La Fiscalía rebaja a un año y once meses la petición de prisión para el alcalde de Estepona por contratar a una “amiga íntima” para el Ayuntamiento
La Fiscalía pide que se condene a José María García Urbano, alcalde de Estepona (PP), a un año y once meses de prisión y 5 años y once meses sin poder desempeñar empleo o cargo público o presentarse a elecciones, por contratar como personal eventual del Ayuntamiento a Cristina Pulido Bonillo, con quien mantenía una “relación sentimental”, “a sabiendas de que nunca iba a desempeñar actividad laboral alguna”. El alcalde sería autor de un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos. Fiscal acusa a Pulido de ser cooperadora necesaria, pero solicita para ella una pena considerablemente mayor que la que pide para el autor: cuatro años y seis meses de prisión, además de inhabilitación para empleo o cargo público durante ocho años.
Esta es la segunda vez que la fiscal presenta escrito de acusación por este asunto, que desveló la propia Pulido en el marco de otra investigación por presuntos delitos de naturaleza sexual, finalmente archivada. Las conclusiones recogidas en el escrito de la fiscal son idénticas a las conclusiones que la fiscal formuló en enero.
La fiscal sostiene la misma acusación por los mismos hechos, pero ha dulcificado mucho la petición de pena para el alcalde, atendiendo a la reparación del perjuicio que este habría realizado al ingresar en la Tesorería municipal los 7.862,89 euros indebidamente abonados a la mujer. En cambio, ha endurecido la petición de pena para ella.
La petición de la fiscal presentada al Juzgado de Instrucción 5 de Estepona ahora (un año y once meses) rebaja a un tercio lo que solicitó el pasado enero en relación al alcalde (cinco años y medio), y añade un año de prisión a la pena solicitada inicialmente para Pulido, hasta los cuatro años y medio. La pena para el delito de malversación va de los dos a los seis años de prisión, pero el artículo 434 permite rebajarla en uno o dos grados se se repara de modo “efectivo e íntegro” el perjuicio antes del juicio.
Es lo que habría ocurrido el pasado 29 de junio, cuando García Urbano ingresó a la Tesorería municipal 2.589 euros en concepto de gastos de cotización a la Seguridad Social, que se añadían al ingreso de 5.276 euros por las nóminas.
Nuevo escrito de acusación
La repetición del escrito de acusación no es habitual, y aquí tiene un origen procesal. En enero, el juez ya había concluido que existían “indicios suficientes” para llevar a juicio al alcalde, cerrando la investigación un año después de abrirla. Sin embargo, la Audiencia Provincial ordenó justo después que el caso no se juzgase por un tribunal del jurado, como estaba previsto, sino por un juzgado penal ordinario. La razón de esta marcha atrás fue que la fiscal había incluido finalmente el delito de prevaricación, lo que imposibilitaba un juicio con jurado. Una decisión estrictamente procesal, pero que obligó a que tanto la fiscal como las acusaciones populares (PSOE y Vox) tuviesen que presentar nuevamente sus escritos de acusación, que es lo que ha ocurrido ahora.
En ese ínterin el alcalde solicitó y consiguió prestar nuevamente declaración ante el juez el pasado 26 de junio, en la que reiteró lo que ya había contado en su primera declaración (que la mujer sólo rendía cuentas verbales de su supuesto trabajo ante él) y aportó tres declaraciones ante notario de trabajadores municipales, dos de ellos bajo su mando directo, ninguno de las cuales confirmó que la vieran trabajar. Estas son las únicas diligencias añadidas a la investigación en este tiempo.
El alcalde también ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial intentando que se declare la nulidad de la confesión inicial de Cristina Pulido, alegando que cuando la hizo no tenía la condición de investigada, y que cuando la ha tenido no la ha ratificado. Sin embargo, también ella presentó un escrito en estas semanas, ratificando su testimonio de que nunca trabajó.
Sin constancia del trabajo
La investigación se inició de oficio por el juez cuando escuchó a Cristina Pulido, que había denunciado al alcalde por un presunto acoso sexual hacia ella y su pareja, contar que mantenía una relación con el regidor y que este la había contratado para el Ayuntamiento, pero que ella nunca había hecho nada.
Su contratación como asesora del Área de Control Externo, a cargo del concejal Blas Ruzafa, no se ha puesto en duda. Tampoco que se le pagaran 5.276 por los 48 días en que estuvo contratada (del 13 de febrero al 30 de marzo, más el prorrateo de las vacaciones).
La fiscal sostiene que se le pagaron estas cantidades “sin contraprestación alguna” en perjuicio del patrimonio municipal. En toda la instrucción no se ha aportado ni un solo documento que refleje un trabajo efectivo. Ella misma dijo que nunca le dieron tarea y que no trabajó. No existen informes, correos electrónicos, encargos o mensajes que permitan deducir que algún día hizo algo. Tampoco tenía ordenador, ni cuenta corporativa. No hay ni rastro de su paso por el Ayuntamiento: sólo del día de su contratación y de su cese.
El concejal dijo que sabía de su contratación, pero que ella sólo rendía cuentas ante el alcalde, y éste, por su parte, ha explicado que todas sus explicaciones eran verbales. El concejal y el alcalde tampoco han sido claros con las supuestas tareas que debía realizar: han hablado de revisar mobiliario urbano, pero luego el regidor ha insistido en el monitoreo de redes sociales en un momento políticamente delicado, justo antes de las elecciones municipales.
La contrató, dijo, tras conocerla por Facebook y verla desenvuelta en redes sociales. En el sumario hay extractos bancarios que acreditan que le pagó una asignación mensual de 2.000 euros durante casi un año, que se interrumpió cuando la contrató para el Ayuntamiento.
El PSOE eleva la petición a cinco años y seis meses de prisión
El PSOE también ha presentado ya su escrito de acusación, en el que pide que se condene a García Urbano a cinco años y seis meses de prisión y diez años para el empleo o cargo público y para ejercer el derecho de sufragio pasivo (presentarse en procesos electorales), por los mismos delitos: malversación de caudales públicos en concurso medial con prevaricación. A Pulido la considera cooperadora necesaria, y pide para ella dos años de prisión y seis de inhabilitación, aplicando el límite mínimo por no ser autoridad ni haber intervenido en la disposición de fondos públicos.
El PSOE quiere que el Ayuntamiento de Estepona remita un listado con los técnicos y administrativos que trabajaban en el Área de Control Externo, para preguntarles, como testigos (con obligación de decir la verdad), si conocen a Pulido. También propone interrogar como testigos al jefe de Recursos Humanos y a los tres trabajadores que prestaron declaración ante notario.
Resta aún por conocer el escrito de Vox, que en la anterior ocasión ni siquiera acusó a Pulido, con quien compartía abogado, y el escrito de defensa de García Urbano, quien ha pedido reiteradamente el archivo de las actuaciones.
El regidor sostiene que esta investigación que le tiene al borde del banquillo, así como la seguida por el mismo juzgado tras la denuncia por acoso sexual (archivada) obedecen a “intereses espurios” y una campaña en su contra. Además, está investigado por otro juzgado por adjudicar un restaurante de lujo en el lujoso Mirador del Carmen (construido con dinero público: 16,5 millones de euros) a una empresa recién constituida en el despacho de uno de sus concejales de confianza y dirigida por su nuera, que no tenía experiencia alguna en el sector. Según la UDEF, él mismo aportó a su hijo el dinero con el que se constituyó la fianza para la concesión. En este caso figura como investigado, pero su declaración se ha suspendido ya en tres ocasiones.
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