El PSOE extremeño recela de la última imputación del juez Peinado y el PP contraataca exigiendo elecciones

La citación como investigada de la exconsejera de Transición Ecológica y actual presidenta de Enresa, Olga García, por un presunto delito de prevaricación ambiental en la tramitación de la planta fotovoltaica 'FV Tagus' en Alcántara, ha provocado este lunes una inmediata oleada de reacciones entre las principales fuerzas políticas de la región. El cruce de declaraciones en rueda de prensa ha evidenciado la profunda distancia entre el PSOE, que reclama cautela y sitúa el grueso de la gestión en el ámbito estatal, y el PP y Vox, que coinciden en exigir la depuración de responsabilidades institucionales.

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, ha apelado formalmente a la presunción de inocencia de la exconsejera, manifestando el deseo de su formación de que el caso judicial se desarrolle con normalidad y con pleno respeto a la justicia.

Durante su comparecencia, González Andrade ha señalado que llama la atención que la imputación proceda del juzgado que dirige el magistrado Juan Carlos Peinado. Asimismo, ha querido matizar el peso de la administración regional en el proceso al recordar que, debido a las dimensiones de la macroplanta promovida por la filial de Iberdrola, el expediente administrativo principal se tramitó e instruyó desde los ministerios en Madrid, por lo que la intervención de la comunidad autónoma se limitó al envío de determinados informes técnicos requeridos durante la tramitación.

Por el contrario, el portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha mostrado una postura muy crítica al encuadrar la imputación de García dentro de un escenario de irregularidades que, a su juicio, afectan de forma continuada a las siglas socialistas.

Núñez ha considerado intolerable que una persona que lideró un departamento clave en la Junta, y que hoy gestiona una empresa pública con competencias directas sobre el futuro de Almaraz, deba comparecer ante un tribunal en calidad de investigada. Ante este escenario, el portavoz popular ha exigido formalmente transparencia, rendición de cuentas y la convocatoria de elecciones, instando al PSOE regional a romper lo que califican de silencio cómplice y a depurar las responsabilidades políticas correspondientes mientras la justicia sigue su curso con total independencia.

En una línea similar, la portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, ha lamentado que el nombre de la región se vea vinculado de nuevo a un presunto caso de prevaricación administrativa. Checa ha aseverado que la comunidad autónoma no puede convertirse en un refugio, pantalla ni cementerio político de cargos públicos señalados por los tribunales, instando a actuar con contundencia frente a cualquier indicio de irregularidad en la concesión de permisos públicos.

La jornada de comparecencias ha concluido conectando este debate con otros asuntos de la agenda regional, como la posición extremeña ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el balance del desempleo del mes de junio y la situación de la red de protección de menores.