Castilla-La Mancha defiende mantener los derechos de agua en el Alto Guadiana y las 4.500 concesiones más allá del 2027

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido el mantenimiento de los derechos de uso del agua en el Alto Guadiana y las 4.500 concesiones vinculadas al Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) más allá de 2027, teniendo en cuenta que todavía no se han alcanzado plenamente los objetivos ambientales y socioeconómicos de este plan impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Así lo ha asegurado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien, en declaraciones a los medios de comunicación previas a la reunión que hoy ha mantenido con el presidente de la Federación de Regantes del Alto Guadiana (FERGUALT), Ángel Bellón, y con una representación de las comunidades de usuarios del agua que la integran; ha recordado que el modelo de gestión del agua en el Alto Guadiana está actualmente muy condicionado por un marco normativo especialmente restrictivo, ha señalado la Junta en nota de prensa.

“Se trata de una zona con una singularidad evidente respecto a otras cuencas hidrográficas, ya que dispone de importantes masas de agua subterránea que han sido clave para el desarrollo socioeconómico del territorio y, en particular, para la agricultura de regadío”, ha manifestado Gómez, a lo que ha añadido que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere reivindicar con firmeza el derecho de la región “a poder utilizar el agua que genera su propio territorio, especialmente en sectores tan determinantes como el agroalimentario”.

En el caso concreto del Guadiana, se trata de una de las cuencas españolas con mayor dependencia del regadío y de mayor importancia para el conjunto de la región, ya que supone, según ha explicado la consejera, el 14% del empleo agrario de la zona y el 64% de toda la industria agroalimentaria de la Comunidad Autónoma, por lo que “no se pueden obviar los recursos hídricos que se necesitan, independientemente de la adaptación al cambio climático y la disponibilidad del recurso”, ha manifestado Mercedes Gómez.

“El Alto Guadiana no es solo agua, son personas, es empleo, es un modelo rural que funciona, que ha logrado mantener la población y la actividad económica, en parte gracias al regadío y a un tejido agroalimentario sólido”, ha apuntado la consejera.

“La extinción de las concesiones otorgadas en base a los instrumentos normativos y administrativos derivados del PEAG, especialmente para cultivos de leñoso, así como no remover los obstáculos necesarios para su renovación, es una medida claramente desequilibrada”, ha afirmado Gómez, al tiempo de reiterar la necesidad de mantener esos 700 m3 por hectárea que es una dotación mínima y que se traducen, ha dicho, “en 14,5 hectómetros cúbicos cuando se está derivando por el Acueducto Tajo-Segura un volumen anual que este año va a superar casi los 600 hectómetros cúbicos, por lo que no es nada y, por lo tanto, tenemos que ser capaces de demostrar que su impacto socioeconómico en la región es fundamental”.

Al respecto, ha asegurado que desde Castilla-La Mancha “nos proponemos que los nuevos planes hidrológicos integren de forma realista las medidas a adoptar, incorporando la evaluación de los costes socioeconómicos asociados, así como la necesidad de adaptar el marco normativo vigente”.

Defensa de la prórroga de la Directiva Marco del Agua

En esta línea, Mercedes Gómez ha recordado el compromiso del Ejecutivo autonómico para solicitar la prórroga de la actual Directiva Marco del Agua en aquellos aspectos que afectan a la gestión equilibrada del recurso y, prueba de ello, es que el Gobierno regional ha llevado esta posición a Europa, la ha defendido en el Comité Europeo de las Regiones y está participando en la revisión de la normativa donde se decide. “Defendemos la ampliación del horizonte no para no hacer nada, sino para hacer bien las cosas, para permitir una transición real, modernización del regadío, eficiencia, control de extracciones, recuperación progresiva del acuífero, mejorar el estado de las masas de agua y garantizar el futuro para el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel”, ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha y el propio presidente Emiliano García-Page “siguen con especial preocupación la evolución de los planes de cuenca del Tajo, Guadiana, Júcar y Segura”, considerando que el actual modelo de gestión “resulta insostenible”, por lo que es necesario “un nuevo modelo hídrico más equilibrado y sostenible, garantizando, además, una reserva hídrica estratégica para asegurar el abastecimiento y el regadío de nuestra tierra”.

En este marco, ha indicado la consejera, se está trabajando de forma rigurosa en las cuestiones relacionadas con el proceso de planificación del cuarto ciclo 2028-2033, garantizando que todas las alegaciones y preocupaciones de los sectores vinculados al agua se integren en una propuesta conjunta. Por ello, después de la celebración de las mesas de trabajo en las cinco provincias, se va a convocar el Consejo Regional del Agua para estudiar dicha propuesta de alegaciones.

Mercedes Gómez ha manifestado también que el Gobierno regional continuará trabajando de forma coordinada con todos los sectores implicados “para asegurar un futuro sostenible para el Alto Guadiana, compatibilizando el desarrollo económico y social con la protección de un recurso estratégico como es el agua”.

Los regantes piden un frente común

Por su lado, Bellón, que representa a ocho comunidades de regantes del Alto Guadiana, ha puesto encima de la mesa que en este cuarto ciclo de planificación conlleva “una reducción de dotaciones, una extinción de derechos”, en el periodo 2028-2033 y eso se traduce “en una miseria y pobreza para todo el Alto Guadiana”.

Ha apelado a encontrar “todos los apoyos posibles” para presentar un documento final de alegaciones, y ha pedido con “mucha neutralidad”, al Gobierno de Castilla-La Mancha, a PP, PSOE y Vox que tienen que formar un frente común al respecto, con una comisión para establecer una posición de acuerdo.

Asimimiso, Bellón ha señalado que “son miles y miles de familias que viven de la agricultura, ganadería, de las industria”, y que “por falta de dotación de agua se tienen que ir a otras provincias o se tienen que ir a otras comunidades autónomas”.

La Federación de Regantes del Alto Guadiana está integrada por ocho Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas, todas ellas declaradas en riesgo: Campo de Calatrava, Lillo-Quintanar, Consuegra-Villacañas, Rus-Valdelobos, Sierra de Altomira, Campo de Montiel, Masa Mancha Occidental I y Masa Mancha Occidental II. En total, aglutinan más de 50.000 aprovechamientos y usuarios de todos los usos, siendo el primordial el agrario, con una superficie de regadío de 300.000 hectáreas y en un ámbito geográfico de 15.500 kilómetros cuadrados.