El Cabanyal necesita viviendas, no promesas electorales
El Cabanyal-Canyamelar tiene un problema de vivienda que ya no admite más demoras. Cada vez resulta más difícil comprar o alquilar una vivienda en el barrio. Los precios quedan fuera del alcance de buena parte de sus vecinos, especialmente de los jóvenes que quieren emanciparse y de las familias que desean seguir viviendo cerca de donde han crecido.
La recuperación urbanística y patrimonial, que debería haber mejorado las condiciones de vida de sus habitantes, está favoreciendo una creciente revalorización inmobiliaria. A ello se suma la presión turística, que transforma viviendas residenciales en alojamientos para visitantes y modifica la actividad comercial de nuestras calles. El resultado es el desplazamiento progresivo de la población y la desaparición de parte del comercio tradicional.
El reto no es solo construir más viviendas, sino garantizar que el Cabanyal siga siendo un barrio para vivir. Necesitamos una política pública que amplíe la oferta asequible, proteja el uso residencial y permita a los vecinos desarrollar en él su proyecto de vida.
Un millón de viviendas: ¿pero para quién?
El Partido Popular ha situado entre sus principales compromisos electorales la construcción de un millón de viviendas en España durante la próxima legislatura, a razón de 250.000 cada año. Sin embargo, la distancia entre los anuncios y los compromisos concretos ha quedado de manifiesto en las recientes declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, quien, después de haber repetido durante la precampaña que construiría un millón de viviendas e incluir expresamente ese objetivo en el programa electoral del PP, afirma ahora que nunca dijo que fuera a construirlas, sino que España necesitaba un millón de viviendas. Una matización que invita a preguntarse qué valor tienen estos grandes anuncios electorales cuando llega el momento de asumir responsabilidades sobre su cumplimiento.
Pero, más allá de esta controversia, hay cuestiones fundamentales que el Partido Popular debería aclarar. ¿Qué parte de ese millón de viviendas serán protegidas y cuántas se destinarán al alquiler? ¿A qué precios podrán acceder las familias con menos recursos? ¿Qué papel asumirá la promoción pública y qué parte quedará en manos de los promotores privados? Y, sobre todo, ¿qué garantías existirán para que esas viviendas mantengan su carácter asequible y no terminen incorporándose al mercado libre una vez transcurridos los periodos de protección?
Porque construir viviendas no significa necesariamente resolver el problema de acceso a la vivienda. La cuestión no es únicamente cuántas se construyen, sino para quién, en qué condiciones y con qué garantías de permanencia de su función social. Sin un parque público suficiente, recursos económicos y compromisos concretos de las administraciones, las grandes cifras pueden quedarse en simples objetivos electorales.
Estas mismas cuestiones debemos trasladarlas al Cabanyal-Canyamelar. Aquí no partimos de una ausencia de planificación ni de falta de suelo. El Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar (PEC) contempla una importante capacidad de desarrollo residencial, con más de 1.300 viviendas y alojamientos y una previsión de entre 900 y 1.000 viviendas y alojamientos públicos o vinculados a fórmulas de alquiler asequible.
El PEC establece, por tanto, una posibilidad real de incrementar la oferta residencial y, especialmente, de disponer de vivienda pública y asequible. Pero esa previsión urbanística no garantiza por sí sola que las viviendas lleguen a construirse.
l Cabanyal tiene suelo y tiene un plan
El Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar establece un potencial de entre 1.327 y 1.478 viviendas y alojamientos. Sus previsiones incluyen:
- 693 nuevas viviendas, de las cuales 256 serían protegidas.
- Entre 296 y 447 alojamientos dotacionales.
- Aproximadamente 250 viviendas protegidas vinculadas a suelos procedentes de las expropiaciones del antiguo PEPRI.
- 88 viviendas públicas relacionadas con el traslado de residentes de los Bloques Portuarios.
De este potencial, las estimaciones sitúan entre 900 y 1.000 las viviendas y alojamientos públicos o vinculados a fórmulas de alquiler asequible que podrían llegar a desarrollarse.
