El Cabanyal y la gestión de la herencia recibida

La herencia recibida es uno de los argumentos más recurrentes de la política. Cuando las cosas no funcionan, la culpa suele ser de quienes gobernaron antes. Cuando funcionan, el mérito acostumbra a ser de quienes gobiernan ahora.

Recientemente, la alcaldesa María José Catalá ha reivindicado la gestión realizada durante sus tres primeros años de mandato y ha vuelto a cuestionar la situación heredada del anterior gobierno municipal. Sin embargo, al menos en el caso del Cabanyal-Canyamelar conviene recordar algunos hechos que ayudan a poner las cosas en perspectiva.

Dos herencias que no se parecen en nada

La comparación con 2015 resulta especialmente esclarecedora. Cuando el gobierno formado por Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú accedió al Ayuntamiento, recibió un barrio profundamente degradado tras más de 15 años de conflicto urbanístico. La planificación existente estaba orientada a ejecutar la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar, una operación que había generado un largo proceso de deterioro físico, económico y social.

Aquella corporación llegó con un proyecto político claramente definido y ampliamente respaldado por el movimiento vecinal y buena parte de la sociedad civil del barrio y del conjunto de la ciudad. No pretendía acelerar ni continuar la planificación heredada. Pretendía sustituirla con un giro de 180º. Y para ello puso en marcha, desde los primeros días de gobierno, una estrategia de gestión completamente distinta.

En apenas unos meses aprobó las Normas Urbanísticas Transitorias, reorientó las inversiones previstas para la prolongación hacia actuaciones de regeneración urbana, impulsó nuevos equipamientos públicos y promovió la declaración de un Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) en el marco del Plan Estatal de Vivienda.

Gracias a aquel ARRU inicial se rehabilitaron 120 edificios con un total de 538 viviendas y se reedificaron otros 13 edificios con viviendas unifamiliares. En total, 551 familias se beneficiaron directamente de aquellas ayudas económicas. Paralelamente se impulsaron proyectos de reurbanización, mejora del espacio público y peatonalización de calles en buena parte del barrio. Tras un amplio proceso de participación ciudadana, a través de la EDUSI, se definió una nueva red de equipamientos públicos. En 2022 se aprobó un segundo ARRU y, finalmente, en 2023 se aprobó el Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar (PEC).

En definitiva, en 2015 no se heredó un proceso de regeneración urbana que hubiera que acelerar. Se heredó una planificación orientada a la prolongación de Blasco Ibáñez que hubo que sustituir por completo. El modelo de regeneración del Cabanyal-Canyamelar tuvo que construirse desde cero.

La situación en junio de 2023 era radicalmente distinta. El Partido Popular no llegó al gobierno municipal proponiendo un nuevo modelo para el Cabanyal-Canyamelar. De hecho, después de dos legislaturas en las que votó en contra o, en el mejor de los casos, se abstuvo ante muchas de las actuaciones impulsadas por el gobierno anterior, su programa electoral se limitaba a una promesa concreta en la mejora de la gestión: «Aceleraremos todas las actuaciones pendientes en el Cabanyal-Canyamelar en materia de rehabilitación y regeneración urbana, poniendo igualmente remedio a la falta de aparcamiento, a las ocupaciones ilegales y al incremento de la delincuencia que padece en la actualidad el citado barrio».

No se trataba, por tanto, de diseñar un nuevo modelo. Se trataba de culminar y acelerar uno que ya estaba en marcha, y que había sido heredado.

¿Qué actuaciones pendientes recibió el gobierno de María José Catalá?

La pregunta es sencilla. ¿Qué proyectos pendientes recibió realmente el nuevo gobierno municipal cuando tomó posesión en junio de 2023 y que se había comprometido a mejorar su gestión y acelerar?

La respuesta demuestra que el nuevo gobierno municipal recibió una de las mayores carteras de proyectos de regeneración urbana, rehabilitación y equipamientos públicos que ha conocido el barrio en las últimas décadas. En las dos anteriores legislaturas se acababan de poner en marcha inversiones impulsadas por las distintas administraciones por más de 70 millones de euros, en infraestructuras, equipamientos y vivienda.

El Ayuntamiento recibió el proyecto del Museo del Mar en la Casa dels Bous con la rehabilitación prácticamente terminada y a falta de poner en marcha el proyecto museístico; la Escuela Infantil de Primer Ciclo en construcción; el Centro de Día para Personas Mayores con las obras iniciadas; el Centro Cívico de la calle San pedro, en ejecución; la Escuela Taller y el Centro de Artes Escénicas Bombalino con proyectos aprobados; los Bloques de Astilleros para el realojo de los vecinos del Bloque Portuarios con la redacción del proyecto adjudicada; un segundo ARRU aprobado desde julio de 2022 para edificios públicos y privados; numerosos inmuebles municipales con proyectos aprobados y pendientes de rehabilitación o reedificación.

