Del rescate de Plus Ultra a los pagos a sus hijas: Zapatero tendrá que declarar ante el juez Calama por siete delitos

José Luis Rodríguez Zapatero se convertirá este miércoles en el primer expresidente del Gobierno en acudir a la Audiencia Nacional en calidad de investigado. Se le imputa como líder de una “estructura organizada y estable” dedicada al ejercicio ilícito de influencias. En la causa se investigan indicios de hasta siete delitos en dos piezas separadas: organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y contra la Hacienda Pública.

Zapatero comparecerá ante el juez instructor José Luis Calama —el mismo magistrado que investigó el apagón de 2025 o el espionaje a miembros del Gobierno con el software israelí Pegasus—, y, previsiblemente, responderá solo a su abogado, Víctor Moreno Catena, además de al propio instructor.

Tras la celebración del interrogatorio tendrá lugar una vistilla en la que las diferentes partes propondrán las medidas cautelares que consideran que deben imponerse al expresidente. Esas medidas pueden ir desde la prisión provisional —la más lesiva— hasta la retirada del pasaporte o la asistencia periódica ante el juzgado para firmar. 

De acuerdo con el auto de imputación del juez, estos son los principales hitos que el expresidente deberá abordar y justificar.

El rescate de Plus Ultra y la “vía Zapatero” 

El rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en la pandemia está en el origen de las pesquisas. En 2024, la Fiscalía Anticorrupción fue alertada por las autoridades de Francia y Suiza sobre la posibilidad de que el dinero de ese préstamo público hubiera sido utilizado para alimentar una trama de lavado de dinero de Venezuela. Las conversaciones incautadas en la investigación de ese posible desvío de fondos dan las primeras pistas sobre la posible “relación personal y económica” de Zapatero con alguno de los empresarios que estaban bajo el radar de la Justicia en esa causa. 

Sin embargo, los principales indicios contra el expresidente aparecieron en el teléfono de otro de los investigados en ese procedimiento, el venezolano Rodolfo Reyes, antiguo dueño de la aerolínea, a quien Estados Unidos denegó la entrada y clonó su teléfono en mayo de 2021, cuando en España ya investigaba un juzgado a directivos de la Sepi que aprobaron el rescate de Plus Ultra. Esos mensajes de Reyes llegaron a la Audiencia Nacional cinco años después, en marzo de 2026, cuando el juez reactivó una orden de busca y captura contra él. Eso hizo saltar la “notificación roja” de Interpol y el personal del Homeland Security en la embajada de EEUU en Madrid envió a la Policía una copia de lo encontrado en ese móvil. 

Esos mensajes incluyen “referencias constantes” de directivos de Plus Ultra a recurrir a lo que llamaban la “vía Zapatero” para sortear las dificultades en la tramitación de la ayuda. Les exponen mostrándose confiados en que el expresidente diera un “toque técnico desde arriba”, alardeando de tener al “pana Zapatero detrás” y admitiendo su disposición a pagar mordidas. Además, supieron con antelación que se les iba a conceder la ayuda, aunque era el trámite habitual según explicó la SEPI durante la investigación de 19 meses (2021-2022) que llevó a cabo un juzgado de Madrid. Cuando compareció en el Senado el pasado marzo, Zapatero admitió que sabía que su amigo Julio Martínez Martínez tenía “alguna relación” con Plus Ultra, aunque negó que él trabajara para la aerolínea o que hubiera influido en su rescate con dinero público.

Hasta la fecha, el sumario no ubica a Zapatero en ninguna cita de carácter “institucional” directamente vinculada a ese rescate. No obstante, tanto el juez como la Fiscalía otorgan especial relevancia a dos encuentros de alto nivel mantenidos por el expresidente de los que la investigación no recoge ningún detalle. Uno fue con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en septiembre de 2020, cuando Plus Ultra estaba tramitando su solicitud. En el entorno de Escrivá afirman que no hablaron del rescate y que la iniciativa partió del entonces ministro en el marco de una ronda de contactos con diferentes personalidades por la primera desescalada de la pandemia. La otra fue una comida de Zapatero con José Luis Ábalos que se produjo seis días después de que se aprobara la ayuda por el consejo de Ministros. 

