Azcón defiende el fichaje de su exasesora para grandes inversiones por Blackstone: “Cumple con toda la normativa”

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha defendido este miércoles que el fichaje de Marta Ríos por QTS, la compañía de centros de datos controlada por el fondo de inversión Blackstone, “cumple con toda la normativa”. Lo ha hecho en la presentación del Proyecto Rhodes, el campus que la multinacional levantará en Calatorao y cuya llegada a Aragón facilitó la propia Ríos como directora de Inversiones Estratégicas autonómica. Pero la norma que invoca el presidente, la ley estatal de incompatibilidades de 1984, regula la compatibilidad de quienes trabajan para la Administración mientras están en su puesto y no impone ninguna restricción a su actividad privada una vez que lo dejan.

El presidente ha construido su defensa sobre la secuencia de los hechos. “Cuando dejó el Gobierno de Aragón se fue a la MAZ”, ha recordado en referencia a la Mutua de Accidentes de Zaragoza, donde Ríos ejerció como directiva este verano durante apenas mes y medio. “Y se ha ido de esa empresa a QTS cuando este proyecto está prácticamente finalizado”, ha añadido. Según Azcón, nadie aceptaría un empleo sabiendo que lo iba a dejar mes y medio después, de modo que, a su juicio, la oferta de QTS le llegó cuando ya estaba en el mercado laboral y sin relación con su labor en el Gobierno.

Azcón ha asegurado también que Ríos no trabajará en el Proyecto Rhodes, sino en otras iniciativas de Blackstone en Europa, y ha atribuido el fichaje a su trayectoria. “Su valía profesional es la que explica que esa empresa se haya fijado en ella”, ha afirmado el presidente, que ha recordado que su Gobierno la convenció para incorporarse a la Administración autonómica tras una carrera de más de dos décadas en Adidas.

Una ley sin restricciones tras el cese

“La que se le aplica no depende del Gobierno de Aragón, sino de España. Es una normativa del año 84”, ha sostenido Azcón. Con esa referencia a la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el presidente ha hecho explícita la tesis del Ejecutivo: Ríos era personal eventual, no un alto cargo, y por tanto queda fuera del régimen de limitaciones tras el cese de la ley aragonesa de Integridad y Ética Públicas. Frente a la propuesta del PSOE de reformar esa ley, Azcón ha replicado que, si los socialistas quieren cambiar la normativa, deben “pedírselo a Pedro Sánchez”, en alusión a una ley estatal que aprobó el Gobierno socialista de Felipe González.

La normativa aragonesa, aprobada en 2017 durante el primer Gobierno de Javier Lambán, sí contempla esas limitaciones. Su artículo 53 prohíbe durante los dos años siguientes al cese realizar actividades privadas relacionadas con procedimientos en los que el cargo haya emitido un informe preceptivo y vinculante, haya dictado resolución o haya presentado propuestas al Consejo de Gobierno. Además, obliga a declarar la nueva actividad ante el órgano competente en conflictos de intereses antes de iniciarla. La Administración tiene un mes para pronunciarse y, si no lo hace, el silencio es positivo.

La discusión está en si Ríos entra en ese régimen. El artículo 4 de la ley no incluye a los asesores, pero sí a los “directores y jefes de gabinete integrados en los gabinetes de los miembros del Gobierno”. El decreto de 28 de septiembre de 2023, publicado en el Boletín Oficial de Aragón el 9 de octubre, no la nombró asesora, sino 'Directora de Inversiones Estratégicas del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Aragón'. El organigrama oficial de la Presidencia la distinguía, además, de los asesores del mismo gabinete.

Si la ley aragonesa le fuera aplicable, el argumento del mes y medio en la MAZ tendría poco recorrido: el plazo de dos años se cuenta desde el cese, con independencia de los empleos intermedios. Sí tendría más peso el hecho de que Ríos no trabajará en Calatorao, porque la prohibición afecta a actividades relacionadas con los procedimientos en los que intervino. Aunque el proyecto que Azcón da por “prácticamente finalizado” es el mismo que presentaba en ese acto. Y según la documentación del Gobierno citada por el PSOE, QTS será su promotora delegada y, después, su gestora.