La muerte sin resolver de la 'chamana de los empresarios' en Ibiza: “No sabemos dónde están los restos de mi hermana”
La familia de Florencia Bollini quiere que sus restos descansen en la bóveda familiar, en el cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires (Argentina). Desde que el 14 de octubre del año 2024 la empresaria argentina, de 44 años en ese momento, muriese en circunstancias no esclarecidas en una fiesta privada con 150 invitados en la villa Can Frit de Sant Mateu (Sant Antoni), sus familiares han peleado con la Justicia para poder trasladar sus cenizas. En el transcurso de este tiempo han vivido, además del sufrimiento causado por la pérdida, la renuncia por parte de un abogado y una procuradora, una reapertura de la causa y dos archivos de la misma.
Florencia fue bautizada como la ‘guía espiritual de los empresarios’ por la revista Forbes tras fundar Nanaheals, una plataforma que usa psicoactivos y moléculas químicas para buscar soluciones a problemas de salud mental y procesos personales. Tras su muerte, su cuerpo fue cremado sin notificación ni autorización formal de su familia directa. Estas circunstancias, denuncian sus familiares, les han impedido ejercer derechos como controlar la prueba, oponerse a la incineración, designar un perito de parte o solicitar una segunda autopsia.
“A mi hermana le robaron la Justicia y a mis padres, el derecho de velar y disponer los restos de su hija”, lamenta a este periódico Federico, el hermano de la fallecida, quien reclama, junto a sus padres, que se les entreguen las fotografías forenses en calidad original, así como el registro completo del levantamiento del cuerpo, las imágenes originales de la inspección ocular y toda la documentación técnica vinculada a la actuación médica, policial y judicial.
A mi hermana le robaron la Justicia y a mis padres, el derecho de velar y disponer los restos de su hija
La argentina, conocida como 'estratega psicoespiritual', era residente en Eivissa y había asistido, la noche de su fallecimiento, a una fiesta multitudinaria en una mansión ubicada en el camí de sa Forada. El evento fue organizado por el magnate sueco G.E, quien figura en la causa como investigado. Fue a las 2.17 horas de la madrugada —según el registro de defunción— cuando se produjo la muerte; media hora después de la llamada a los servicios de emergencia por parte de uno de los cinco o seis asistentes que quedaban en la celebración, de los cuales dos son ahora testigos en el procedimiento.
La pista del anillo inteligente
El hermano sostiene, no obstante, que el deceso sucedió varias horas antes —según marcaba un anillo inteligente Oura Ring que la empresaria llevaba en la muñeca— y que Florencia todavía tenía pulso cuando se realizó este aviso al 112. También afirma que el cuerpo de Bollini había sido “desnudado y movido” desde un área donde había una sauna exterior a una sala donde estaba tapado y rodeado de velas.
Estas cuestiones fueron las que motivaron a la jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa, Maria Paloma Poveda —que había sobreseído provisionalmente la causa en noviembre de 2024 a la espera de los resultados toxicológicos definitivos—, a reabrir el caso en septiembre de 2025 con el propósito de esclarecer las circunstancias en que se produjo el fallecimiento.
Entre otros aspectos, la magistrada solicitaba que se revisaran las siguientes pruebas: la llamada a emergencias, con la consecuente declaración de los facultativos del 061 que actuaron ante el aviso, el informe médico, la historia clínica y la identificación y la toma de declaración de dos de los testigos presentes para determinar si pudieron existir indicios de suministro de sustancias estupefacientes a la víctima, entre otros.
También acordaba que el médico forense encargado del levantamiento del cadáver y la autopsia aclare si, como manifiesta la acusación particular -que ejerce la familia-, la hora registrada de la muerte es “equivocada o falsa”. Por último, el auto oficia al Instituto Toxicológico de Barcelona a estudiar las muestras remitidas para la realización del informe definitivo de autopsia, del que se desconocen los resultados.
Una causa entre aperturas y archivos
Los hechos ocurrieron en otoño del 2024, pero un año y medio después, en mayo de 2026, Federico Bollini, desde Buenos Aires, continuaba impulsando acciones y presentando denuncias. El hermano de la fallecida había acusado a la Justicia de Eivissa de no haber investigado el caso y de haber contribuido a la destrucción del cuerpo y de los registros de la investigación. El pasado mes de julio, los familiares viajaron de urgencia a la isla ante la posibilidad de que la causa fuera sobreseída. Fue entonces, tras haber conseguido la reapertura el procedimiento y la investigación del dueño de la villa, cuando el abogado Vicente Monzo y la procuradora renunciaron al caso.
