La Justicia francesa rebaja la inhabilitación de Le Pen y abre la puerta a que se presente a las elecciones presidenciales

El Tribunal de Apelación de París ha confirmado la sentencia dictada en primera instancia contra Marine Le Pen por malversación de fondos públicos, pero ha rebajado la pena a tres años de prisión, dos de ellos en libertad condicional, así como a una inhabilitación de 45 meses, 30 de ellos condicionales, lo que la reduce a 15 meses firmes. Por lo tanto, la Justicia ha despejado en segunda instancia el camino a la líder de la extrema derecha —que ya ha pasado 15 meses en situación de inelegibilidad— para presentarse a las próximas elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se celebrará en abril de 2027.

Le Pen deberá ahora decidir si sigue adelante o no con su candidatura. Incluso con la rebaja de la pena, deberá cumplir un año de prisión firme con un brazalete electrónico. Más allá de la posible inhabilitación, la líder ultra también había asegurado previamente que esta condición imposibilitaría la campaña. “Cuando se es candidato a las presidenciales, hay que tener total libertad de movimiento”, afirmó recientemente. Invitada la noche del martes en el telediario nocturno de la cadena TF1, es previsible que la diputada anuncie entonces su decisión.

La líder ultraderechista, junto a varios antiguos eurodiputados del Frente Nacional (hoy rebautizado Agrupación Nacional), fueron condenados en primera instancia por un delito de malversación de fondos públicos. En concreto, los jueces establecieron que habían utilizado grandes sumas del dinero destinado a los asistentes parlamentarios de los eurodiputados para financiar otras actividades del partido en Francia.

La sentencia consideró probada “la existencia de un sistema organizado, centralizado y optimizado”, entre 2004 y 2016, con Marine Le Pen “en el centro” como última responsable del partido desde que tomó las riendas en 2011. El tribunal estimó que la formación lepenista malversó 2,9 millones de euros durante más de 11 años, a través del sistema de empleos ficticios que consistía en hacer que los asistentes parlamentarios de los eurodiputados trabajaran para el partido.

Le Pen fue condenada en marzo del año pasado a cuatro años de prisión, dos de ellos sin posibilidad de libertad condicional (que podría cumplir con brazalete electrónico), además de una multa de 100.000 euros y cinco años de inhabilitación para cargos públicos con ejecución inmediata. Si bien el tribunal de apelación ha confirmado las sentencias, ha reducido las penas de prisión e inhabilitación para la mayoría de los candidatos.

La inhabilitación desató un terremoto político en Francia porque la eliminaba de la carrera para las elecciones presidenciales del año que viene. En el juicio ante el Tribunal de Apelación de París, celebrado el pasado febrero, la Fiscalía solicitó que se confirmaran las penas requeridas en primera instancia, aunque redujo ligeramente la petición de cárcel a solo un año de prisión efectiva. Durante el proceso, Le Pen negó haber cometido delito alguno y defendió la legalidad de las contrataciones, aunque admitió posibles errores de gestión e insistió en que actuó de “buena fe”.

La triple candidata a las elecciones presidenciales (finalista en 2017 y 2022) anunció ya en febrero que la decisión del tribunal de apelación determinaría el futuro de su candidatura.

Y, como ya hizo en el momento de la primera sentencia, había tratado de vincular la decisión de su proceso judicial con una supuesta limitación de la democracia. “Esta decisión puede obstaculizar el funcionamiento democrático de nuestro país. Puede decidir por vosotros”, afirmó Le Pen este fin de semana en el último gran mitin del partido antes de conocerse el resultado de la apelación.

Anticipando los ataques políticos derivados de su decisión (como los que acompañaron a la primera sentencia), a mediados de mayo, el tribunal nombró como portavoz a una magistrada, con el fin de “acompañar” la publicación de decisiones “en el debate público y mediático, con un enfoque pedagógico”.

Relevo

Ese último gran mitin de Agrupación Nacional, celebrado este fin de semana en Liévin, en el norte del país, estuvo en realidad más enfocado a preparar la transición de la candidatura de Le Pen a la de Jordan Bardella que a reivindicar a la líder histórica de la extrema derecha francesa. Pocos en el país confiaban en una rebaja de la pena y el estado mayor del partido había comenzado a preparar el terreno para una campaña con Bardella.

“[Jordan Bardella] Nunca ha traicionado mi confianza”, afirmó Le Pen. “Si la justicia me prohíbe presentarme a las presidenciales [de 2027], apoyaré a Jordan con energía, gran convicción y gran confianza”.

La decisión es aún más relevante teniendo en cuenta que la extrema derecha lepenista está en posición destacada en todos los sondeos de cara a la primera vuelta de las presidenciales del año que viene, tanto en la hipótesis de una candidatura de Marine Le Pen como en el caso de un relevo de Jordan Bardella. De hecho, los expertos en demoscopia apuntan que, a día de hoy, las encuestas son ligeramente más favorables para Bardella.