Las desclasificaciones a la carta del Gobierno: Ceuta y el 23-F sí, pero no el espionaje al independentismo

La desclasificación de documentos que el Gobierno ha impulsado tras la crisis humanitaria en Ceuta ha reabierto un viejo debate: la discrecionalidad de la que dispone el Ejecutivo para retirar la reserva a los secretos oficiales debido a la falta de una ley que sustituya a la norma franquista que todavía está en vigor en España.

En lo que va de legislatura, el Ejecutivo ha realizado dos grandes desclasificaciones por iniciativa propia: la de Ceuta y la de los papeles del 23-F en el 55º aniversario del golpe de Estado.

A regañadientes, y forzado por Junts, el Gobierno también publicó documentos secretos sobre Abdelbaki Es Satty, imán de Ripoll y cerebro de los atentados de Barcelona de 2017. El movimiento alimentó la teoría de la conspiración sobre los ataques que lanza parte del partido de Carles Puigdemont.

Por el contrario, y pese a la expresa petición de varios jueces, el Ejecutivo ha mantenido el cerrojo a buena parte de los papeles del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del espionaje a los independentistas, y tan solo ha desclasificado los autos (con tachones que impiden su consulta completa) del Tribunal Supremo que lo autorizaron.

El historiador Javier Buces, responsable del área de Memoria Histórica del departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, explica que, al estar en vigor la ley franquista, las desclasificaciones de secretos oficiales son “puntuales por interés o por una demanda social”.

Buces se ha encontrado con la barrera del secreto en algunas de sus investigaciones de los crímenes de la extrema derecha (algunos amparados por los servicios secretos) durante la transición. El experto tiene claro el déficit que comporta la actual legislación: “Es un impedimento total para conocer la historia reciente y un agravio comparativo en el acceso a la verdad para las víctimas de la violencia del Estado”.

La desclasificación del 23-F, ahonda el historiador, fue “un parche” al manto de secreto que todavía cubre los años de la transición y el inicio de la democracia. El pleno acceso a los documentos del CESID (el antiguo CNI) terminaría por desmontar el mito de la transición pacífica española, agrega Buces. “Es imposible avanzar en materia de derechos humanos y memoria histórica, como nos dice la ley de memoria democrática, y mantener la ley franquista de secretos oficiales”, asevera este experto.

Los intentos para aprobar una nueva norma no han fructificado pese a disponer de una mayoría del Congreso a priori favorable a aprobar una nueva normativa. En la Cámara hay dos iniciativas que permanecen bloqueadas: un proyecto de ley del Gobierno y una iniciativa del PNV, que lleva cuatro legislaturas proponiendo la reforma.

La ley franquista en vigor dispone que todo es secreto por defecto y para siempre, a menos que el Gobierno diga lo contrario por iniciativa propia o a petición de un juez. Por el contrario, las leyes de los países europeos evitan que la desclasificación sea un acto discrecional del Ejecutivo y establecen un periodo de tiempo (20 años en Reino Unido, 30 años en Alemania o 50 en Francia, aunque con excepciones si se trata de peligros para la seguridad vigentes) para revelar los documentos.

En el caso de la desclasificación de Ceuta, el Ejecutivo aduce razones de transparencia para revelar los documentos de los servicios de información de los cuerpos policiales y mensajes de miembros del CNI sobre la llegada de migrantes.

La retirada de la reserva busca que la ciudadanía “pueda conocer y examinar directamente la información de la que dispusieron las instituciones” sobre la crisis en la ciudad autónoma, según una nota del Gobierno. “El objetivo es ofrecer una secuencia verificable de qué información existía en cada momento”, agrega el Ejecutivo.

La argumentación del Gobierno para publicar los documentos del 23-F consistió en atender la “demanda reiterada”, en palabras del acuerdo de desclasificación del Consejo de Ministros, de historiadores, periodistas y grupos parlamentarios.

El Gobierno retiró el secreto a los papeles del golpe tras concluir que su difusión no suponía un peligro para “la seguridad y defensa del Estado”. “Los años pasados desde el intento de golpe de Estado [...] permiten que la información referente a estos hechos se desclasifique sin generar ningún riesgo real y presente”, señaló el Ejecutivo.

En cambio, las razones de seguridad y de protección al CNI se han impuesto cuando los jueces han pedido al Gobierno que desclasifique documentos sobre el espionaje del centro a los independentistas catalanes.

En distintas solicitudes, los jueces han querido saber si el CNI dispone de licencia de uso del programa espía Pegasus, si fue el centro u otro organismo el que lo compró a la empresa israelí NSO Group, su coste y qué “concretas personas” del organismo y de la firma participaron en la compraventa. También han solicitado al centro que aportara los documentos relativos al encargo, compra, instalación, pago, formación y soporte del uso de Pegasus.

Sin embargo, el Gobierno, en sendas respuestas a los instructores a lo largo de los últimos dos años, ha rechazado proporcionar toda esta información ya que, según argumenta el Ejecutivo, “supondría generar un riesgo y amenaza grave, cierta y actual para la vida e integridad de las fuentes y colaboradores del CNI”.

En una de sus últimas contestaciones, en junio de este año, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, denegó aportar al juez los datos concretos del espionaje a exdiputados de la CUP porque “pondría en riesgo y podría dar lugar a graves perjuicios para la Seguridad Nacional (la de todos los españoles) y podría comprometer seriamente la Defensa Nacional”.