La defensa legal había planteado ante el Juzgado la posible existencia de tres delitos: homicidio, “imprudente, en el mejor de los casos” —señala el abogado a elDiario.es—; favorecimiento y facilitación del consumo de sustancias tóxicas, previsto en el artículo 368 del Código Penal; y la sustracción de las pertenencias de Flor. Entre ellas, un MacBook, un iPad y dos móviles que encontraron en Irlanda en la casa de un socio de la empresaria, según el testimonio de su hermano, que asegura haber accedido a la geolocalización e historial de los navegadores.
Al parecer, los responsables del hurto habrían borrado todos los datos de los dispositivos, así como todos los documentos de su empresa y cuentas bancarias, continúa el familiar. Ante el sobreseimiento de la causa, la familia expresó su disconformidad con la resolución y fue entonces cuando triunfaron los argumentos de Monzo, quien finalmente cesó su actividad como defensa legal de la acusación. Ahora es el letrado Francisco Perona quien se encarga de la misma. Perona ha solicitado que el Juzgado complete el auto de archivo con una respuesta expresa a la petición de preservación del material realizada por Bollini.
En las diligencias —tras la reapertura del caso- se pide volver a investigar la fiesta de cierre de temporada celebrada en la villa donde se produjo el fallecimiento de Florencia, que se inscribió en el registro civil de Sant Antoni cuatro días después de los hechos por orden del juzgado. También se solicita el sometimiento a interrogación de los cinco o seis testigos presentes en el momento de los hechos.
Sentimiento de “desprotección total”
La familia, aún en Eivissa por estos trámites en los juzgados, expresa, en declaraciones a este medio, un sentimiento de “desprotección total” y cuestiona el tratamiento otorgado al caso. “No hubo notificación consular, se realizó una autopsia sesgada, no existen registros fotográficos sin manipular y no hay detalles sobre las lesiones. Y para terminar, se hizo una cremación exprés sin la contratación de los servicios funerarios por parte de la familia”, sostiene el hermano. Lo que poseen son varias fotografías proporcionadas por la Guardia Civil (según Bollini) que muestran hematomas y otras heridas en el cuerpo de la fallecida.
No hubo notificación consular, se realizó una autopsia sesgada, no existen registros fotográficos sin manipular y no hay detalles sobre las lesiones. Y, para terminar, se hizo una cremación exprés sin la contratación de los servicios funerarios por parte de la familia
A estas reclamaciones se suma la falta de respuesta a las peticiones de información hechas a las representaciones consulares en las islas de Italia —la fallecida tenía pasaporte italiano— y Argentina.
El Consulado argentino en Palma se dirigió por primera vez al Juzgado de Eivissa encargado del caso en septiembre de 2025, según el escrito firmado por el cónsul al que ha tenido acceso este diario. En él se solicita información sobre la fecha de notificación del fallecimiento a la familia y/o al consulado, el pedido y autorización de la autopsia y cremación de la empresaria y la autorización de disposición del cuerpo por terceras personas ajenas a la familia.
El pasado 2 de junio, el órgano consular se volvía a poner en contacto con el Juzgado vía correo electrónico: “Se remite la presente Nota, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de Relaciones Consulares de 1963 [...], solicitando tener a bien remitir a este consulado toda la información acerca del estado de la causa de referencia por pedido de su familia”.
Un mes después, el 3 de julio —antes del primer sobreseimiento provisional al considerar el juez que no había indicios suficientes de delito— hay una tercera comunicación por parte del cónsul reiterando su petición. elDiario.es se ha puesto en contacto por correo con el Juzgado competente en relación a estas cuestiones sin haber obtenido respuesta en el momento en que se publica esta información.
La falta de notificación incumpliría, según la familia, el artículo 5 y el artículo 37 del Convenio de Viena, que establecen que las autoridades competentes del Estado receptor deben informar sin demora al consulado correspondiente cuando fallece un ciudadano extranjero, siempre que dispongan de la información pertinente. En este caso, la Policía Judicial de la Guardia Civil elaboró las diligencias que posteriormente puso a disposición del Juzgado de Instrucción número 2.
