AMAMA se suma a la protesta contra el uso de reactivos caducados en un hospital de Málaga: “Por ahorrarse cuatro duros”
AMAMA, Marea Blanca de Málaga, Jubilados del SAS y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Rincón de la Victoria han dado este jueves su respaldo a las trabajadoras que han denunciado el uso irregular de reactivos caducados o en mal estado en el laboratorio del Hospital Regional de la Axarquía de Torre del Mar (Málaga). Las tres entidades han anunciado que el próximo 15 de octubre convocarán una concentración con la que esperan que la ciudadanía tome conciencia de lo que ha ocurrido.
“Lo que está sucediendo en este hospital es una prueba para la salud pública andaluza. Por desmantelar la sanidad pública y unos objetivos de productividad escandalosos se está poniendo en riesgo la salud de miles de personas”, ha denunciado Luis Rodrigo, parlamentario de Adelante Andalucía, que la semana que viene planteará una cuestión en Pleno al consejero de Sanidad, Antonio Sanz.
“Por dinero estamos echando a perder la salud de los ciudadanos. Está en juego la salud de todos”, ha advertido Ángela Claverol, presidenta de AMAMA, la asociación que destapó el escándalo de los fallos en el cribado del cáncer de mama, antes de pedir “decencia” a la Junta de Andalucía para “no poner reactivos caducados por ahorrarse cuatro duros”. “No hablamos de reactivos caducados: esto interfiere en nuestra salud”, ha explicado Claverol: “Si yo tengo tiroides, con un reactivo caducado puede salir bien o mal, y me van a subir la dosis o no, porque el médico va a entender lo que le diga el análisis”.
Antonio Herrero, de Jubilados del SAS, ha calificado lo ocurrido de “acciones de criminalidad contra la población y la salud pública”. “No es un caso aislado. Se usan de manera perversa los complementos de productividad”.
Investigación de Fiscalía
La Fiscalía está estudiando una denuncia interpuesta por el sindicato CSIF, mayoritario en el hospital, en la que se da cuenta del uso de reactivos caducados o con pérdida de estabilidad (abierto por más tiempo del indicado por el fabricante) en ese laboratorio. La denuncia contiene mensajes de texto (“si sale caducado, no lo tiréis. Yo los aprovecharé en rutina”), fotografías de botes en la nevera del laboratorio con la inscripción que recoge su caducidad y cuatro testimonios de trabajadores o extrabajadores que apuntalan las sospechas de esta práctica, que estaría auspiciada por las dos responsables del laboratorio, según la denuncia.
El uso anómalo de reactivos que imprescindibles para determinar el nivel en sangre de elementos, enzimas o medicamentos cuestiona la fiabilidad de las pruebas analíticas que, a su vez, son claves en el diagnóstico y tratamiento.
Este medio desveló que la unidad fijó como objetivo no tirar los reactivos con pérdida de estabilidad para no superar el presupuesto, y que consiguió reducir su consumo un 30% de un año a otro. La consecución de los objetivos facilita el cobro de los pluses de productividad, que pueden rondar los 15.000 euros para un jefe de servicio o un coordinador.
Denuncias ante Inspección de Trabajo
La llamada a la acción de estas tres entidades reconocibles y con peso en el sistema sanitario andaluz sirve también para arropar a las trabajadoras sospechosas de haber revelado esta práctica y descargarlas de la presión que están sufriendo. A través de CSIF presentaron una denuncia ante la Inspección de Trabajo, que esta semana ha visitado el hospital. Simultáneamente, se está pasando para firma dos documentos, según explican fuentes internas: uno que celebra el buen ambiente en el laboratorio, y otro que reafirma las explicaciones ofrecidas en su día por dos de las trabajadoras del laboratorio, que se grabaron un vídeo junto a gran parte de sus compañeros negando el uso de reactivos caducados.
Mientras, dos trabajadoras señaladas por desvelar esa supuesta práctica denuncian un calvario, con situaciones de “hostigamiento sistemático”, que incluyen menosprecio en público, gestos, comentarios y asignación a tareas sensibles para las que no tienen experiencia. Una de ellas tuvo que comparecer ante un instructor, tras ser citada por un cauce no reglado que provocó que muchos de sus compañeros se enteraran. Seis compañeras la habían denunciado por, según dijeron, grabarlas con el móvil, algo que ella niega. El instructor le advirtió de que podrían sancionarla sin empleo y sueldo de tres a seis meses. Tiene el acta de comparecencia, pero jamás le notificaron ni la apertura del expediente ni la resolución.
“¿Y a la que levanta la mano es a la que hay que hacer daño? Será el gerente el que tenga que pagar con su puesto lo que están haciendo. Las denunciantes nunca deben ser víctimas. Que las dejen en paz y a los cargos intermedios y el gerente que saben lo que se está haciendo, que los quiten o que den la cara”, ha reclamado Claverol, antes de advertir que estas situaciones se repiten en otros centros sanitarios de Andalucía: “Nos llaman profesionales de toda Andalucía y nos cuentan casos terribles, pero cuando les pedimos que lo digan públicamente les da miedo, como a ellas, de que las echen o las manden a un despacho a un sótano”.
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