También recibió el proyecto para la rehabilitación de la Lonja de la Marina Auxiliante, con licencia concedida, financiación asignada y pendiente de regularizar la situación de la concesión del suelo, un proceso de regularización iniciado en 2017, que está pendiente de finalizar todavía a día de hoy en gran parte de las propiedades, a lo largo de ambos lado de la calle Eugenia Viñes, cuyos terrenos fueron cedidos en los años 20 del siglo pasado, por parte del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Unas concesiones que con la aplicación de la Ley de Patrimonio del Estado de 1964 tienen una duración de 99 años, se mantuvieron tras la permuta en las mismas condiciones en que fueron otorgadas, pasando a formar parte de la propiedad municipal.

Un proceso que debería despertar todas las alertas, en unos momentos en que el frente litoral se ha convertido en uno de los objetos del deseo de la especulación inmobiliaria de esta ciudad y que su gestión actual ha quedado en manos del concejal Juanma Badenes, que al parecer “va por libre”, dentro del equipo de gobierno y cuyas actuaciones, según ha manifestado la propia alcaldesa, no siempre comparte.

Tres años después, el balance de gestión resulta difícil de conciliar con aquella promesa de aceleración.

El Museo del Mar de la Casa dels Bous sigue sin abrir sus puertas. La Escuela Infantil continúa cerrada, a día de hoy, aunque promete abrir sus puertas para el próximo curso. El Centro de Día sigue sin entrar en funcionamiento. El Centro Cívico, único equipamiento inaugurado, funciona todavía “a media jornada” respecto a lo inicialmente previsto y pendiente de la firma de un convenio con la ONG de Mensajeros de la Paz, 7 meses después de que la señora alcaldesa anunciase a “bombo y platillo”, el uso exclusivo para esta organización, de una tercera parte de sus instalaciones. La Escuela Taller sigue pendiente de ponerse en marcha.

El nuevo Centro de Artes Escénicas Bombalino de la Plaza Calabuig, que inició las obras en junio de 2025 y tenía un plazo de ejecución de 15 meses, ha anunciado recientemente una ampliación de 9 meses en su plazo de ejecución. El desarrollo del segundo ARRU, aprobado en 2022, acumula importantes retrasos. Las obras de algunos edificios públicos previstos para rehabilitación o reedificación acumulan años de retraso y apenas empiezan ahora a mostrar señales de actividad. La Lonja de la Marina Auxiliante continúa paralizada, sin que las promesas de desbloqueo realizadas por el concejal Juan Giner en una reunión mantenida, hace ya varios meses con sus vecinos, parezca que se haya traducido en nada.

El proyecto de los bloques de Astilleros ha sufrido importantes incrementos presupuestarios sin que la ejecución de las obras se haya licitado, alejando las expectativas de que alguno de los actuales propietarios del Bloque Portuarios acabe pudiendo acceder al realojo en esas nuevas viviendas.

Sin duda la solución que se pueda ofrecer al casi un centenar de familias, entre propietarias y ocupantes sin título que van a precisar de realojo, va a ser una de las patatas calientes que va a tener que abordar la señora Catalá, que no parece tener mucha prisa para afrontar este problema.

El resumen sería más bien retrasos en la gestión, cuando no paralización de algunos proyectos heredados.

Naturalmente, toda acción de gobierno encuentra dificultades y retrasos. Pero precisamente por ello resulta difícil entender que se cuestione la herencia recibida en el Cabanyal-Canyamelar. Porque, a diferencia de lo ocurrido en 2015, el gobierno del Partido Popular de 2023 no tuvo que modificar radicalmente la planificación existente, ni inventar nada, ni diseñar con el consenso de los vecinos una nueva estrategia urbana, ni reconvertir inversiones concebidas para un objetivo distinto. Lo que recibió fue el resultado de ocho años de planificación, financiación y ejecución de proyectos orientados a la regeneración del barrio, gestionados hasta ese momento, con mejor o peor acierto.

Más allá de las obras: aparcamiento, vivienda, limpieza y convivencia

Pero el programa electoral del Partido Popular no se limitaba a hablar de rehabilitación y regeneración urbana. También prometía actuar sobre problemas tan sensibles como la falta de aparcamiento, las ocupaciones ilegales y el incremento de la delincuencia.