Muerte “provisionalmente” violenta
El informe forense inicial, al que ha tenido acceso este periódico, calificó la muerte como “violenta”, aunque dejó pendiente de determinar su etiología médico-legal. Como causa inmediata señaló un shock cardiogénico y como causa fundamental una muerte súbita cardíaca “en posible relación con intoxicación por sustancias estupefacientes”. La calificación de “muerte violenta” no implicaba por sí misma que se tratara de un homicidio: dejaba abierta la posibilidad de un fallecimiento accidental, algo que acabaría sosteniendo el informe forense definitivo.
El informe forense inicial calificó la muerte como "violenta", aunque dejó pendiente de determinar su etiología médico-legal. Como causa inmediata señaló un shock cardiogénico y como causa fundamental una muerte súbita cardíaca "en posible relación con intoxicación por sustancias estupefacientes"
Como causa inmediata señaló un shock cardiogénico y como causa fundamental una muerte súbita cardíaca “en posible relación con intoxicación por sustancias estupefacientes”. Esta calificación no implicaba que se tratara de un homicidio: en ese momento, el informe mantenía abierta la posibilidad de un fallecimiento accidental. El mismo documento señalaba que, una vez realizado el estudio necrópsico, “no existen inconvenientes médico-forenses” para la incineración del cuerpo, siempre que se cumplieran las “normas legales pertinentes”.
La compañera de piso y amiga de la empresaria fue quien autorizó a la funeraria a solicitar el traslado del cuerpo y proceder a su incineración, según sostiene la familia. Posteriormente, el juzgado autorizó estas actuaciones, como recoge el auto. La familia cuestiona que la allegada tuviera facultades para decidir sobre el cuerpo de Florencia Bollini sin su consentimiento, aunque se desconoce si disponía de algún poder notarial que le otorgara esa potestad.
La investigación forense posterior terminó apuntando a un fallecimiento accidental, relacionado con la combinación de varias sustancias psicoactivas, la exposición prolongada a altas temperaturas en la sauna y una patología cardíaca previa. El mecanismo inmediato de la muerte volvió a situarse en un shock cardiogénico.
La investigación forense posterior terminó apuntando a un fallecimiento accidental, relacionado con la combinación de varias sustancias psicoactivas, la exposición prolongada a altas temperaturas en la sauna y una patología cardíaca previa. El mecanismo inmediato de la muerte volvió a situarse en un shock cardiogénico
La toxina del sapo bufo
El mismo día del fallecimiento se envió un formulario de remisión de muestras al Instituto Nacional de Toxicología para que se llevara a cabo un análisis toxicológico ante la sospecha de una reacción adversa a drogas de abuso. En el apartado donde se resume el historial clínico se describe que uno de los conocidos de la fallecida aseguró que en México le habían diagnosticado una patología cardiaca sin especificar cuál. También se asegura que la empresaria se definía a sí misma como curandera, con el uso de sustancias y medicamentos psicoactivos entre los que se encontraba el sapo bufo.
Se trata de una sustancia psicoactiva asociada a la secreción del sapo del desierto de Sonora (Incilius alvarius), que contiene un potente componente psicodélico. Su consumo puede provocar una experiencia alucinógena intensa, con alteraciones profundas de la percepción, la conciencia y la sensación de identidad, además de posibles efectos físicos como aumento de la frecuencia cardiaca o presión arterial elevada, entre otros.
La fallecida había consumido alcohol y drogas, además de medicamentos y “otros”, señala el informe, la noche del suceso. Entre sus pertenencias se encontraron además varios tipos de sustancias estupefacientes, entre ellas, dos cajas de ketamina producida en Florida (Estados Unidos) y un bote de pastillas de contenido desconocido. En los indicios de criminalidad, el responsable del departamento forense específica: “Se sospecha la participación en la muerte de la misma de la Bufotenina —toxina del sapo bufo— la cual, tal y como ofertaba en su página web, era su sustancia favorita y principal a la hora de realizar sus rituales”.
Fuentes cercanas a la Subdirección de Eivissa han señalado a elDiario.es, y a raíz de las acusaciones de los familiares, que el Instituto de Medicina Legal (IML) siempre mantiene una trazabilidad, también mediante registros fotográficos. Asimismo, señala que sus profesionales han atendido a los familiares tantas veces como estos lo han solicitado hasta que se produjeron faltas de respeto a los funcionarios.
Por su parte, Bollini presentó una denuncia contra el Médico Forense Titular del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Balears ante el colegio profesional por su práctica deontológica por los resultados y el tratamiento de la autopsia. “Nunca tuvimos la custodia del cuerpo y a día de hoy no sabemos dónde están los restos”, lamentan los familiares.
0