuál es la razón para el profesor que no llega, la ayuda a la dependencia que se retrasa, el centro de salud cerrado este mes o el juzgado colapsado. La rebaja del IRPF aprobada por el PP beneficia a todos los contribuyentes, sí. Pero no por igual. Quien percibe las rentas más bajas apenas notará unas pocas decenas de euros al año. Los que superen los 100.000 euros de ingresos multiplicarán ese ahorro hasta acercarse a los 600 euros, una cantidad que aumentará todavía más con las modificaciones previstas para el próximo ejercicio. A ello se suma la ampliación del mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio hasta los dos millones de euros. No es un accidente. Es una opción política.

Estos días en los montes valencianos, como en los madrileños, se libra la gran batalla ideológica de estos tiempos. Sin unidad autonómica de emergencias y con presupuestos recién reducidos, ni los vecinos afectados apuntan a la declaración de la renta para explicar lo que ocurre. El fuego es cada vez más destructivo y corre a una velocidad similar a la de los bulos y los discursos demagógicos. Junto a la bajada de impuestos llega el negacionismo climático, que lleva a alguien a creerse con derecho para utilizar la maquinaria prohibida. Ya se han encargado de deslegitimar la norma y de demonizar a quien la aprobó. Y, desgraciadamente, no hay pacto posible que hacer para evitarlo. Intentarlo es lo que hay que hacer, la intención es buena, pero los hechos demuestran una deriva en el PP que hace imposible acordar, más allá de chalecos con rótulos y performance en las zonas rurales. Han comprado todos los postulados de la peor derecha y la sensatez del partido ha sido arrinconada.

Los servicios públicos, más allá de incendios o inundaciones, sostienen la vida cotidiana. Las catástrofes únicamente nos recuerdan lo que ocurre cuando descubrimos todo aquello que dábamos por hecho. Sería un error atribuir ese modelo económico exclusivamente a Vox. La formación de Santiago Abascal ha endurecido el discurso identitario del PP y ha reforzado determinadas decisiones fiscales. Pero el proyecto ya estaba ahí. El Partido Popular lleva décadas defendiendo que bajar impuestos constituye casi un fin en sí mismo. Vox no cambia esa filosofía; simplemente la empuja un poco más y la libera de cualquier complejo. Quizá por eso resulta tan paradójico que, apenas dos años después de la dana que sacudió la Comunitat Valenciana, los presupuestos reduzcan partidas destinadas a la prevención de incendios. El Consell ofrece explicaciones técnicas relacionadas con el final de inversiones extraordinarias derivadas de la reconstrucción. Es una explicación legítima. Pero la fotografía política sigue siendo incómoda: una administración que decide ingresar menos dinero mientras necesita responder a desafíos cada vez más complejos.

Los servicios públicos, más allá de incendios o inundaciones, sostienen la vida cotidiana

Y en ese marco, vuelve la tozuda realidad de cada presupuesto elaborado por las preeminentes mayorías autonómicas. Se renuncia a ingresos mientras se reclama mejor financiación. Y Pérez Llorca vuelve a permitir que la situación de la autonomía que preside se diluya entre todas las de su partido. Nadie puede decir que no ha tenido tiempo de estudiar la propuesta del gobierno central y menos la conselleria de Hacienda valenciana. Nada debería ser más importante para el conseller Rovira que mirar hasta el último concepto y decimal de lo que propone Arcadi España. Ya debería tener una detallada contrapropuesta para mejorar el dinero que debe llegar a la Comunitat Valenciana y para exigir una mayor quita a la deuda. Con eso se apagarían fuegos y se evitarían otros. Pero, claro, ya no hay prisa. Se acabó cuando el ejecutivo de Sánchez presentó su modelo. Ahora, es más importante jugar a las candidaturas, las propias y las ajenas. Y sí, es loable la intención de España, pero no hay tiempo que perder. Y todos sabemos que el PP no va a acordar la financiación autonómica. El Gobierno ha aplazado el Consejo de Política Fiscal para intentar alcanzar un acuerdo que no llegará tampoco en septiembre. La financiación autonómica es una prolongación de la batalla política estatal. Y hay quien se lo puede permitir porque le sirve la que hay, pero los valencianos, no. Y ser presidente de la Generalitat exige lealtad a los intereses de sus ciudadanos por encima de las siglas y las prebendas del cargo. Una vez más, los comportamientos son equiparables. A nadie habría extrañado ver a Carlos Mazón en una final con entradas de regalo, como no sorprendió su rápida rendición ante la ultraderecha para gobernar o tener presupuestos. Pérez Llorca prometía otra forma de gobernar. Más diálogo, más acuerdos, más centralidad. Sin embargo, conforme se acumulan las decisiones, empieza a resultar evidente que el cambio era solo de cara. La dirección sigue siendo la misma o peor. Porque, una vez cogido el testigo, no se da ni un paso atrás o hacia el centro. Solo se suben las desgravaciones y las cantidades en las que se incluye a los valencianos en la clase media, esa que cada vez tiene peores servicios públicos. Quizás la única diferencia es que, si vuelve a pasar, Llorca hará como Ayuso, y delegará en el gobierno central. Pero, visto lo visto, si no está en una comida, puede que esté en un partido al que le inviten gracias a ser el presidente de una comunidad de clase media sin dinero para subsistir, pero con ganas de ver finales de miles de euros.