Una edil del PP en Albalat denuncia que su portavoz le obliga a darle en efectivo su asignación para promoción personal

La concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Albalat dels Sorells, en Valencia, Soraya Chicano, ha remitido un escrito a las ejecutivas local y provincial del partido para denunciar una trama de coacciones económicas, opacidad financiera y hostigamiento personal dentro del grupo municipal. Según el escrito de denuncia, al que ha tenido acceso elDiario.es, que cuenta con el soporte de diversa documentación, la edil atribuye la responsabilidad de los hechos al portavoz municipal, Javier González, y solicita a la dirección provincial la apertura urgente de un expediente disciplinario a la totalidad de sus compañeros de filas, la convocatoria de una auditoría contable y la constitución de una gestora local.

El motivo de la denuncia es la exigencia sistemática a los regidores populares de entregar determinadas cantidades —las retribuciones percibidas por la asistencia a plenos— en efectivo para financiar campañas de promoción personal del portavoz al margen de los canales oficiales. Chicano aporta archivos y capturas de pantalla para certificar la orden directa de retirar dinero en cajeros y realizar pagos directos en mano a terceros. Entre las pruebas se detalla una instrucción para entregar 588 euros en metálico, además de reclamaciones posteriores de menor cuantía. La negativa de la concejala a participar en esta dinámica contable desencadenó, según expone, una campaña de represalias y extorsión vinculada a su cargo público.

La edil sostiene que la respuesta del portavoz ante su rechazo fue la amenaza explícita sobre su continuidad política, con advertencias de exclusión de las futuras candidaturas electorales si no realizaba las aportaciones requeridas. A esta reclamación se suma la expulsión de los canales internos de comunicación, el borrado de su imagen en la edición de vídeos oficiales de la formación y la censura de asuntos personales en las redes locales. Asimismo, Chicano denuncia que la agrupación local carece de una ejecutiva elegida de forma legítima, lo que ha permitido al portavoz ejercer el control de manera unilateral y sin posibilidad de fiscalización interna.

Segun detalla, esta situación de hostigamiento mantenido ha derivado en un empeoramiento del estado de salud de la concejala, quien se encuentra actualmente en situación de baja médica tras sufrir una fuerte crisis de ansiedad. En su escrito de petición, Chicano reclama a la cúpula provincial del Partido Popular garantías para el ejercicio de sus funciones públicas en libertad, la fiscalización de todos los fondos manejados en efectivo por el grupo de Albalat dels Sorells y la convocatoria formal de la agrupación para devolver la legitimidad democrática a la estructura local.

El PP de Valencia avala la gestión del grupo municipal

El informe jurídico interno del PP en la provincia de Valencia, al que ha tenido acceso elDiario.es y que todavía no ha sido remitido a la edil de Albalat dels Sorells, desestima las acusaciones de la Chicano y avala la gestión del grupo municipal. El dictamen concluye que las aportaciones económicas solicitadas en efectivo respondían a una colaboración voluntaria para sufragar gastos de comunicación institucional y confirma que son lícitos tras acreditarse su posterior ingreso bancario. Un justificante de ingreso en la cuenta oficial del grupo, fechado el 5 de agosto de 2026 por importe de 2.352 euros, desmiente la existencia de una contabilidad opaca o financiación irregular al comprobarse que los fondos se destinaron íntegramente al pago de proveedores contra factura.

El documento analiza asimismo las alegaciones de acoso y represalias formuladas por la concejala, determinando la ausencia de indicios de hostigamiento o aislamiento deliberado por parte de sus compañeros. El análisis de las conversaciones internas atribuye el origen de las tensiones al “desinterés”, la “inasistencia injustificada a actos institucionales” y la “falta de comunicación” de Chicano. Respecto a la supuesta exclusión gráfica en redes sociales, el dossier probatorio aporta imágenes oficiales de diversos eventos municipales en los que la concejala participó junto al resto de la candidatura, enmarcando los reproches recibidos en la libertad de crítica interna ante el incumplimiento de sus deberes de representación.

Finalmente, el informe precisa el marco normativo aplicable al diferenciar la dimensión orgánica del partido político de la autonomía institucional del grupo municipal. El análisis advierte de que la eventual filtración de conversaciones privadas a terceros o miembros de la oposición constituiría una infracción estatutaria de extrema gravedad por deslealtad manifiesta, conducta que facultaría la apertura de un expediente disciplinario o la expulsión del grupo. No obstante, al no constar pruebas documentales que acrediten dicha revelación de secretos por parte de la edil, el dictamen desestima la adopción de medidas sancionadoras contra su persona y confirma la plena validez de la estructura local del partido.