El dueño del Cobrador de El Frac, a juicio por construirse una villa de lujo en el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves
En plena Sierra de las Nieves, un singular macizo montañoso de caliza y peridotita en la provincia de Málaga donde crece el mayor pinsapar del mundo, alguien se construyó una vivienda de lujo entre 2013 y 2016. Transformó lo que había en una villa de lujo con su amplia vivienda principal, piscina, pista deportiva, casa de invitados, parking y sala de reuniones. Todo ello, en 114.000 metros cuadrados de suelo rústico especialmente protegido y enclavado en el Parque Natural de la Sierra de las Nieves, que, ya en 2021, se convirtió en el último Parque Nacional en España. Así lo cree la Fiscalía, que acusa al propietario y al constructor encargado de la obra de un delito contra la ordenación del territorio y pide para ellos penas de cárcel y que derriben lo que construyeron.
El propietario, Luis Navarro Riu, es el ideólogo y responsable de El Cobrador del Frac, la marca que durante décadas provocó sudores fríos a todos los deudores de España, y que se convirtió en un reconocible icono de la época disfrazando a sus trabajadores con inconfundible indumentaria y convirtiéndolos en sombra de morosos, a veces bordeando el acoso.
La acusación de Fiscalía contra Navarro, sostenida fundamentalmente en un informe del Seprona, es que a través de una empresa instrumental el dueño del Cobrador del Frac logró sucesivas licencias para hacer una “transformación sustancial en cuanto a ocupación y probablemente de uso” de la casa y sus edificaciones secundarias. Decía que eran obras necesarias para un vivero de palmeras y una cabaña bovina, pero en realidad nunca hubo ninguna explotación. Según la acusación, eran una coartada que coló ante un Ayuntamiento que en aquel momento hacía sistemáticamente la vista gorda, hasta el punto de que su alcalde pasó varios años en prisión por ello.
El método no es nuevo, pero aquí se usó para levantar un casoplón en terreno protegido. “El estado actual del conjunto atiende más a una residencia de lujo que a una vivienda vinculada a una explotación agrícola o ganadera”, concluye el Seprona en un informe de 2018.
Será un juzgado de lo penal de Málaga el que juzgue ahora a Navarro, después de que la sección de instrucción 3 del Tribunal de Instancia de Coín dictara a finales de junio el auto de apertura de juicio oral, dando por zanjada una investigación que comenzó en 2017.
Piscina, casa de invitados y pista deportiva
Según el fiscal, Navarro ordenó construir en distintos puntos de su parcela del paraje Hornillo, en el municipio de Tolox una vivienda de 230 metros cuadrados “rodeada de pavimento”, una piscina de 60 metros cuadrados, una cascada y una pista deportiva de 600; dos inmuebles de 120 metros cuadrados cada uno; y otras dos edificaciones de unos 50 metros cuadrados.
Se trata, subraya el escrito de acusación, de edificaciones en terreno “especialmente protegido” y “preservado por la Ordenación Territorial y Urbanística”, y que no se pueden legalizar ni aunque tuvieran un uso de interés público o social, que no es el caso. Por eso, pide que se condene a Navarro y al constructor a dos años de prisión y 8.100 euros de multa e inhabilitación para el oficio durante tres años. El fiscal también exige la demolición de la construcción a costa del propietario, y que reponga el lugar a como estaba antes.
Hay, además, una acusación popular que aumenta la petición de pena para Navarro a los tres años y seis meses de prisión. La ejerce un antiguo trabajador de Navarro, quien interpuso la denuncia que dio origen a la investigación del Seprona dirigida por la Fiscalía.
Navarro, que a través de su abogado ha declinado participar en esta información, ha defendido ante el juzgado que allí ya había una vivienda, y que para rehabilitarla obtuvo hasta 17 licencias del Ayuntamiento de Tolox con informes favorables de la Consejería de Medio Ambiente. En sus escritos alega que todo es una gigantesca manipulación teledirigida por su antiguo colaborador, a quien guiaría un ánimo de venganza. Entre ambos existió una estrecha relación de confianza durante más de quince años, pero desde que separaron sus caminos se han cruzado denuncias y acusaciones.
