Las encuestas demuestran el coste que supone que los jueces se conviertan en actores políticos de la legislatura

Sólo hay que echarle un poco de creatividad judicial para imaginarse a Begoña Gómez huyendo de la justicia, convirtiéndose en una fugitiva por todo el mundo y dedicada a una vida consagrada al crimen. Abandonaría a su marido e hijas y se lanzaría al lado salvaje de la vida, quizá dirigiendo un cártel de narcos en Latinoamérica o una organización en el sureste asiático centrada en la exportación de heroína. Se cortaría el pelo para que no la identificaran y se haría unos tatuajes para dar imagen peligrosa. De vez en cuando, enviaría un mensaje al juez Peinado para burlarse de él. De esposa del presidente a la nueva Lara Croft.

El juez Antonio Viejo creía estar en un escenario de esas características al tener que decidir sobre si Gómez podía viajar a Turquía para asistir a una cumbre de la OTAN acompañando a Pedro Sánchez y a Londres para presenciar la graduación de su hija. Todo porque Juan Carlos Peinado cree que existe riesgo de fuga, por lo que ordenó retirarle el pasaporte. Viejo se ocupó de resaltar las diferencias entre Reino Unido y Turquía para terminar decretando que la colaboración judicial con el país que abandonó la Unión Europea es mucho mayor. No debió de haberse enterado de los años que pasaron desde que EEUU pidió a los británicos la extradición de Julian Assange. Por no hablar de que Bélgica y Alemania forman parte de la UE y no por eso concedieron a España la entrega de Carles Puigdemont.

Es simplemente otra semana en que los magistrados han tomado decisiones en casos de gran impacto político ante la evidente incomprensión de muchos ciudadanos. Peinado suele protagonizar estos momentos, no en vano su porcentaje de aciertos no es muy alto. Durante los más de dos años que ha durado su investigación contra Gómez, la Audiencia de Madrid ha tenido que estudiar veinte recursos y ha anulado una decena de resoluciones del juez. Eso no es lo habitual en la justicia. Como magistrado, su balance parece bastante mediocre.

En una ocasión, la Audiencia Provincial criticó la “sumamente reducida, por no decir prácticamente inexistente” motivación del auto por el que Peinado acordó que Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, pasara de testigo a imputada. La Fiscalía le acusó de basarse en “hipótesis” y “alambicadas teorías” para sentar en el banquillo a Gómez.

Lo que para las asociaciones judiciales es una muestra de que el sistema funciona –porque las instancias superiores revisan las decisiones de los jueces instructores– no lo es tanto para los votantes de izquierda. No dan crédito a que esa instrucción se haya prolongado tanto tiempo y que haya concluido con un procesamiento por varios delitos, incluido el de apropiación indebida, cuando Gómez no ha recibido ningún ingreso por ser directora de una cátedra extraordinaria de la Complutense ni por el software de uso gratuito que varias empresas financiaron.

Ante este escenario, los resultados de una encuesta del Instituto 40dB para El País revelan cómo la politización de la justicia ha contribuido a la caída de la reputación de jueces y tribunales. El 65% cree que en España existe lawfare (decisiones judiciales aprobadas con intención política), una acusación desde la izquierda que ha proliferado en esta legislatura. Sólo el 23% está convencido de que los jueces son imparciales. Un 50% responde que sus decisiones favorecen a la derecha (un 34%) o la izquierda (16%). Cuando se les pregunta por casos concretos, el mayor grado de escepticismo se manifiesta sobre las investigaciones de Begoña Gómez y David Sánchez, el hermano del presidente que ya ha sido juzgado.

Una encuesta publicada por este diario arroja conclusiones similares. El 47,8% considera que la justicia no actúa de forma imparcial, frente al 34,9% que cree que jueces y fiscales realizan su trabajo de forma objetiva. Lo mismo se puede decir de otro sondeo reciente de La Vanguardia, que dice que el 58% de la gente piensa que “hay jueces que están haciendo política”.

El CIS incluye cuatro preguntas sobre la justicia en su último sondeo. En una de ellas, sólo un 21,8% cree que la justicia “siempre es imparcial en procesos políticos que afectan a partidos políticos”. Un 76,9% opina lo contrario.

No todo se debe a la crispada situación política actual. En una encuesta del CIS de julio de 2019, los españoles ya mostraban su malestar con el funcionamiento de la justicia. El 50,8% decía que el grado de independencia de los jueces era muy o bastante bajo. Sólo el 29,4% lo consideraba alto. Un 59,4% pensaba que los jueces inspiraban poca o ninguna confianza.

Fueron los jueces los que decidieron ocupar la primera línea de la confrontación política con las concentraciones contra el proyecto de ley de amnistía en 2023. Los magistrados tenían el derecho a mostrar su opinión como ciudadanos. Decidieron responder a ella como colectivo, lo que les convirtió en otro actor político. En el plano simbólico, dieron un paso fácilmente interpretable. Algunos de ellos se plantaron ante los juzgados vestidos con sus togas. Con esas concentraciones, pretendían representar a un poder del Estado enfrentado a un Gobierno y después al Parlamento que iba a aprobar esa ley.

El ministro de Justicia optó el martes por reducir la polémica a unos casos específicos cuando le preguntaron sobre el tema en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Algunas resoluciones judiciales, muy pocas, generan daño a la imagen de la justicia”, dijo Félix Bolaños, que pidió que se regule cuanto antes la acusación popular. En el estado actual de la legislatura, no hay ninguna posibilidad de que salga adelante una reforma de un derecho que está además reconocido por el artículo 125 de la Constitución.

Varias asociaciones jurídicas de ideología ultraderechista han contribuido con sus querellas a la politización de la justicia al encontrar a jueces comprensivos con sus teorías y personarse en esas investigaciones. También han cosechado sonoras derrotas en el Tribunal Supremo. Pero sólo necesitan unas pocas victorias para justificar su conducta ante los que financian sus iniciativas.

Bolaños puede argumentar que solo unos pocos ejemplos de instrucciones judiciales pueden resultar “incomprensibles para la ciudadanía” y que la mayoría de los jueces realiza bien su trabajo. Pero cuando la actualidad política está totalmente condicionada por esos casos y algunos son extremadamente polémicos, es cuestión de tiempo que la imagen de toda la justicia se vea abducida por la crispación en la que vive inmersa la política. Para la derecha judicial, eso no es un problema, sino una oportunidad.