El Gobierno recupera una idea de Montoro en 2013 para tentar a las comunidades del PP peor financiadas

El cambio en el Ministerio de Hacienda, con la llegada de Arcadi España para suplir la salida de María Jesús Montero hacia Andalucía, no ha cambiado un ápice la estrategia del Gobierno a la hora de negociar con las comunidades autónomas que dirige el Partido Popular: echar sal en la herida de los agravios entre las distintas regiones del mismo color político por la financiación que reciben unas y otras.

Los intereses de la Comunitat Valenciana o la Región de Murcia, los territorios peor tratados por el sistema de financiación autonómica, son diferentes de los de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Las tres están en manos del PP pero, en cuanto a las cuentas públicas se refiere, sus necesidades son bien distintas.

Las reformas de financiación de las comunidades autónomas que ha ido poniendo encima de la mesa el Gobierno a lo largo de esta legislatura han servido para explotar la debilidad que supone para el PP liderar la mayoría de los ejecutivos regionales. Pasó con la condonación de más de 80.000 millones de deuda pública regional, que arrojaba el mayor alivio para la Andalucía de Juanma Moreno (PP). O con la propuesta para reformar el sistema de reparto que plantea 15.000 millones de euros más para las regiones que ahora dirigen los populares.

El paso más allá llegó con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes, el que debía dar luz verde a los objetivos de estabilidad presupuestaria para los años 2027 a 2029, el paso previo para desbloquear la presentación de los Presupuestos. Allí, el ministro España planteó un déficit para el conjunto de las comunidades autónomas del 0,1% del producto interior bruto (PIB) durante los tres años. En conjunto, un mayor margen de gasto por valor de 5.849 millones para el trienio que se aprobará este martes en Consejo de Ministros.

Y Hacienda mostró su disposición a un reparto “asimétrico” de esos números rojos “teniendo en cuenta la situación fiscal diferente de cada una”.

“Hay muchas comunidades autónomas que han cerrado su ejercicio con superávit. Su estructura de gasto y otras condiciones como el modelo de financiación les garantizan ese superávit y, por tanto, no necesitan de un colchón financiero adicional que, en este caso, es el déficit”, justificó España en la rueda de prensa posterior al encuentro. “Lo que hemos propuesto, que han propuesto comunidades del PP en otro momento y se ha aprobado en nuestro país en el año 2013, es un ejercicio que debe llevar a la reflexión. Que se lo pregunten a la Comunitat Valenciana o a Murcia si quieren, de ese 0,1%, tener una parte mayor para ellos”, planteó el ministro tras su primer CPFF al frente de Hacienda.

Madrid lo rechaza y Murcia lo “estudiará”

España llevó la propuesta después de su experiencia como conseller de Hacienda en la Generalitat valenciana, que recibió el aval de la representante catalana, Alícia Romero. Comunidades como Madrid mostraron su rechazo con contundencia, mientras que los Gobiernos de la Comunitat Valenciana o Murcia se mostraron más abiertos a la idea del Ministerio.

“La posición de la Comunidad de Madrid es que todos tenemos que tener los mismos objetivos de déficit y de deuda. En caso de que se planteara un déficit asimétrico, la lógica te dice que el que más cumple tendría que tener mayores posibilidades, no al que más incumple darle más posibilidad”, dijo la madrileña Rocío Albert.

El valenciano José Antonio Rovira, apretado a preguntas de la prensa, respondió que su opinión tampoco era tan importante. “No estoy en contra, pero tampoco es una cuestión relevante”, señaló. “Poner el mismo déficit a todas las comunidades autónomas con un sistema de financiación que privilegia a unas frente a otras no tiene sentido”, dijo a renglón seguido.

“Vamos a estudiarla”, respondió, por su parte, la consejera murciana Marisa López.

En puridad, la propuesta de ese déficit bosquejada por España no es nueva. Ya en 2013 el ministro de Hacienda de entonces, Cristóbal Montoro, se aprobaron unos números rojos del 1,3% del PIB. Algunas comunidades autónomas tuvieron un margen superior, como Baleares (-1,47%), Cataluña (-1,58%), Andalucía (-1,58%), Murcia (-1,59%) y Comunidad Valenciana (-1,60%). A otras, que partían de situaciones mejores, se les exigió una mayor consolidación: Extremadura (-1%), La Rioja (-1,06%), Asturias (-1,06%) y Comunidad de Madrid (-1,07%).

La realidad es que, con datos de 2025, las comunidades autónomas registraron cuentas con una salud muy dispar. En un extremo se encontraba Navarra, con un superávit del 2% del PIB, junto con otras siete regiones. Al otro lado, Murcia (-1,56%) y la Comunitat Valenciana (-1,54%) tuvieron los mayores números rojos, junto con otras siete. En total el déficit de las comunidades autónomas fue del 0,3%. El triple de lo estipulado en un principio para ese año.

“No todas las comunidades parten de la misma base”, justificó España en la rueda de prensa de este lunes. “Es un ejercicio de solidaridad entre las comunidades autónomas que lo necesitan y las que no lo necesitan”, insistió.

“¿Quieren ser solidarias [las del PP] con otra comunidad de su signo político o no quieren serlo? Yo soy partidario de la solidaridad, incluso si no es de su signo político”, dijo.

Si bien el ministro no detalló cómo articular ese mecanismo, España planteó que las comunidades autónomas llegaran a un acuerdo previo para ese reparto o a la intervención de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para realizar un borrador de ese cálculo. Sin embargo, fuentes gubernamentales reconocieron que había “poca agua” para un pacto de estas características. Pero las cartas ya están encima de la mesa. Otra cosa es que la partida llegue a jugarse.