Inspección de Trabajo investiga a la Junta de Andalucía por hacer vivienda pública sin seguro para sus responsables de obra
La Inspección de Trabajo ha abierto una investigación a partir de la denuncia interpuesta el pasado julio por los trabajadores de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), adscrita a la Consejería del ramo, que acusan a la dirección de someter a sus técnicos a una “desprotección jurídica y patrimonial” por negarles un seguro de responsabilidad civil profesional que cubra su defensa ante cualquier litigio penal derivado de accidentes laborales en las obras públicas de las que son responsables.
El presidente del comité intercentros de AVRA, Juan Pedro Buendía, registró la denuncia el pasado 21 de julio en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Jaén, con la firma de las cuatro secciones sindicales (CCOO, UGT, CSIF y UIPA). El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, se apoya en dos documentos clave: una resolución de la propia dirección de la Agencia pública de Vivienda de Andalucía, de 2014, que atestigua que en ese momento sus técnicos de obra sí estaban cubiertos por una póliza específica.
Dos años después, AVRA prescindió de ese seguro y metió a su plantilla bajo el paraguas de un aseguramiento generalista que tienen todos los empleados públicos de la Junta de Andalucía.
El segundo documento clave, adjunto a la denuncia, es un informe fechado el pasado mes de mayo que elaboró ex profeso la Dirección de Patrimonio, adscrita a la Consejería de Hacienda, en respuesta a una “consulta” de la dirección de la Agencia “sobre el alcance del aseguramiento de la responsabilidad civil profesional de su personal técnico”. El escrito concluye que la póliza general de la Junta no protege a los técnicos de AVRA en caso de denuncias por negligencias involuntarias en sus obras, obligándoles a asumir su propia defensa legal en un proceso penal.
Empresa y trabajadores llevan meses litigando por este asunto, sin que el Gobierno de Juanma Moreno haya accedido, hasta ahora, a restituirles una póliza de responsabilidad civil que consideran “obligatoria”, en virtud del artículo 66 de su Convenio Colectivo. La dirección de AVRA asegura que la administración “no está obligada”, pero también reconoce que está en conversaciones con la plantilla y que lo está valorando. “Se está estudiando la posibilidad de incorporar la contratación de un seguro específico para el personal técnico interviniente en cada obra”, confirman fuentes de la consejería a elDiario.es
El conflicto se agravó hace unos meses, cuando una aparejadora de AVRA fue imputada por un juez tras un accidente mortal en una promoción de viviendas públicas de Sevilla de la que ella era responsable directa. El 13 de marzo de 2025, un hombre de 38 años falleció aplastado por un muro mientras trabajaba en las obras de un complejo de apartamentos de la capital andaluza, propiedad de la Agencia. La directora de la obra, personal laboral de AVRA, fue citada como investigada en una causa por un supuesto delito de homicidio por imprudencia, y se enfrenta a penas de cárcel e inhabilitación para el desempeño de su profesión.
Es esta muerte en el tajo la que destapa la “desprotección jurídica” de los técnicos de AVRA ante litigios penales como éste, que no cubre el seguro genérico de la Junta de Andalucía. A partir de este caso, todas las secciones sindicales de la Agencia de Vivienda unen sus fuerzas para interponer una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y reclamar la apertura de una investigación por la “quiebra absoluta de las coberturas” y la falta de “defensa jurídica” de sus técnicos de obra, presentando como prueba clave el informe de la propia Junta de Andalucía que reconoce las “exclusiones técnicas” en el seguro generalista de sus empleados públicos.
El oficio de la Dirección General de Patrimonio, al que ha tenido acceso este periódico, confirma que quedan excluidos del seguro de la Junta “las responsabilidades que deban ser objeto de cobertura mediante seguros de suscripción obligatoria”; “excluye la responsabilidad decenal” (deja fuera a los agentes de la construcción, como promotores, constructores y arquitectos); se limita al “periodo de vigencia contractual” (no cubre reclamaciones formuladas con posterioridad al cese, baja o jubilación del responsable de obra) y emplea una “formulación genérica” y poco específica sobre “los riesgos que asume el colectivo técnico de AVRA”.
El documento reconoce que “la modalidad de aseguramiento” actual de la Junta de Andalucía está “delimitada por las exclusiones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas”, entre las que figura “de manera expresa (...) la responsabilidad civil decenal, así como las responsabilidades que deban ser objeto de cobertura mediante seguros de suscripción obligatoria”.
La Inspección de Trabajo ha empezado a “recopilar información” sobre la denuncia de los trabajadores de la Agencia pública de Vivienda de Andalucía, por el “riesgo económico y patrimonial desproporcionado” al que están sometidos sus técnicos –expuestos a multas y a inhabilitación para el ejercicio de sus puestos–, “vulnerando el marco normativo de la Ley de Función Pública de Andalucía y la legislación de edificación”, confirman fuentes del Ministerio.
Los inspectores tienen ahora que valorar si la Junta de Andalucía está “incumpliendo” el Convenio Colectivo de los arquitectos y aparejadores que visan las promociones públicas de vivienda, si dicta un “acta de infracción” contra AVRA y le ordena “la inmediata formalización de las pólizas de seguro de responsabilidad civil profesional exigidas”.
A pesar de todo, el departamento que pilota la consejera Rocío Díaz sostiene que “la Administración no está obligada a contratar un seguro decenal de responsabilidad civil de los técnicos”. La Consejería de Vivienda ha rehusado aclarar en cuántas obras públicas trabajan sus técnicos en este momento en toda Andalucía. Los sindicatos calculan que hay unas 70 actuaciones en marcha de cierta envergadura, pero recuerdan que su responsabilidad civil no afecta sólo a las promociones de vivienda nueva, también a reparaciones menores de los pisos de alquiler propiedad de la Junta, que rondan los 40.000.
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