La Audiencia de Málaga ordena dar marcha atrás y decide que el alcalde de Estepona no sea juzgado por un jurado

José María García Urbano, alcalde de Estepona (PP), no será finalmente juzgado por un jurado popular. Los presuntos delitos de malversación y prevaricación cometidos al contratar para el Ayuntamiento a una mujer con la que mantenía una relación íntima serán juzgados, en su caso, por un juzgado de lo penal o por la Audiencia Provincial, según las penas que se soliciten. Así lo ha acordado la Audiencia Provincial de Málaga, que ordena que las diligencias continúen siguiendo los trámites del procedimiento abreviado. Esto obligará a la Fiscalía y a las partes a presentar nuevamente sus escritos de acusación.

La causa tendrá así una nueva demora. El juez de instrucción concluyó hace meses que de la investigación que realizó durante el año pasado se extraen “indicios suficientes” para llevar a juicio al regidor, que gobierna Estepona con mayoría absoluta desde 2011. Cree que la contrató “a los solos efectos de que recibiera la nómina correspondiente, sin que tuviera que desempeñar actividad alguna, tratándose su contratación, en consecuencia, de una mera ficción jurídica”.

El pasado enero, la fiscal presentó un escrito en el que solicita que se condene a García Urbano a cinco años y medio de prisión y ocho años de inhabilitación, y a la mujer contratada, Cristina Pulido, a tres años y medio como cooperadora necesaria de los presuntos delitos. Por su parte, las acusaciones populares ejercidas por PSOE y Vox pidieron para el regidor cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación y seis años de prisión, respectivamente.

A priori, iba a ser juzgado por un tribunal del jurado. Sin embargo, la continuación de la causa estaba a la espera de que la Audiencia Provincial resolviera el recurso de apelación del regidor, que pedía el archivo, y la petición de Fiscalía, que solicitaba que pasase del jurado a los tribunales ordinarios. En un auto dictado el pasado 8 de mayo al que este medio ha tenido acceso, la Audiencia desestima la petición de García Urbano, pero estima el recurso del fiscal.

La decisión de la Audiencia retrotrae la causa al momento previo y la sitúan en un camino diferente.

El delito de prevaricación

La decisión de apartar al jurado del juicio a García Urbano obedece a la ampliación en la acusación de Fiscalía, que sorprendió a otras partes del proceso. El foco siempre estuvo puesto en la presunta malversación, pero en el escrito de acusación presentado en diciembre la fiscal añadió otro posible delito: la prevaricación. Y eso impide que el caso pueda ser juzgado por un jurado, pues la ley excluye expresamente que pueda juzgar este delito “por conexión” a otro.

La Audiencia ordena al juzgado de instrucción que dicte otra resolución que reencauce las diligencias al procedimiento abreviado, algo que el juzgado ya ha hecho. En un auto dictado el pasado viernes, el juez ordena que sigan las actuaciones por esa vía, y vuelve a dar trámite a la Fiscalía, las acusaciones y los investigados para que presenten sus escritos de acusación o de petición de sobreseimiento. Después, el juez tendrá que dictar auto de transformación en procedimiento abreviado que García Urbano podrá recurrir nuevamente a la Audiencia Provincial.

5.200 euros en 48 días sin trabajar

Fue el juez quien abrió de oficio esta pieza (y no las acusaciones con intenciones “espurias”, como insiste García Urbano), después de que la mujer declarara en otra investigación (ya archivada) que García Urbano la había contratado sin que ella trabajase nunca. Fueron apareciendo indicios, como informes del área de Recursos Humanos; las declaraciones del concejal responsable, la mujer y el propio García Urbano; mensajes de Whatsapp; o las propias nóminas.

En el escrito de acusación que presentó en diciembre, y que ahora tendrá que repetir, la Fiscalía le acusaba de un delito de prevaricación y otro de malversación, que habría cometido al contratar para el Ayuntamiento durante 48 días a una mujer con la que “mantenía una relación sentimental” “a sabiendas de que nunca iba a desempeñar actividad laboral alguna”, aunque en teoría la contrataba para revisar el mobiliario urbano. En ese tiempo, el Consistorio le abonó algo más de 5.200 euros, sin que ella acudiese nunca a su puesto, recibiese instrucciones o se le asignaran tareas, un puesto de trabajo o material.

Otra investigación judicial en marcha

A esta investigación judicial, ya concluida y cercana a juicio, se suma otra aún incipiente por la adjudicación de un restaurante en el Mirador del Carmen, una torre en la playa por cuya construcción el Ayuntamiento pagó a Bonifacio Solís (exsocio del alcalde) 16,3 millones de euros.

Tal y como desveló este medio en julio de 2023, las tres últimas plantas destinadas a restaurante fueron adjudicadas por un canon que apenas supone una tercera parte del precio de mercado a Inversiones Delmar 2022, constituida un par de meses antes por la pareja del hijo del alcalde en la asesoría de un concejal de confianza de García Urbano. Pocos meses después las participaciones de la empresa fueron vendidas. La empresa no ha pagado el canon anual en este tiempo.

En este caso, abierto en el juzgado de instrucción 4 de Estepona tras una denuncia de la Fiscalía, están investigados el alcalde, una concejala, el secretario municipal, el interventor y dos funcionarios. La UDEF alertó en un informe de que el regidor podría haber puesto el dinero para la fianza, y sospecha que la adjudicataria era en realidad una sociedad pantalla.

El próximo lunes están llamados a declarar los firmantes del informe policial, mientras que los investigados deberán hacerlo en julio, después de que se pospusieran las declaraciones previstas inicialmente para el 25 de mayo.