El entramado societario y los pagos de su “lacayo”

Los documentos del sumario que sustentan la investigación a Zapatero no incluyen, hasta ahora, ninguna prueba directa de que la supuesta influencia ejercida por el presidente derivara en la decisión de la SEPI de otorgar el rescate. Sin embargo, suscitan dudas los más de 900.000 euros que Plus Ultra pagó de forma directa o indirecta en cinco años a Julio Martínez Martínez, el amigo del expresidente del Gobierno. Y el hecho de que, en ese mismo periodo, Análisis Relevante, la consultora de este empresario al que otros investigados también apodaban el “lacayo” de Zapatero o “el banco del jefe”, abonara 730.000 euros al expresidente y a sus dos hijas. 

La tesis del magistrado es que esos pagos eran facturas simuladas para canalizar los fondos que cobraba la trama a compañías con intereses en obtener ayudas públicas o favores, como Plus Ultra. El entorno de Zapatero ha venido defendiendo hasta el momento que hay un trabajo real detrás; tanto suyo, que realizaba informes de consultoría; como de sus hijas, que se encargaban de maquetar esos informes. Se espera que mantenga esta misma versión en su interrogatorio de este miércoles. 

Entre los delitos que el juez atribuye a Zapatero está también el blanqueo de capitales. El auto de imputación asume la tesis de la UDEF según la cual el presidente ideó un plan para sacar fondos obtenidos ilícitamente al paraíso fiscal de los Emiratos Árabes. El plan consistía en que su presunto socio Julio Martínez creara una empresa offshore en Dubái para cobrar una supuesta comisión de medio millón de euros por el citado rescate. 

Para acusar a Zapatero de liderar este plan, la Policía y el juez se basan en que su secretaria reservó mesa en un restaurante de Madrid para una comida entre un empresario con intereses en Dubái, Tomás Guerrero, y Julio Martínez Martínez. Y en que, al día siguiente, el primero de ellos le facilitó datos a Martínez para la creación de la offshore aludiendo a lo “conversado ayer”. Entre los informes de la Policía y el auto del juez no queda claro si a esa comida se sumó el expresidente y si ordenó poner en marcha esa empresa offshore en Dubái.

Los pagos a sus hijas: facturas genéricas

Una de las preguntas clave que, previsiblemente, saldrá en el interrogatorio será qué papel desempeñaban en la presunta trama sus hijas y la empresa administrada por ambas, Whathefav. La resolución que acordaba la imputación de Zapatero sostenía que esa sociedad recibía fondos de sociedades instrumentales de una estructura “orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras”. 

Y decía más, que Whathefav generó una “facturación ad hoc” que estaba destinada a dar “cobertura formal a movimientos financieros carentes de actividad económica real” con destino al entorno de Zapatero. Los investigadores de la UDEF consideran que la compañía emitía facturas con el concepto “servicios agencia” sin detallar cuál era su prestación real, lo que les lleva a pensar que no había una correspondencia entre “la actividad declarada y la real”.  

Explica la resolución que a raíz de correos intervenidos en el ordenador de Julio Martínez, se pudo conocer que la empresa de las hijas de Zapatero recibía los informes ya elaborados de Análisis Relevante para maquetarlos y enviarlos con posterioridad a los destinatarios de los que ya disponían. “Todo ello permite inferir que esta mercantil es utilizada para la articulación formal de una contraprestación económica”, indica el juez en una de sus resoluciones. 

Consta en el sumario de la causa que entre junio de 2020 y diciembre de 2025 Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez, habría abonado a Whathefav 239.755 euros. A esto, suma que la sociedad de las hijas de Zapatero figura como principal proveedor de Inteligencia Prospectiva -otra de las empresas investigadas en la trama-, que le abona 561.440 euros.

Las joyas, en la caja fuerte

Pero Zapatero no solo deberá responder a lo concerniente a la pieza principal de la causa. El viernes pasado, Calama decidió que también se debía abordar en ese mismo interrogatorio el origen de las joyas encontradas por la UDEF en la caja fuerte de su oficina. La joyería Ansorena tasó de manera preliminar las mismas en 1,3 millones de euros y el juez acordó en base a ese dato imputar al expresidente por los delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública.

La defensa de Zapatero trató de evitar a última hora que se hablara de ese asunto alegando que no ha tenido tiempo para instruirse sobre el peritaje, pero el magistrado rechazó la petición. Entiende que, en realidad, los hechos sobre los que debe responder no son nuevos porque ya constan en la causa principal. 

El juez sostiene que el expresidente tiene la posibilidad ahora de ofrecer explicaciones sobre el origen de esas joyas y de aportar la documentación que “disipe la indiciaria ilicitud de la posesión” de las mismas. Considera que, por el momento, se da una ausencia de documentación aduanera que impide descartar que las joyas hubieran sido introducidas en España al margen de los procedimientos de control aduanero.