Su materialización permitiría ofrecer alternativas a los jóvenes que hoy no pueden emanciparse en el barrio, facilitar el acceso a una vivienda a familias con dificultades económicas y abrir una oportunidad de regreso a quienes tuvieron que marcharse por el encarecimiento del mercado residencial. La recuperación urbanística tendría así un retorno social para sus habitantes.
Para conseguirlo, no basta con poner suelo en el mercado y confiar en que la iniciativa privada resuelva las necesidades residenciales. Es necesario que las administraciones impulsen los proyectos, aporten los recursos necesarios y establezcan un modelo de gestión capaz de desarrollar y conservar un parque público de viviendas en alquiler.
También deben utilizarse los instrumentos urbanísticos disponibles para evitar que los solares residenciales, incluso los públicos, permanezcan indefinidamente sin edificar, aplicando, cuando concurran los requisitos legales, mecanismos como la ejecución sustitutoria.
Se trata, en definitiva, de convertir las posibilidades que reconoce el planeamiento en proyectos concretos, con identificación de los suelos, financiación, responsables y plazos de ejecución.
La contradicción de la señora Catalá
La Asociación de Vecinos y Vecinas del Cabanyal-Canyamelar organizó el pasado 3 de noviembre, en plena precampaña, una mesa redonda para debatir precisamente sobre estas cuestiones. Participaron representantes de distintas formaciones políticas municipales, con la excepción de Vox, entre ellos el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de València, en representación del Partido Popular.
La pregunta era concreta: ¿qué iniciativas tiene previsto impulsar el actual equipo de gobierno municipal durante la próxima legislatura para poner en marcha las previsiones residenciales del PEC?
La respuesta no permitió conocer ningún proyecto ni actuación concreta, ni hubo compromisos sobre qué parte se destinaría a vivienda protegida o alquiler asequible, con qué financiación o en qué plazos.
La ausencia de respuesta resulta especialmente llamativa por el momento político en que se produce. La señora Catalá, actual alcaldesa, encabeza la candidatura del Partido Popular por la provincia de Valencia al Congreso de los Diputados y ha anunciado que optará también a la reelección como alcaldesa. Su partido anuncia un millón de viviendas en España durante los próximos cuatro años, pero su gobierno municipal no explica qué piensa hacer con las posibilidades de vivienda pública que tiene a su disposición en uno de los barrios donde más se necesitan.
Se anuncian 250.000 viviendas anuales para el conjunto del país, pero no existe un compromiso municipal sobre las 900 o 1.000 viviendas y alojamientos públicos o asequibles que podrían desarrollarse en el Cabanyal.
Y no hablamos de un proyecto que todavía haya que imaginar ni de un suelo cuya disponibilidad esté pendiente de resolver. Tenemos un plan aprobado, eso sí, con la abstención del grupo municipal del Partido Popular. Lo que falta es voluntad de ponerlo en marcha y asumir los compromisos necesarios para ejecutarlo.
Esta falta de concreción preocupa todavía más tras el anuncio de Catalá de impulsar un Plan del Frente Litoral que abarcará desde el Parque de Desembocadura hasta la Patacona e incluirá expresamente el Cabanyal-Canyamelar. El 19 de junio, la Junta de Gobierno Local inició su tramitación urbanística mediante el instrumento que finalmente se considere adecuado. Se trata de una actuación de gran alcance, sobre un ámbito de cinco kilómetros de longitud y uno de anchura, que puede condicionar el futuro de una parte importante de nuestros barrios marítimos.
Todavía no conocemos sus criterios concretos de ordenación ni cómo se articulará con el planeamiento vigente, especialmente con el PEC. No podemos permitir que, bajo el argumento de una nueva transformación del frente litoral, se condicionen las posibilidades residenciales del Plan o se oriente el suelo público hacia aprovechamientos inmobiliarios, terciarios o turísticos en detrimento de la vivienda pública y asequible.
