Greenpeace pide que la Fiscalía investigue el “reiterado incumplimiento” de la sentencia que ordena revisar la licencia de El Algarrobico

La organización ecologista Greenpeace ha dado un paso más en su batalla judicial contra el hotel de El Algarrobico, solicitando a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que exija responsabilidades penales tras el último movimiento del Ayuntamiento de Carboneras, en Almería. En un escrito presentado este 17 de junio , la ONG ha reclamado que se traslade el caso a la Fiscalía por el “reiterado y palmario incumplimiento” de la sentencia que obliga a revisar y anular la licencia de obras del polémico edificio.

La denuncia de Greenpeace se produce después de que el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) haya decidido aplazar este miércoles la votación prevista para este mismo miércoles, en la cual debía declararse la anulación de la licencia municipal concedida en el año 2003 a la promotora Azata del Sol.

El argumento esgrimido por el pleno para posponer la decisión ha sido la “extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica” del expediente, así como la supuesta necesidad de recabar nuevos informes jurídicos para evaluar las posibles responsabilidades patrimoniales a las que podría enfrentarse el municipio.

Que el TSJA anule la licencia de obras

Ante esta dilatación, la representación legal de Greenpeace exige que, conforme al artículo 112 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se “deduzca testimonio” de particulares para depurar responsabilidades penales ante la Fiscalía. Asimismo, la organización ecologista solicita que, amparándose en el artículo 108.1.a de la misma normativa, sea la propia Sala del tribunal la que asuma y ejecute directamente el expediente de nulidad ante la inacción del consistorio.

Este aplazamiento supone un nuevo obstáculo en un proceso histórico que parecía encarar su recta final. El pasado 22 de mayo, el Consejo Consultivo de Andalucía había dictaminado que la licencia de construcción resulta “nula de pleno derecho” al invadir los cien metros de la servidumbre del dominio público marítimo-terrestre y por ubicarse en el suelo no urbanizable protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Cabe recordar que la anulación oficial de esta licencia por parte del Ayuntamiento es el requisito indispensable que espera la Junta de Andalucía para poder convocar una comisión mixta con el Estado. Esta comisión tiene como objetivo materializar el derribo del inmueble de 20 plantas y proceder a la recuperación integral del paraje natural.

De forma paralela, el Gobierno central, que acaba de personarse en el proceso para anular el permiso, mantiene un pulso por la vía de la expropiación ofreciendo 16.500 euros a la promotora por los terrenos, cifra que choca con los 44,5 millones de euros que exige Azata del Sol al otorgar valor a lo ya construido.