La izquierda valenciana derogó en 2017 la ley de Camps que equiparaba a embriones con hijos y que impulsa ahora Ayuso

La derecha española ha vuelto a sacar a la palestra su intención de impulsar una ley para los “concebidos no nacidos”, una norma que contempla al feto en gestación como un hijo más de cara a las prestaciones sociales. El PP de Isabel Díaz Ayuso aprobó la norma junto a Vox el pasado 2 de julio, y el presidente nacional del partido y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, promete darle carácter nacional si logra la mayoría.

La Comunidad de Madrid asegura que se trata de la primera autonomía en reconocer con carácter general al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar. Una vez se acredite el embarazo, las mujeres podrán solicitar ayudas y beneficios fiscales. Es una verdad a medias: Galicia la tuvo en 2011 y la Comunitat Valenciana desde 2009, una de las primeras que derogó la izquierda cuando logró la mayoría parlamentaria en el ciclo electoral de 2015. Un modelo que ni Carlos Mazón ni Juanfran Pérez Llorca, que gobiernan gracias a Vox, han querido recuperar.

En junio de 2009 el PP aprobó en las Corts Valencianes la ley de protección a la maternidad, concebida por el sector más conservador que encabezaba Juan Cotino, entonces vicepresidente con Francisco Camps. Tal fue su influencia que se bautizó como 'ley Cotino', y formaba parte del “Programa más vida” que el político divulgó prolíficamente. La ley posibilitaba deducciones fiscales, ayudas de vivienda y equiparaba al embrión con un miembro más de la familia, además de contener un potente mensaje antiabortista. No en vano, la ley se impulsó casi a la par que la ley de plazos de Zapatero, que permite que permite el aborto libre hasta la semana 14 de gestación.

La ley de Camps equiparaba al embrión con los hijos a efectos de admisión escolar o ayudas sociales y establecía un potente aparato de difusión de las ventajas de la norma: centros de información, redes de voluntariado y campañas informativas de apoyo a la maternidad, en las que cabe una lectura antiabortista. “Toda mujer gestante tiene derecho a ser informada de manera personalizada, suficiente y comprensible de todas las ayudas y apoyos, tanto jurídicos como económicos o de uno u otro orden, tanto de naturaleza pública como privada, que puede recibir para culminar la gestación, teniendo en cuenta sus características personales, socioeconómicas y culturales”.

Señalaba, por ejemplo, que “en los procesos de admisión de alumnos de centros docentes no universitarios mantenidos con fondos públicos, los alumnos cuya madre se encuentre en estado de gestación, se beneficiarán de una puntuación idéntica a la que obtendrían si ya hubiera nacido su nuevo hermano o hermanos”. La ley establecía que para optar a prestaciones sociales como la renta de ciudadanía, si en la unidad familiar había una mujer embarazada se entendería como miembro de la unidad familiar el número de hijos que esperase. También impedía la discriminación de las migrantes embarazadas en los servicios sociales. Para las madres menores de edad, se preveía una escolarización flexible y poder realizar un mismo curso en distintos años académicos.

En 2015, la mayoría de izquierdas formada por el PSPV, Compromís y Podemos impulsó la derogación de la ley, que consideraban profundamente retrógrada. Los partidos consideraron que tenía “un planteamiento paternalista e ideológico” y trataba de “tutelar y vigilar la maternidad”.

En el preámbulo del texto de su derogación, la Generalitat Valenciana recordó que la norma había quedado sin presupuesto y ya existen otras leyes de protección a las mujeres vulnerables que no resultan invasivas. “Consideramos absolutamente innecesario el mantenimiento de una ley que constituye una discriminación y una tutorización de las decisiones de las mujeres, que es impropio de un gobierno democrático y respetuoso con las libertades individuales y colectivas”, dice el texto publicado en el DOGV el 29 de marzo de 2017.

La alcaldesa de València, entonces portavoz adjunta del PP, defendió la ley de Cotino ante la izquierda, cuestionando que se vulnere la libertad de decidir de las mujeres. Catalá criticó que se derogase una ley que surgió de una iniciativa legislatura popular pasando la “apisonadora” y “sin argumentos” cuando “no hace daño a nadie”. En el debate parlamentario de la derogación, Catalá defendió que la norma contemplaba “la protección institucional de derechos de las madres, la colaboración y coordinación administrativa, las ayudas a mujeres gestantes o las ayudas sociales como el acceso directo a la renta garantizada para menores embarazadas y que libremente deciden continuar con su embarazo”. El Ayuntamiento de València no tiene prestaciones para los no nacidos, pero sí “ayudas para el fomento de la natalidad”: un cheque de 400 euros por cada menor nacido o adoptado en la ciudad, con criterios de empadronamiento mínimo de 4 años que limitan el acceso a la población migrante.