La desconfianza en la Justicia

Tenía que pasar. Hay que asumir que hace mucho tiempo que en España se está manoseando a la Justicia de una manera insólita desde prácticamente todos los frentes, y era cuestión de tiempo que se abriera en la ciudadanía un debate precedido de una pregunta: ¿realmente podemos confiar en nuestros jueces?

Han confluido demasiados factores hasta llevar a la sociedad a un punto en el que, si no se despierta a tiempo, vamos a seguir viviendo una pesadilla que ya dura demasiado. Ahora ha evidenciado una encuesta el descontento, pero hace mucho tiempo que se debería haber corregido el rumbo de la nave asumiendo cada cual su tanto de culpa, modificando su comportamiento hacia un futuro en el que se identifiquen y corrijan los malos usos, como ha pasado antes, tantas veces, en la historia.

Aunque, ciertamente, podrían ser más, cabe destacar nada menos que nueve factores que nos han llevado hasta aquí.

El primero, y tal vez el desencadenante, han sido algunas resoluciones sorprendentes, o muy difícilmente explicables, de algunos tribunales. Para quien estuvo en Barcelona en aquella manifestación frente a la Conselleria d’Economia, que fue fundamentalmente festiva, con gente tomando cañas y tapas tranquilamente en las terrazas de los bares a escasos metros, resultó muy difícil entender que la Fiscalía viera nada menos que “rebelión” en dos de los líderes de esa manifestación por subirse a un coche de policía y suplicar a la gente que se fuera a casa. Al final se condenó por sedición, pero debe recordarse que ningún tribunal de otro país europeo vio esos delitos. Algo parecido sucedió cuando un fiscal general del Estado fue condenado por haber rectificado una noticia falsa, sin que se demostrara, superando el umbral de la presunción de inocencia, que fuera él quien filtró un mail. Y todo ello mientras hemos presenciado constantes filtraciones de material judicial sin que nadie haya investigado a los supuestos responsables con la extrema dureza con la que lo fue el fiscal general, como estamos viendo actualmente con la vida privada de Rodríguez Zapatero.

También se ha visto a un juez persiguiendo hasta la extenuación a la esposa del presidente del Gobierno por delitos que han ido cambiando a lo largo de la instrucción y de los que escasos o ningún indicio existe. La Audiencia Provincial de Madrid le ha dejado hacer, aun con múltiples correcciones. Pero incluso fue rechazada, con cajas innecesariamente destempladas, toda una querella por prevaricación nada menos que de la Abogacía del Estado ante los erráticos movimientos del juez en este caso, que incluso llevaron a la inconducente declaración de Pedro Sánchez, o al sorprendente intento de imputación del ministro de justicia desautorizado con contundencia por el Tribunal Supremo. Y todo ello mientras parece que la investigación contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, o contra Cristóbal Montoro, no se acaban nunca. O surgen resoluciones judiciales con impacto político en el momento más inoportuno. Todo ello siempre tiene una explicación razonable, claro está, pero la reiteración en las casualidades ha activado las suspicacias.

Tampoco ha ayudado (dos) que se haya evidenciado totalmente, con siempre irresponsables retrasos con cálculos partidistas, que la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial es marcadamente política, o que se hayan situado en el Tribunal Constitucional, también con político retraso, a perfiles con un marcado sesgo partidista y escaso o ningún prestigio, cosa que también ha sucedido, por cierto, en el Tribunal Supremo. También ha trascendido (tres) el descarado uso de las llamadas puertas giratorias de la justicia a la política, y al revés, con reiteración. Y todo ello mientras (cuatro) se ha exhibido por parte del colectivo una tremenda autocomplacencia ante todo lo anterior, llamando a “respetar a la justicia” mientras se intentaba minimizar la gravedad de lo sucedido, sin el más mínimo propósito de la enmienda. Sorprendente (cinco) también ha sido que algunos políticos anuncien imputaciones de otros -el famoso “p’alante”- y no se equivoquen ni les critique ninguna asociación judicial. ¿Cabe concebir más grueso salivazo contra la independencia judicial?

Y todo lo anterior se acompaña del recuerdo (seis) de los tremendos retrasos en los juzgados que han padecido no pocos ciudadanos, resoluciones superficiales o desacertadas fruto del colapso de asuntos, y en algunos casos (siete) incluso conductas inapropiadas o frívolas de los jueces durante los procesos que no han merecido ni siquiera una advertencia por parte del Consejo General del Poder Judicial. ¿De veras que alguien cree que es una conducta apropiada empezar a hablar de una marisquería durante la declaración de un imputado que podía acabar en prisión?

Esa frivolidad de algunos también se ha reflejado en otros jueces especialmente activos en las redes sociales (ocho), que han roto por completo su apariencia de imparcialidad haciendo muy vehementes comentarios políticos, edificante conducta por la que hasta han llegado a ser amparados, de un modo u otro, por el Consejo General del Poder Judicial.

Por último (nueve), ya es conocido en la sociedad que el acceso a la función de juez depende de una oposición solamente memorística para la que los candidatos suelen contar con “preparadores” cuyo pago ha trascendido que es opaco en demasiadas ocasiones. Puede que sean ya demasiados contratiempos para seguir manteniendo un sistema de oposición que, paradójicamente, es considerado la auténtica joya de la corona para todo el colectivo.

Después de todo lo anterior, es evidente que la percepción ciudadana algún día tenía que sensibilizarse. Ojalá ello anime reformas que son imprescindibles y urgentes… desde hace décadas.