Leire Díez sostiene que su detención fue “desproporcionada e injustificada” y pide anular la causa

La defensa de la exmilitante socialista Leire Díez ha lanzado un órdago al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz: quiere que se anule toda la causa porque entiende en su detención en diciembre de 2025 se vulneraron sus derechos fundamentales. Considera que la medida fue “completamente desproporcionada, injustificada, y no contó con la autorización judicial habilitante”.

En el incidente de nulidad que ha presentado explica que esa detención tiene origen en lo que se encontró en los registros realizados por la UCO de la Guardia Civil al empresario vasco Antxon Alonso en el marco de otra causa distinta: el caso Mascarillas que instruía el Tribunal Supremo. Explica que, a su juicio, la fuerza actuante instructora era la UCO y que se la detuvo “sin tener el más mínimo indicio de que no comparecería ante la autoridad judicial o se fugaría porque ni siquiera sabía que estaba siendo investigada ni que iban a procesarla”.

Explica, además, que los hechos por los que fue detenida “son puramente genéricos y no se acompañaron de relato fáctico concreto” que permitiera concluir con precisión y objetividad una intervención delictiva por parte de Leire Díez. “Su detención únicamente se sostiene, genéricamente, con la supuesta participación en un grupo con otras dos personas por el que habrían influenciado a ciertas personas con cargos públicos para orientar expedientes de la Administración en beneficio propio o de terceros, percibiendo a cambio comisiones canalizadas a través de la sociedad Mediaciones Martínez SL”, explica, para subrayar que, por tanto, fue “ilegítima y nula de pleno derecho”.

Además, recalca que tampoco se explicó entonces por qué fue precisa la detención de la presunta 'fontanera' del PSOE y no bastó con una mera citación en sede policial o judicial de manera voluntaria. Máxime “cuando la causa de la que se extraen los supuestos indicios contra ella llevaba abierta un año y nunca antes había sido precisa su detención, produciéndose esta en plena vía pública al medio día sin observarse actuación delictiva flagrante”.

La defensa de Leire Díez denuncia también que se vulneraron sus derechos al intervenir sus dispositivos móviles y otras pertenencias en los cuatro diferentes registros realizados sin una motivación fundada y sin auto judicial que habilitara. Explica que, partiendo de que la detención es nula, “todo lo derivado de la misma también es nulo”. Así, tanto la incautación de dispostivos como cualquier diligencia o resolución judicial derivada también lo es.

Fuentes del entorno de la exmilitante socialista señalan a este periódico que, por el momento, no se prevé ningún cambio en la defensa legal de sus intereses. Díez consta como investigada junto al exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán, el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso por amañar contratos públicos. También se le investiga por, presuntamente, tratar de desestabilizar procedimientos judiciales abiertos contra personas vinculadas al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno.