El alcalde de Estepona intenta esquivar el juicio por enchufar a una “amiga íntima” anulando la confesión de que no trabajó
José María García Urbano, alcalde de Estepona (PP), está a un paso del banquillo de los acusados por contratar para el Ayuntamiento a una “amiga íntima” que, según el testimonio de ella y otros indicios, nunca fue a trabajar. El regidor apura ahora sus últimas opciones para evitar que los indicios que ha reunido el juez de instrucción durante el último año y medio lleguen a juicio. Argumenta que ella no ratificó como investigada la confesión que hizo como testigo. Sin embargo, también ella ha presentado un escrito ratificando que nunca trabajó porque nunca recibió instrucciones.
La última oportunidad del regidor para esquivar el banquillo está en los magistrados de la Audiencia Provincial de Málaga, ante los que ha presentado un recurso contra la resolución del juez que cierra la instrucción y pasa el asunto a la fase de enjuiciamiento. El alcalde esteponero pretende que la Audiencia corrija al juez y archive el asunto. Es un intento a la desesperada: la Audiencia puede revocar el auto de transformación en procedimiento abreviado (a priori, una resolución eminentemente procesal) y zanjarlo todo, pero es muy inhabitual.
En este caso, el juez ha sido elocuente durante la fase de instrucción: en diciembre ya dictó un auto donde subrayaba que había “indicios suficientes” de delitos de malversación y prevaricación, porque el alcalde contrató para el Ayuntamiento a Cristina Pulido “a los solos efectos de que recibiera la nómina correspondiente, sin que tuviera que desempeñar actividad alguna”. La Fiscalía y dos acusaciones populares (Vox y PSOE) también han presentado sendos escritos de acusación, y piden para el alcalde cinco años y medio de prisión como autor de los delitos, y tres años y medio para Pulido como cooperadora necesaria del presunto delito.
Si el caso no se ha juzgado ya es porque en los últimos meses se ha reajustado para que siga por los trámites de un juicio ordinario, y no del tribunal del jurado, como inicialmente estaba previsto. El motivo es que Fiscalía introdujo a última hora en la acusación el delito de prevaricación, que no puede ser juzgado por un jurado popular.
De una confesión a investigada
Ahora, el recurso de apelación de García Urbano contra el auto del juez, al que este medio ha tenido acceso, impugna el propio origen del caso: la declaración ante el juez en otra causa en la que Cristina Pulido dijo, de manera aparentemente espontánea, que García Urbano la había contratado para el Ayuntamiento, pero que ella nunca había trabajado porque nunca le dieron tarea. Pulido era la pareja del funcionario de la policía local que había denunciado al regidor por acoso sexual, y dijo esto como testigo. Aquel caso inicial de naturaleza sexual se archivó, pero antes el juez abrió de oficio una nueva investigación por malversación a partir de la confesión de Pulido.
Un mes después, en enero de 2025, Pulido repitió lo que había contado pero ahora en la nueva causa por malversación, y otra vez como testigo. Y seis meses después, en junio de 2025, el juez la llamó nuevamente, pero esta vez ya como investigada: esa vez se acogió a su derecho a no declarar.
Los abogados de García Urbano solicitan que se declare nula la declaración de Pulido como testigo, porque desde el principio debió de citársela como investigada, informándole de su derecho a no declarar contra sí misma. Y alegan que, sin esta declaración inicial, el caso queda herido de muerte.
La situación guarda similitudes con la contratación irregular de Jessica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec (dependientes del Ministerio de Transportes). Rodríguez contó todos los detalles de su contratación al comparecer como testigo en el juicio contra el exministro en el Tribunal Supremo, el pasado mes de abril. Pero cuando fue llamada ya como imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación por los mismos hechos por la Audiencia Nacional, el pasado lunes, se acogió a su derecho a no declarar. El propio Ábalos ya cuestionó ante el Supremo la “autoinculpación” de Rodríguez.
Ella se reafirma: nunca trabajó
El alcalde sostiene que ella sí trabajó pasando revista al estado del mobiliario urbano o recabando valoraciones a través de las redes sociales, durante 48 días por los que percibió algo más de 5.200 euros, pero al ser cargo de confianza no tenía despacho, acceso a expedientes, redes corporativas, material municipal o control horario. En el relato del regidor, Pulido hacía toda su tarea desde casa o en la calle, sin necesitar pasar por el Ayuntamiento, darse a conocer a sus compañeros o escribir un solo papel, y el resultado lo transmitía sólo al alcalde siempre verbalmente, de ahí que no haya ni un solo documento o mensaje.
Pero la estrategia de la defensa de García Urbano se ha topado con un inconveniente de primeras. La propia Pulido ha presentado un escrito en el que también solicita que se tenga por nula su declaración como testigo, pero a la vez vuelve a insistir en que no trabajó nunca para el Ayuntamiento que le pagaba: “La realidad objetiva es que, pese a su voluntad de desempeñar el puesto a sus reiteradas peticiones de instrucciones, nunca recibió encargo ni función concreta alguna”.
Por otro lado, las acusaciones, la fiscal y el propio juez instructor ya han señalado que, además de su propia declaración, hay múltiples indicios que demuestran que ella nunca trabajó: declaraciones contradictorias entre el alcalde y el concejal responsable respecto a las tareas; el intercambio de cientos de mensajes sin que ninguno se refiera al trabajo; el hecho de que ella se sometiera y estuviera convaleciente de una intervención quirúrgica en esas fechas (sin tramitar baja); o que residiera en Córdoba.
Lo que no hay hasta ahora, por el contrario, es un solo documento, expediente, acceso a cuentas, mensaje, declaración de un compañero o rastro de su trabajo efectivo. El alcalde ha declarado que rendía cuentas verbalmente ante él, de modo que cabe concluir que el único sostén de la tesis de que sí trabajó es la palabra del regidor.
García Urbano ha consignado ante el juzgado la cantidad que el Ayuntamiento pagó en su día a Cristina Pulido, 5.276,92 euros.
Esta no es la única causa en la que el dirigente esteponero, referencia municipalista en el PP, está investigado. Tras recibir una denuncia de Fiscalía, otra jueza lo ha imputado por presunto tráfico de influencias en la adjudicación a una empresa recién creada por su nuera de un restaurante de lujo en condiciones muy favorables y tras un proceso dudoso en las tres últimas plantas del Mirador del Carmen, una fastuosa torre a pie de playa en la que el Ayuntamiento invirtió 16 millones de euros. En este sumario hay un informe de la UDEF que recoge la sospecha de que la adjudicataria en realidad “enmascara” el beneficiario final. La declaración del alcalde aquí se ha suspendido en varias ocasiones.
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