Licencias de obra menor para transformarlo todo
Hace 25 años, en El Hornillo sólo había una vivienda modesta de poco más de cien metros cuadrados de planta levantada a mediados del siglo pasado y unas naves agrícolas de unos 200 metros dedicadas a cochera, almacén de aperos y maquinaria, cobertizos y corrales. Todo lo necesario para una explotación.
Había tenido ese uso décadas atrás, pero con el paso de los años quedó abandonado. Navarro, que ya había comprado varias fincas rústicas con fines cinegéticos en la zona, vio en El Hornillo una oportunidad: se hizo con el terreno a través de su empresa Ideas y Marcas, S.L. en 2001, y en 2008 pidió licencia de obra mayor para mejorar la explotación que, decía, había en la finca. Comunicó a la administración que lo dedicaría a cultivar y comercializar palmeras de Washingtonia robusta y explotar una pequeña cabaña vacuna.
La ley permite sólo permite viviendas vinculadas a explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas en un terreno como ese, declarado rústico de especial protección por la ley anterior a la LISTA y con una protección específica por estar dentro del Parque Natural de la Sierra de las Nieves (declarado así en 1989).
Primero no coló: la Consejería de Medio Ambiente le respondió que lo que quería hacer “supera con mucho” lo que supuestamente se necesitaba. A la segunda tampoco, hasta el punto de que el informe de la Consejería advertía el ardid: las edificaciones que proyectaba Navarro se planteaban para “transformar” lo que había en un “conjunto residencial”.
Ante los dos portazos, Navarro decidió trocear su proyecto, según el relato de la acusación. Y a partir de 2011, fue logrando del Ayuntamiento las licencias de obra menor que le sirvieron para dar la vuelta a las edificaciones como un calcetín. Primero el tejado, luego unos pilares por supuestos motivos de seguridad, después un proyecto de reforma interior, más tarde una modificación para adosar otra edificación…
Navarro, supuestamente valiéndose de engaños, consiguió levantar una nueva vivienda que no tenía nada de lo que había antes ni servía de morada al titular de ninguna explotación o sus empleados. Se trataba de una “vivienda de lujo”, con su piscina, su pérgola, su barra de bar y su casa de invitados, tal y como reseñaron en su atestado los agentes del Seprona que fueron a inspeccionar el lugar, ya en 2018. En uno de sus informes, los agentes dejan constancia de que tras dos años de reformas, hay cambios en “prácticamente todo lo existente”, y que es difícil discernir qué está autorizado y qué no.
Ni vivero ni cabaña bovina
La Guardia Civil cree que el vivero y la cabaña vacuna siempre fueron un subterfugio: de allí nunca salieron palmeras ni se llevó vaca alguna al matadero. Sí hay 3.000 ejemplares de Washingtonia, que según el denunciante son para ornato de la finca y que Navarro dice que aún no ha podido vender; las cuatro cabezas de ganado eran para consumo propio; y la finca nunca constó en el registro de actividades agrícolas ni la empresa en el de productores. No hay facturas, albaranes, documentos o subvenciones que demuestren actividad económica, según el informe de la Delegación Territorial de Agricultura que esgrime el Seprona, que resalta que todas las licencias de obra que se concedieron se basaban en estas dos supuestas explotaciones que, en realidad, jamás existieron.
No consta intervención alguna del (en aquel tiempo) Parque Natural, hoy Parque Nacional, cuyo director alegó que sólo le informaron de obras menores, no de lo que de verdad se estaba haciendo. Tampoco intervino el Ayuntamiento. Por entonces era alcalde de Tolox el andalucista Juan Vera (2003-2014), quien fue acumulando condenas por hechos muy similares a lo que ahora se juzgarán, al menos nueve, hasta acabar ingresando en prisión en 2015. Vera no está acusado por este caso.
Según ha podido constatar documentalmente este medio, el Seprona presentó al menos dos denuncias en estos años: una en 2011 por las obras en la vivienda principal y otra en 2015 por las de la casa de invitados. La primera caducó en la Consejería de Medio Ambiente y de la segunda no consta que se le diera seguimiento tras la sanción de redimensionar la obra y desestimarse el recurso de alzada de Navarro. “No consta en el expediente resolución en algún sentido o el pago de sanción alguna por el denunciado”. Se perdieron en el limbo. Muchos años después, un juez deberá determinar si aquellas obras en plena Sierra de las Nieves son delito.
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