Menos credulidad y más presunción de inocencia

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado. A partir de ahí, aunque ha encontrado algunos comentarios de apoyo, casi todas las reflexiones han sido prudentes, matizadas, y no incondicionales respaldándole. Siempre se habla de la crisis de credibilidad de la justicia, pero hay que aceptar que todavía conserva un no desdeñable prestigio en la sociedad porque, de lo contrario, cuando alguien es investigado por los tribunales, surgirían más voces recelando de sus actuaciones. Sin embargo, no es así, ni siquiera en casos en que desde el principio es evidente que no hay absolutamente nada contra esa persona, como, por cierto, les ha pasado a algunos humoristas, sin ir más lejos. O hasta a dos titiriteros, que acabaron en prisión provisional por representar un guiñol en el que una de las marionetas, con intención incuestionablemente satírica, exhibía el cartel “Gora Alka-ETA”. O a la pobre Dolores Vázquez, cuando lo único que objetivamente la involucraba con los hechos era un tremendo prejuicio ciudadano contra la homosexualidad, completado con amarillismo periodístico y una mala praxis policial.

Pero es indiferente. La memoria de los errores colectivos es muy corta. La realidad es que nadie cree a un reo. Este es un drama que ha sufrido cualquiera que ha estado involucrado en un proceso penal. Por mucho que tus amigos o tu propia familia te conozcan muy bien y sepan que serías incapaz de hacer según qué, cuando se produce una imputación, por disparatada que sea, se activa en la cabeza de cualquier persona el siguiente pensamiento: ¿Será verdad?

Científicamente no se ha estudiado mucho esa reacción instintiva, aunque existen claras razones psicológicas y sociológicas que la explican. En primer lugar, todo ser vivo tiene instinto de supervivencia, lo que biológicamente le lleva a alejarse inmediatamente de los peligros. Obviamente, el autor de un delito puede serlo, pero para identificarlo como peligro, antes hay que creer la imputación que existe sobre él. Y en eso cae todo el mundo. Además, existe una tendencia en el ser humano a interesarse mucho en informaciones desconocidas y alarmantes. Esa tendencia se explica también por ese instinto de supervivencia, aunque también por algo que ha hecho crecer muchísimo a nuestra especie: el hecho de poder compartir información a través del lenguaje. Por ello el periodismo se especializa especialmente en ese tipo de datos, porque son los que tienen más éxito de audiencia. Y es justamente esto, la difusión en la sociedad, lo único que necesita un rumor para consolidarse como información falsariamente verdadera en la sociedad. Lo tiene muy bien estudiado la Psicología social en interesantes análisis muy reveladores.

Todo ello genera lo que llamo desde hace años “prejuicio social de culpabilidad”. Es sistemático en cualquier cultura del mundo, y precisamente para combatirlo y dejarle al reo alguna oportunidad de defensa, existe desde hace casi 3.800 años la presunción de inocencia, a la que ya se refería indirectamente el Código de Hammurabi nada menos que en su Ley 1. Tan importante era ya entonces el problema que incluso podemos encontrar, siglos después, una referencia ya directa a la presunción de inocencia en el Shujing chino, que data nada menos del siglo IV a.C. Pero la afirmación que ha influido a nuestra cultura la debemos al Derecho romano, concretamente a Ulpiano (siglos II-III d.C.), de donde surge la muy difundida frase de que es mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente.

No sólo existe la presunción de inocencia para permitir la defensa de un reo, sino que su cometido principal es garantizar la imparcialidad judicial. Al fin y al cabo, un juez es también un ser humano que pertenece a la sociedad y, por supuesto, también puede ser víctima del prejuicio social de culpabilidad. Aunque conoce, sin duda, lo que es la presunción de inocencia, y eso es una ventaja, el inconveniente es que un juez no recibe ninguna formación específica —particularmente psicológica— para conseguir esa neutralidad, por lo que sólo queda confiar en su presencia de ánimo, siempre variable de sujeto a sujeto, como no puede ser de otro modo. Así se introduce un factor de inseguridad jurídica que a duras penas combate la presunción de inocencia, aunque sea nada menos que un derecho fundamental en España. Consulten el art. 24.2 de la Constitución y lo encontrarán.

Con toda esa batería de protección jurídica, y en plena consciencia del problema gigantesco que supone el prejuicio social de culpabilidad, siempre que aparece una persona como imputada, está absolutamente injustificado levantar las campanas al vuelo y señalarlo entre siniestras carcajadas enojadas como culpable. Igual que es absurdo caer en la desesperanza ingenua de los que confiaban ciegamente en el reo y, de repente, sin habérsele condenado, le dan la espalda por atribuírsele indiciariamente hechos delictivos. Esa atribución es sólo una simple hipótesis que debe comprobarse antes de atribuirle una mínima credibilidad.

En el caso del expresidente estamos en un momento muy incipiente del proceso. Además, ni siquiera se ofrecen datos concretos de su participación en un supuesto delito de tráfico de influencias, ni tampoco en el de blanqueo de capitales. Hasta el momento, las cantidades que se están investigando habían sido cobradas sin ocultación alguna por servicios que efectivamente parecen haberse prestado. Otra cosa, naturalmente, es la cuantía de lo cobrado, los destinatarios del cobro, si existen más cantidades aparte de esas y si hay otros datos que permitan percibir con verosimilitud la responsabilidad del expresidente.

Pero incluso si aparecieran esos datos, el proceso no se celebra en vano. No podemos pronunciar una condena cuando el caso acaba de empezar. Ahora mismo solamente se están recogiendo vestigios y ni siquiera está el asunto en presencia del juez que debería juzgarlo en su día, lo que, por cierto, todavía no sabemos ni tan solo si va a suceder, puesto que, de no aparecer otros datos incriminatorios, habría que pronunciar un sobreseimiento, que hasta puede llegar a equivaler a una sentencia absolutoria anticipada, aunque ello no suela suceder con la frecuencia que, por cierto, debiera. Es una señal de que los jueces, por desgracia, no siempre están todo lo cerca que debieran de la presunción de inocencia.

Por tanto, es normal que los políticos hagan las declaraciones que más crean que les benefician en términos demoscópicos o electoralistas para manipular la opinión pública a su conveniencia. Pero el ciudadano corriente debería estar al margen de esas soflamas y hallarse más familiarizado con la presunción de inocencia. Cuando hay una acusación, casi todos se apuntan al carro de los crédulos y gritan culpable. La experiencia de milenios, que ya ha sido descrita en este artículo, enseña que acostumbran a acertar los escépticos. Intenten no olvidarlo en ningún caso, incluso cuando odien, por la razón que sea, al imputado. Esto vale para todos, con independencia del color político.