En el caso del aparcamiento, la situación del Cabanyal-Canyamelar es bien conocida. El barrio presenta uno de los mayores déficits estructurales de plazas de estacionamiento de toda la ciudad. La protección patrimonial de buena parte de sus edificios, la estrechez de muchas calles y la progresiva peatonalización que ha venido practicándose en los últimos 20 años, hacen que la disponibilidad de espacio para aparcar en la vía pública sea especialmente reducida.

Mientras que la media del conjunto de la ciudad de València se sitúa en 16,5 m² de superficie de aparcamiento por vivienda y 19,5 m² por vehículo turismo, en el barrio del Cabanyal-Canyamelar estos valores se reducen significativamente hasta 4,8 m² de superficie de aparcamiento por vivienda y 7,9 m² por vehículo turismo, unos valores que, curiosamente han mejorado en los últimos años a pesar del incremento de las peatonalizaciones, probablemente por la disminución del censo de vehículos, debido a escasez de oferta de vivienda para residir y el aumento de la vivienda turística.

Todo ello justificaba que el problema figurara expresamente en el programa electoral del Partido Popular. Sin embargo, tres años después no existe una estrategia definida para afrontarlo. Las distintas alternativas planteadas —edificios de aparcamientos en altura, zonas específicas de aparcamiento para residentes o habilitación provisional de solares— han sido descartadas por su coste económico o por las dificultades políticas que su implantación podría generar a las puertas de un nuevo proceso electoral. Y todo esto dicho a la Asociación de Vecinos por el Concejal responsable, el señor Jesús Carbonell.

Tampoco se han producido avances en materia de vivienda, a pesar del ambicioso programa de construcción de viviendas que contempla el nuevo planeamiento. Mientras numerosos solares y edificios públicos continúan vacíos, abandonados o infrautilizados, el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para los jóvenes del barrio. La única política de vivienda ha sido continuar haciendo caja con las ventas por subasta de las propiedades de la empresa pública Plan Cabanyal-Canyamelar.

De poner en marcha las actuaciones que permitirían desarrollar 693 nuevas viviendas en el barrio, de las cuales 255 corresponden a Vivienda de Protección Pública, no hay noticias. Tampoco de poner en marcha las 447 Viviendas-Alojamientos Dotacionales, destinadas a facilitar el acceso a la vivienda a los sectores con mayores dificultades. En total, el PEC permite generar 702 viviendas asequibles entre vivienda protegida y alojamientos dotacionales, una oportunidad que continúa pendiente de materializarse.

Pero más allá del grado de ejecución de las actuaciones concretas, desde mi experiencia personal, existe otro aspecto menos visible que también condiciona la capacidad de gestión del proceso de regeneración: el papel que ha desempeñado durante la presente legislatura la empresa pública Plan Cabanyal-Canyamelar. En el pasado actuó como un instrumento de gestión de proximidad, con capacidad para impulsar propuestas, coordinar actuaciones entre las distintas administraciones, acompañar a vecinos y comunidades de propietarios en los procesos de rehabilitación y servir de cauce permanente de interlocución entre la administración y el barrio.

Durante la presente legislatura, a la vista de los acontecimientos, ese papel se ha ido debilitando progresivamente. La sociedad ha perdido buena parte de su capacidad de iniciativa y de propuesta tanto ante el Ayuntamiento como sobre todo ante la Generalitat Valenciana, al tiempo que ha dejado de percibirse como ese instrumento cercano que facilitaba al vecindario el acceso a la gestión pública de la regeneración. Hoy da la impresión de haber perdido parte de esa capacidad de liderazgo e iniciativa y haberse convertido más en una unidad administrativa encargada de tramitar expedientes que en el organismo capaz de impulsar la regeneración urbana desde la proximidad al barrio. En un proceso tan complejo como el que vive el Cabanyal-Canyamelar, disponer de una estructura técnica especializada y con presencia permanente sobre el territorio no constituye un elemento accesorio, sino una condición necesaria para mantener el impulso de los proyectos y resolver los problemas cotidianos que inevitablemente van surgiendo y podrían afrontarse en el conjunto del Frente Litoral.

Quizá esa pérdida de protagonismo encuentre también un reflejo simbólico en la propia sede de la sociedad pública. El edificio, proyectado en su día por el arquitecto del barrio Víctor Gosálvez y rehabilitado en la anterior legislatura para albergar las oficinas de Plan Cabanyal-Canyamelar, dejó sin acondicionar su planta baja en una primera fase para poder trasladar cuanto antes las dependencias administrativas. Aquella decisión respondía a razones de plazo y siempre se entendió como una solución provisional. Sin embargo, tres años después, ese espacio continúa sin habilitar. Y no se trata únicamente de una obra pendiente. La planta baja estaba concebida como la parte más abierta del edificio, un espacio destinado a facilitar la participación y el contacto cotidiano entre la administración y el vecindario, reforzando precisamente esa función de proximidad que inspiró tanto el proyecto del edificio como el modelo de gestión que durante las dos anteriores legislaturas desarrolló la sociedad pública. Su situación actual acaba simbolizando, en cierta medida, la pérdida de protagonismo que Plan Cabanyal-Canyamelar ha experimentado en estos tres últimos años. Recuperar ese papel de gestor de proximidad sería probablemente una de las mejores herramientas para afrontar con mayores garantías la fase decisiva de desarrollo del Plan Especial, con todas sus tareas pendientes.