Un plan de estas dimensiones debe contar desde el principio con la participación efectiva de los vecinos y sus asociaciones y garantizar que cualquier transformación mejore las condiciones de vida de quienes ya habitan estos barrios. En el ámbito del Cabanyal, su desarrollo debe servir para reforzar las posibilidades residenciales del PEC, no para abrir nuevas expectativas de transformación inmobiliaria sobre un territorio que ya soporta una enorme presión.
No basta con rehabilitar: hay que ampliar el parque público
Durante los últimos años se han desarrollado actuaciones de rehabilitación y recuperación del patrimonio residencial. Pero conviene distinguir entre la rehabilitación de viviendas, mayoritariamente promovida por particulares; la venta mediante subasta de inmuebles públicos a quienes posteriormente los rehabilitan, y la creación de un verdadero parque público de alquiler. Son políticas diferentes y sus efectos sobre el acceso a la vivienda también lo son.
La aprobación del proyecto de 51 viviendas en los denominados Bloques de Astilleros es un paso administrativo importante, aunque todavía pendiente de ejecución. Por sí sola, esta actuación tampoco resolverá las necesidades de realojo de la inmensa mayoría de los residentes afectados por la intervención en los Bloques Portuarios, aunque inicialmente se planteó precisamente para atender las necesidades de realojo de los residentes afectados.
También se ha anunciado, con ese mismo objetivo, la cesión a la sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar de 31 antiguas viviendas municipales que deberán rehabilitarse antes de incorporarse a una posible oferta en permuta a los vecinos afectados. Quedan todavía por concretar el calendario de rehabilitación y las condiciones en que se ofrecerán estas viviendas a los vecinos.
Son actuaciones que deben valorarse, pero no sustituyen una estrategia de conjunto para desarrollar las posibilidades residenciales del PEC.
Además, el incremento de la oferta debe ir acompañado de medidas eficaces para frenar la gentrificación y la turistificación, dos procesos estrechamente relacionados que están transformando el barrio y favoreciendo el desplazamiento progresivo de sus residentes. Si seguimos perdiendo viviendas residenciales y destinándolas a alojamientos turísticos, una parte de las nuevas viviendas que se construyan puede quedar neutralizada por esa transformación. Por eso, la política de vivienda y la regulación de los alojamientos turísticos no pueden caminar por separado.
La rehabilitación y la nueva promoción deben responder también a una función social. Recuperar el patrimonio no puede convertirse exclusivamente en un mecanismo de revalorización inmobiliaria que termine expulsando a quienes han vivido en el barrio. Las nuevas viviendas, por su parte, deben incorporar garantías de asequibilidad y permanencia de su protección.
Las promesas electorales deberían empezar por el barrio
El Cabanyal-Canyamelar necesita un programa de desarrollo residencial del PEC que establezca cuántas viviendas se van a promover, cuáles serán públicas y protegidas, cuántas se destinarán al alquiler asequible, qué financiación tendrán y cuándo estarán disponibles. También necesita que Ayuntamiento y Generalitat coordinen sus actuaciones y que el suelo público se destine prioritariamente a hacer efectivo el derecho a la vivienda.
La señora Catalá tiene ahora la ocasión de demostrar que la promesa de construir un millón de viviendas no es únicamente un eslogan electoral. Puede empezar por comprometerse con las posibilidades reales que ofrece su ciudad: explicar qué actuaciones del PEC impulsará durante la próxima legislatura y cómo garantizará que el Plan del Frente Litoral no suponga un retroceso para las previsiones residenciales ni para la prioridad de mantener el uso residencial del barrio.
Si en estos momentos no es capaz de concretar esos compromisos, resulta difícil confiar en que las grandes cifras anunciadas vayan a traducirse en soluciones para quienes más necesitan una vivienda, especialmente en un barrio que ya dispone de suelo público y de un plan aprobado.
Los vecinos y vecinas del Cabanyal no necesitamos que nuestra alcaldesa nos prometa un millón de viviendas a nivel nacional. Necesitamos que se empiecen a construir las que su propio plan ya permite en nuestro barrio y que una parte sustancial de ellas sea pública y se destine al alquiler asequible, para que quienes viven en el barrio puedan seguir haciéndolo y quienes tuvieron que marcharse tengan la oportunidad de regresar.
0