Los secretos oficiales más allá del 23F: sin acuerdo parlamentario para cambiar la ley franquista

La desclasificación de documentos hasta ahora ocultos del intento de golpe de estado del 23F vuelve a reabrir el largo debate sobre la legislación española de los secretos oficiales. La ley vigente, promulgada por el dictador Franco en 1968, aún mantiene bajo llave ingente material clasificado de episodios fundamentales de nuestra historia reciente y no tan reciente, principalmente del franquismo, la Transición y el principio de la democracia. Y la razón es sencilla: lo que dice esa ley franquista es que todo es secreto por defecto y para siempre, a menos que un juez o el Gobierno digan lo contrario.

Archivos sobre la guerra sucia de los GAL contra ETA, el asesinato de Carrero Blanco, operaciones económicas del régimen y la familia Franco, espionaje y torturas policiales o incluso detalles de los pactos con la Alemania nazi o la Italia de Mussolini siguen sin ver la luz décadas después. Y las perspectivas de una reforma legal que sitúe a España en los estándares democráticos de los países de su entorno respecto a sus secretos oficiales chocan de lleno con las dinámicas actuales del Congreso de los Diputados. 

Actualmente, en la Cámara Baja se encuentran registradas dos propuestas diferentes. Una de ellas es del PNV, el partido que reclama de manera más insistente y desde hace más tiempo una reforma que considera urgente. “Llevamos casi una década intentando que se reforme la ley. Hemos presentado hasta cinco iniciativas, una por legislatura desde el año 2016, y siempre se han buscado excusas”, explican desde el Grupo Vasco. 

En el Congreso ya se debatió una iniciativa de los nacionalistas vascos que empezó su tramitación parlamentaria hace justo dos años, en febrero de 2024. Entonces, el PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos, BNG y Junts permitieron que pasara el primer filtro de la Cámara. Y la propuesta, básicamente, se resumía en dos puntos: limitar la desclasificación de documentos a los 25 años con una prórroga máxima de diez y que la decisión recaiga exclusivamente en el poder político y no dependa de ninguna otra instancia. 

Pero desde entonces, el texto continúa bloqueado y no se ha producido ningún avance. En el PSOE alegan que se trata de una iniciativa que no cumple “con los mínimos requisitos exigibles” para una legislación de este tipo. Y por eso descartan que la vía emprendida por los nacionalistas vascos pueda fructificar. “Lo que plantean es una reforma mínima de la ley franquista y necesitamos una ley nueva acorde a las demandas europeas y de la OTAN. Por eso nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en una propuesta que hemos elaborado de la mano de nuestros socios comunitarios, de la propia OTAN y de los servicios de información nacionales y extranjeros”, explican desde las filas socialistas. 

En verano del año pasado el Consejo de Ministros remitió al Congreso la nueva Ley de Información Clasificada. En el texto se establece por primera vez la desclasificación automática de información confidencial cuando transcurran determinados plazos. Algo que, según el Ejecutivo, sitúa a España en línea con las legislaciones más avanzadas en esta materia. El proyecto de ley regula cuatro categorías de información clasificada: “Alto Secreto”, “Secreto”, “Confidencial” y “Restringido”. Las dos primeras serían competencia exclusiva del Consejo de Ministros y a cada una de ellas se le asigna gradualmente un límite temporal de clasificación teniendo en cuenta el riesgo de revelación no autorizada o uso indebido. El tiempo máximo de clasificación sería de 45 años, prorrogables de forma motivada otros 15 años.

El problema con esta ley es, sin embargo, el mismo que el de tantas otras. El portazo de Junts en noviembre, que rompió de facto la colaboración parlamentaria con el Gobierno, mantiene la legislatura en stand by desde el punto de vista de la producción legislativa. Los de Puigdemont anunciaron entonces enmiendas a la totalidad a todas las normativas propuestas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que estén en tramitación y su rechazo a las nuevas que lleguen al Congreso. Y eso incluye desde el proyecto de Presupuestos hasta normativas como la de los secretos oficiales. Así que desde el PSOE alargan los plazos y miran al PP. 

“El proyecto de ley continúa en período de enmiendas. Ahora mismo no serviría de nada intentar tramitarlo porque tenemos garantías de que Junts elevaría una enmienda a la totalidad y la tumbaría y que el PP tampoco está por la labor de colaborar. Pero deberían replanteárselo, porque esto no es un capricho del Gobierno. Nos están presionando hasta los servicios de información de países aliados, que nos demandan una regulación moderna sobre el intercambio de información confidencial. Esperemos que cuando pase este primer ciclo electoral haya alguna opción de que entren en razón”, plantean desde el grupo parlamentario socialista. 

Las críticas del PNV

Lo que dice el PNV en privado y comparten otros socios del Gobierno es que, en realidad, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene especial interés en desclasificar documentación que podría resultar comprometedora para diferentes niveles del estado. Y que se trata, por tanto, de una mera cuestión de voluntad política. “Con el 23F vemos cómo el Gobierno, cuando tiene interés, puede hacer lo que hasta ahora ha negado: desclasificar documentos por voluntad política en un Consejo de Ministros”. 

“Si el Gobierno español no tiene intención de negociar con los grupos parlamentarios para sacar adelante una reforma legislativa”, continúan esas mismas fuentes del Grupo Vasco, “le pedimos que con la misma voluntad política que ha mostrado con el 23F desclasifique muchos más documentos declarados secretos, como los del asesinato de Mikel Zabaltza, los sucesos del 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz, los sanfermines de 1978 o el atentado del bar Aldana, entre otros”, añaden los nacionalistas vascos, que invitan al PSOE a desbloquear su propuesta. “Junts prometió tumbar las leyes del Gobierno, pero no la de otros grupos parlamentarios. Que apoyen la nuestra y luego enmienden lo que quieran cambiar”. 

Lo que en España parece por ahora imposible lleva mucho tiempo, en realidad, funcionando con normalidad en otros países de nuestro entorno que también han tenido guerras, terrorismo y totalitarismo y que, sin embargo, han desclasificado por prescripción automática del secreto expedientes relativos al nazismo, fascismo, atentados, espionaje o acuerdos internacionales. 

Por decisión del Consejo de Ministros, el Gobierno desclasificó esta semana los documentos que hasta ahora permanecían secretos sobre el 23F, algo más de 150 archivos con informes, conversaciones telefónicas y detalles de la intentona golpista que acabó en fracaso. Aunque aportan detalles interesantes sobre las conversaciones de aquel día, cuyo contenido se desconocía hasta ahora en la mayoría de los casos, no termina de aclararse la hipotética participación del rey Juan Carlos I en el golpe, pese a lo mucho que se ha especulado en los últimos cuarenta años y pese a todas las menciones al jefe del estado en esos archivos.