Los vecinos y comerciantes de El Cabanyal vienen alertando continuamente en redes sociales sobre un repunte en la inseguridad, destacando especialmente la rotura de lunas para robar en coches estacionados y el hurto en pequeños comercios. Esta ola de delincuencia se ha extendido desde puntos conflictivos como las Casitas Rosa, afectando también al mobiliario urbano y generando malestar por robos en el interior de los vehículos, algo que fue confirmado a la Asociación de Vecinos en una reunión mantenida en la Subdelegación del Gobierno con los responsables policiales.

La tardanza en aplicar hasta enero de 2025 en el barrio de Cabanyal-Canyamelar, la moratoria para implantar apartamentos turísticos, aprobada en mayo de 2024 para el conjunto de la ciudad, sin duda ocasionó una acumulación de presentación de solicitudes de licencia y declaraciones responsables durante esos meses, que a día de hoy se traduce en que somos el octavo barrio de esta ciudad con mayor nivel de saturación de alojamientos turísticos, tan solo superados por los barrios de Ciutat Vella. El número de plazas de alojamiento turístico “legales” triplica los niveles que la propia normativa municipal considera infranqueables y continúan existiendo numerosos apartamentos que operan al margen de la legalidad, sin que exista alguna propuesta para reconducir la situación. La consecuencia es una creciente dificultad para mantener el equilibrio entre actividad económica, acceso a la vivienda y convivencia vecinal.

Antes de hablar del futuro

Y es precisamente en este contexto cuando, a las puertas de un nuevo ciclo electoral, la alcaldesa anuncia la puesta en marcha de un ambicioso Plan Especial del Frente Litoral que abarcará desde Natzaret hasta la Malva-rosa y afectará de forma directa a los principales barrios marítimos de la ciudad.

Toda iniciativa que contribuya a mejorar el frente litoral valenciano merece ser estudiada y debatida. Pero desde el Cabanyal-Canyamelar surge inevitablemente una pregunta previa.

Antes de proyectar nuevas transformaciones para los próximos veinte años, parece razonable evaluar la gestión realizada sobre los proyectos, inversiones y compromisos heredados al comienzo de la actual legislatura: ¿ha decidido el Ayuntamiento qué hacer con los centenares de propiedades públicas abandonadas que mantiene en el barrio? ¿Existe una estrategia para recuperar solares vacíos, edificios en ruina y espacios degradados que siguen generando problemas de seguridad y convivencia? ¿Se ha definido una política clara para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes? ¿Se piensa actuar de forma efectiva sobre la saturación turística que ya afecta al barrio?

Porque la cuestión de fondo sigue siendo la misma. En 2015 hubo que construir un nuevo modelo para el Cabanyal-Canyamelar; veníamos de la degradación programada para facilitar la prolongación. En 2023 el compromiso consistía en mejorar la gestión, acelerar y culminar ese modelo. Y tres años después, la pregunta ya no es qué herencia recibió María José Catalá, sino qué ha hecho con ella, cual es el balance de su gestión.

A la vista de los proyectos pendientes, de los equipamientos que siguen sin abrir, de los retrasos acumulados y de los problemas estructurales que continúan sin respuesta, cabe preguntarse si el principal problema ha sido realmente la herencia recibida o la capacidad para gestionarla.

Porque las ciudades no se transforman únicamente con anuncios. Se transforman cuando los proyectos se ejecutan, los equipamientos se abren, las viviendas se construyen y los problemas cotidianos encuentran solución. Y es ahí donde, más allá de los discursos, se mide realmente la acción de gobierno.

El riesgo es que lo ocurrido en el Cabanyal-Canyamelar durante estos tres años no sea una excepción, sino un anticipo de lo que puede suceder ahora con el anunciado Plan Especial del Frente Litoral.

Si algo demuestra la experiencia reciente del Cabanyal-Canyamelar es que tan importante como la herencia recibida es la capacidad para gestionarla. Porque, al final, las ciudades no se transforman con anuncios ni con explicaciones sobre el pasado. Se transforman con una buena gestión. Y, en este caso, con la gestión de la herencia recibida.