Descontar bajas y permisos: la fórmula de Xunta y Deputación de Ourense para no pagar las horas extras a los bomberos

La práctica totalidad de los 72 bomberos del Consorcio Provincial contra Incendios de Ourense han presentado demandas individuales contra la decisión del organismo –conformado por la Deputación y la Xunta– de restarles del cómputo de horas extraordinarias los permisos por hospitalización, asuntos propios, bajas e incluso horas sindicales del año 2025, el ejercicio en el que Galicia sufrió la peor ola de incendios de su historia, con Ourense como epicentro. El Consorcio trata así de ahorrarse en todos los casos que pueda el abono de las 144 horas anuales de trabajo que no redujo tras la entrada en vigor del nuevo convenio colectivo.

Los bomberos de los cuatro parques comarcales de Ourense –A Rúa, O Carballiño, Verín y Xinzo– iniciaron 2025 con 1.776 horas en su cuadrante anual o, lo que es lo mismo, 73 turnos de 24 horas y otras 24 horas de formación. El 24 de marzo de ese año, después de una huelga que afectó a los consorcios de las cuatro provincias gallegas, el boletín oficial de la provincia publicó el primer convenio provincial que, entre otras mejoras, incluía la reducción de la jornada anual de 73 a 67 turnos –1.608 horas más 34 de formación–, una medida que entraba en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

Sin embargo, ese recorte de horas no se aplicó y los cuadrantes permanecieron sin cambios. Desde la CIG recuerdan que el Consorcio ni siquiera aceptó entonces la propuesta de los sindicatos para modificar sólo los meses posteriores al acuerdo ni tampoco que se definiese cuáles de esos servicios se considerarían horas extras. Finalizado el año –durante el que se quemaron 90.000 hectáreas en Ourense, el 80% de todo lo que ardió en Galicia–, esos seis turnos de diferencia seguían sin pagarse.

La “sorpresa” llegó meses después, cuando, a 30 de junio de 2026, el Consorcio emitió una resolución en la que aceptaba abonar el exceso de jornada pero con rebajas: “Sobre el número total de las guardias recogidas en los cuadrantes, deberán descontarse todas aquellas situaciones que supusieron, a cada trabajador, no superar las 67 guardias previstas en el Convenio, ya que fueron retribuidas en sus nóminas, tales como situaciones de IT (bajas), reducciones voluntarias de jornadas, permisos retribuidos recogidos en el Convenio, licencias, así como todas aquellas otras circunstancias que ya fueron pagadas en sus nóminas con anterioridad”. Ese recorte afecta también, según denuncian los afectados, a las horas sindicales, calculadas en función de la jornada de 73 turnos y no de la 67.

En el caso de las bajas, la exclusión “expresa e indudable de la compensación por el exceso de guardias realizadas”, supone –para el sindicato CUT– la “equiparación” a las ausencias injustificadas. Una postura que recuerda al discurso de la Xunta en el que se habla en los mismos términos del absentismo y de las incapacidades temporales. La central considera esta postura una “discriminación por razón de salud” y recuerda que la ley “sanciona el trato desigual en las condiciones de trabajo, entre las que se encuentra el derecho a la igualdad retributiva”. Por eso, en la demanda de su representado, además del pago proporcional de las horas extra, incluye la solicitud de una indemnización por daños morales al trabajador.

No es el único sindicato incapaz de entender la postura del organismo. “No, no lo comprendemos”, asegura Ismael Vázquez, representante sindical de la CIG en el parque de Verín. “Intentamos dialogar y explicárselo de todas las formas posibles, modificar los cuadrantes...”. Pero, ante la falta de respuesta, finalmente optaron por acudir a los tribunales. “No queremos vivir en un conflicto permanente; queremos trabajar, pero nos están quitando derechos”. El Consorcio no ha respondido a las preguntas de elDiario.es.

La conflictividad a la que se refiere Vázquez es recurrente en Ourense, donde ya el pasado abril retomaron los paros y se negaron a hacer horas extras para denunciar la lentitud con la que la Deputación presidida por el popular Luis Menor, en contraposición a otros entes provinciales, aplicaba los acuerdos del convenio. El principal, la creación de 17 nuevas plazas de bombero conductor, el equivalente a la plantilla de cualquiera de los cuatro parques. La fase de oposición arrancó este verano.