Un abogado del juicio contra el exfiscal general por revelación de secretos es investigado ahora por el mismo delito

El abogado Juan Antonio Frago Armada, que integró la acusación popular contra el ex fiscal general del Estado, es investigado en un juzgado de Madrid por revelación de secretos, el mismo delito que él atribuyó a Álvaro García Ortiz en el juicio celebrado en el Tribunal Supremo. Frago acompañó su participación en la vista de exabruptos en la red social X contra otras partes y testigos. Ahora, Frago debe responder por publicar en X un mensaje denigratorio con datos sobre la salud de la parte contraria en un procedimiento de la Audiencia Nacional.

Por estos hechos, Frago Armada es investigado en el Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid, que en un primer momento no apreció delito en la conducta el abogado. El denunciante recurrió y ahora la Sección número 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto que hay motivos para investigar a Juan Antonio Frago y ha obligado al magistrado instructor a reabrir la causa. Ese mismo mensaje ofensivo, junto a otros, ya le valieron a Frago una sanción de inhabilitación de 30 días por parte del Colegio de Abogados que 10 meses después aún no ha cumplido.

Un auto de la Sección 30, al que ha tenido acceso elDiario.es, considera que Frago habría faltado al “deber de sigilo y reserva al que están sometidos los abogados” respecto de los datos que conocen como parte personada en un caso, más aún cuando esa información afecta a la salud de terceros. “La ética profesional obliga al letrado a preservar la confidencialidad de la información obtenida en el ejercicio de su función y a abstenerse de utilizarla como instrumento de exposición pública o descrédito profesional”, escriben los magistrados.

Frago es el abogado de la mujer que denunció al agregado de Interior en la Embajada española en India por acoso y agresión sexual. El comisario fue suspendido cuando se conoció su imputación en una causa que sigue instruyéndose en la actualidad. En aquel momento, el comisario pidió la suspensión de su declaración como investigado aportando un informe sobre “un trastorno depresivo ansioso”.

El letrado Frago publicó en X: “Ver que un comisaurio [sic] pide la suspensión de una declaración de investigado por 'aparente depresión' es para que le entre la risa a uno. El que te tendría que defender con su vida que no se atreve a hablar ante un juez. Hora de pasar al patíbulo”. El tuit incluía la foto de una guillotina y fue borrado por Frago después de la denuncia ante el ICAM.

Los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid censuran que el juez no haya tomado declaración siquiera al denunciante antes de archivar las actuaciones. El instructor adoptó tal decisión al considerar que Frago solo aludió en X a “incidencias procesales” que no afectaban al contenido de la investigación judicial y que, por tanto, los hechos no tenían encaje en el delito de descubrimiento y revelación de secretos.

El auto de la Sección 30, del que ha sido ponente Pilar Llop, afirma que el sobreseimiento provisional acordado por el juez instructor “únicamente resulta procedente cuando de manera clara y terminante pueda afirmarse que los hechos denunciados carecen manifiestamente de relevancia penal o cuando resulte imposible obtener base indiciaria alguna sobre su comisión”.

Recuerda la Sala que el artículo 199.2 del Código Penal sanciona al profesional que, “con un incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue secretos de otra persona conocidos precisamente por razón de su actividad profesional”. “No cabe duda –añade– que tiene la condición de secreto el dato íntimo relativo a la salud de una persona y que no es públicamente conocido, pues por secreto ha de entenderse lo concerniente a la esfera de la intimidad, que es solo conocido por su titular o por quien él determine”.

“A efectos penológicos, el deber de sigilo y reserva al que están sometidos los abogados comprende los secretos, datos e informaciones conocidos en el ejercicio de la profesión tanto respecto de su propio cliente como respecto de terceros afectados por la actuación procesal”, añaden los magistrados de la Sección 30.

“Un mal ejercicio de la profesión”

El citado mensaje en Twitter y otros contra el comisario investigado ya le valió a Frago una sanción de inhabilitación de 30 días por parte del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). La sanción responde a “un mal ejercicio de la profesión”, o conducta “antideontológica”, en relación con los comentarios “insultantes” que Frago lanzó desde su cuenta de X, según informó en su momento elDiario.es.

Cuando elDiario.es recabó su versión, antes de publicar la sanción, el letrado aseguró que desconocía siquiera la denuncia en el ICAM. Sin embargo, había recurrido la misma para que se suspendiera la inhabilitación y poder participar en el juicio al fiscal general. Frago representó a APIF, la asociación de fiscales que pedía seis años de cárcel para García Ortiz, la pena más alta solicitada por las acusaciones. Frago sigue sin cumplir la sanción. El ICAM compartía estrados con él, ya que también actuaba de acusación popular en el procedimiento contra el ex fiscal general.

Mientras se celebraba el juicio, Frago recurrió en numerosas ocasiones a su cuenta de X. En ella publicó que los abogados del Estado llevaban “muy mal preparado el asunto” o que un periodista de elDiario.es merecía “el despido fulminante” por el contenido de su declaración. Sobre el testigo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, califico de “domadas” sus intervenciones en la vista y pronosticó que “se haría rico” si se decidiera a ejercer de abogado.

En su intervención final, Juan Antonio Frago llegó a afirmar que en la Fiscalía General del Estado “estaban preparando la jugada de la imputación si no detención del señor Alberto González Amador” cuando El Mundo publicó una información tergiversada sobre el acuerdo de conformidad que estaba negociando con el Ministerio Público. El abogado llegó a comparar el caso del fiscal general del Estado con el de José Bretón, condenado por asesinar a sus dos hijos, y comparó la filtración por la que finalmente fue condenado García Ortiz a una pena de suspensión con una agresión sexual múltiple.