El PP evita cerrar un pacto con el Gobierno contra los incendios pese a plantear medidas similares

La unidad que tanto el Gobierno como los Ejecutivos autonómicos afectados por el fuego intentaron trasladar el fin de semana pasado, coincidiendo con los momentos más graves del macroincendio de la Comunidad de Madrid, no se ha transformado en una unidad de acción futura respecto a cómo abordar los fuegos, cada vez más virulentos y duraderos.

Desde el Gobierno, tanto el presidente, Pedro Sánchez, como sus ministros piden a la oposición que suscriba un pacto de Estado contra la emergencia climática que ya propuso el Ejecutivo el año pasado. Y el PP, que coquetea en los últimos días con el negacionismo climático de la extrema derecha, rechaza ese acuerdo que tildan “de brocha gorda” y exige, por su parte, que se adopte el plan de 50 medidas planteadas por Alberto Núñez Feijóo también en 2025.

Ambos proyectos, tanto el del Gobierno como el del PP, tienen muchos puntos en común y plantean propuestas muy similares, en algunos casos casi idénticas, a pesar de que desde el Ejecutivo se enmarcan en la lucha contra los efectos del cambio climático y, desde las filas populares, únicamente en la lucha contra los incendios, sin tener en cuenta el contexto climático.

Ayudas psicosociales

Las dos partes piden, por ejemplo, más ayudas para los afectados por los fuegos. En el texto del Ejecutivo, que Sánchez presentó tras los graves incendios que asolaron Castilla y León en 2025, se recoge el “refuerzo, por parte de las administraciones territoriales, de la atención médica y el apoyo psicosocial tras desastres, incorporando protocolos de atención en emergencias climáticas, incluyendo salud mental, colectivos vulnerables y mujeres víctimas de violencia, e integrando la enfermería y los mediadores sociales en la respuesta”. Además, se compromete a “impulsar estrategias públicas de corresponsabilidad en situaciones de emergencia para el cuidado de menores y personas dependientes”.

El PP, en el documento de 50 medidas que Feijóo planteó también el año pasado, se recoge la “creación de oficinas móviles de atención a los perjudicados, que presten asistencia psicosocial, administrativa y jurídica, y teléfonos para consulta y tramitación de ayudas para particulares y empresas”.

Una mayor coordinación entre instituciones

Gobierno y PP también coinciden en pedir un refuerzo de la coordinación entre administraciones. Los populares plantean la “aprobación del Mecanismo Nacional de Respuesta de Protección Civil”. Además, “para garantizar rapidez, coordinación entre administraciones y seguridad para los ciudadanos”, el PP considera “imprescindible establecer criterios objetivos y transparentes para la movilización de todos los recursos de las administraciones públicas, bajo el liderazgo de profesionales con acreditada experiencia”.

“Ante la emergencia climática se requiere una interconexión efectiva”, señala la propuesta del Gobierno que, en línea de la del PP, plantea la “creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias para mejorar la coordinación y la toma de decisiones por las administraciones públicas”. El plan de Sánchez habla también de “un Plan Nacional de Interconexión e interoperabilidad de información de emergencias que permita la comunicación ágil entre administraciones y la eficacia en la gestión, coordinación y el seguimiento de emergencias”.

Cuidado de los montes

El propio PP que ahora rechaza hablar de cambio climático sí lo incluye entre sus 50 propuestas, de una manera similar a la que propone el Ejecutivo, también en la misma línea de la prevención en la que coinciden ambas partes. El documento de los populares habla de “incentivar las prácticas agrícolas y ganaderas que contribuyan al mantenimiento de los montes y la prevención de incendios”.

También mencionan el impulso a “la agricultura del carbono, promoviendo prácticas culturales de bajo impacto y el secuestro de carbono en las explotaciones agrarias, de forma que se potencie el papel de la actividad agraria en la descarbonización de la economía y que los agricultores puedan obtener ingresos por su contribución a la lucha contra el cambio climático”.

El Gobierno, por su parte, concreta este aspecto en la “gestión activa y anticipatoria de los montes frente al riesgo de incendios forestales, por ejemplo, mediante tratamientos silvícolas preventivos como quemas prescritas y el uso planificado del fuego de baja intensidad, mejora de la prevención, a través de la ganadería extensiva y el pastoreo, y la innovación en tecnologías y maquinaria para trabajos forestales”.

Ayudas fiscales

En materia de fiscalidad, el Ejecutivo plantea “incentivos por servicios ecosistémicos para el sector e incorporación en mayor medida de la gestión forestal sostenible en las ayudas agrarias europeas”.

Y el PP, que concreta algo más este aspecto, señala la necesidad de “facilitar fiscalmente el apoyo directo de empresas y particulares a proyectos de recuperación, ganando agilidad en la decisión y garantizando una deducción o rebaja en el impuesto correspondiente”.

Medidas en los domicilios

La prevención también se recoge en ambos documentos. Los populares proponen “apoyar la cooperación ciudadana en la prevención, y detección de incendios y localización y detención de responsables y concienciar del riesgo de incendios mediante la información a los ciudadanos de medidas a adoptar e implementar en sus domicilios”.

El Gobierno formula una tesis similar, planteando “procesos comunitarios participativos para reducir la vulnerabilidad” y apoyando “incorporar el conocimiento local y mejorar la resiliencia”. En su plan, Moncloa señaló también el “fomento de la autoprotección en hogares y entornos rurales, incluyendo planes vecinales y señalización de evacuación”.

Estas coincidencias no han evitado, sin embargo, que el PP descalifique la propuesta del Gobierno y que, a su vez, desde el Ejecutivo se tilde una y otra vez de insuficiente la que plantean los populares.