Europa quiere ser un infierno para los inmigrantes pero Sánchez no va a ceder

¿Hasta qué punto está solo Pedro Sánchez en el debate migratorio de la UE? Algunos medios lo han destacado con el fervor de quien cree haber recibido una buena noticia. No están muy equivocados. Por primera vez en mucho tiempo, la posición de España es minoritaria en Bruselas en el terreno de los principios, más allá de cuestiones presupuestarias. Europa pretende seguir los pasos de Donald Trump y convertir la UE en un infierno para los migrantes. Sánchez es el único dirigente que se niega a aceptar una corriente de opinión xenófoba que ahora es mayoritaria entre los gobiernos europeos.

El aumento de votos a los partidos de extrema derecha ha hecho que Ursula von der Leyen y la derecha europea se hayan decidido a considerar alternativas con las que reducir la llegada de migrantes que antes carecían de apoyos reales. El caso más claro es el de los centros de repatriación o retorno que serían construidos en terceros países, en su mayor parte en África y Asia. La idea tenía una dudosa cobertura legal, como descubrió Keir Starmer en Reino Unido con su acuerdo con Ruanda y Giorgia Meloni con el plan fracasado de hacer lo mismo en Albania. Ahora todo parece indicar que es cuestión de tiempo que esos centros vayan a existir, aunque aún no se sepa dónde.

Una de sus grandes defensoras no milita precisamente en la ultraderecha. La primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, está convencida de que esos centros serán una realidad como muy tarde en 2027. Habrá un numeroso grupo de países dispuestos a seguir esa vía. Allí enviarán a los solicitantes de asilo mientras se tramitan sus peticiones durante años y a aquellos que deben ser deportados a sus países de origen, pero que resulta imposible hacerlo por la negativa de sus gobiernos a aceptarlos.

Diecinueve países europeos apoyaron en junio poner en marcha estos centros siguiendo el camino marcado por Meloni con Albania. Quieren que sean financiados con el presupuesto comunitario –el próximo que se negocia es para el periodo 2028-2034– con una cantidad que ascendería a 20.000 millones de euros, incluidos los fondos que se entregan a gobiernos extranjeros para limitar la llegada de sus ciudadanos a Europa.

Sánchez se opuso por considerarla una solución ineficaz que además “es contraria a los valores de la UE”. Emmanuel Macron compartió este último punto de vista.

Los críticos al proyecto de los centros los han llamado “los Guantánamos de la UE”, porque no habrá garantías reales de que se respeten sus derechos humanos. Quedarán en un limbo jurídico en el que todos los incentivos estarán diseñados para convencerles de que deben volver voluntariamente a sus países.

Frederiksen sostiene que esos centros deberán respetar el Derecho Internacional. “Nadie me ha podido convencer de que no sea una idea socialdemócrata contar con centros de repatriación fuera de Europa”.

El mensaje de Sánchez no puede ser más diferente. “Hay dos maneras de afrontar la migración. Una, negar la realidad y alimentar la xenofobia. Sin migración en España, 90.000 bares tendrían que cerrar, 50.000 aulas se quedarían sin alumnos y desaparecería una de cada tres explotaciones agrícolas”, ha dicho esta semana. Las cifras no tienen por qué ser exactas, pero el perjuicio que sufriría la economía sin los inmigrantes resulta evidente. España no habría alcanzado cifras de crecimiento muy por encima de la media de la UE sin la aportación de los extranjeros en el mercado laboral.

Los gobernantes como Frederiksen creen que solo se puede ganar a la extrema derecha adoptando algunas de sus ideas y prejuicios sobre inmigración. Quizá porque sean las suyas. Cuando llegó al poder en 2019, dijo que aspiraba a que el número de solicitantes de asilo se redujera a cero.

El proceso de regularización de más de un millón de inmigrantes sin papeles en España ha sido otro elemento de tensión que confirma que Sánchez no se dejará arrastrar por las políticas que llegan del resto de Europa. Esta semana, el Partido Popular Europeo (PPE), que preside doce gobiernos de la UE, publicó una declaración política dirigida directamente contra Sánchez. Las regularizaciones a gran escala, afirmaron, “corren el riesgo de debilitar la credibilidad de la política migratoria de la Unión, generar un fuerte efecto llamada y provocar movimientos secundarios dentro del espacio Schengen”.

La referencia a los “movimientos secundarios” carece de base. “La regularización otorga un permiso de residencia y trabajo válido exclusivamente en territorio español”, dijo el lunes la ministra de Migraciones, Elma Saiz. No permitiría a los extranjeros legalizar su estancia en Francia o Alemania.

¿Cuál es la alternativa del PPE y del comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner? No está pensando en legalizar la presencia de extranjeros sin papeles, aunque esto les convierta en ciudadanos de segunda clase y sin derechos. “Debemos garantizar que, como regla, los migrantes irregulares abandonen la UE. Sin esto, nuestras políticas no son creíbles”, dijo Brunner en febrero. Esos gobiernos europeos saben que no pueden expulsar a todos los sin papeles y creen que ofrecerles una vía para legalizar su estancia es incompatible con la intención de que Europa sea un territorio hostil para los inmigrantes.

La falta de coherencia con otras realidades económicas europeas resulta evidente. El mismo Brunner alertó en junio de 2025 sobre las consecuencias de la realidad demográfica europea: “Si hoy detuviéramos toda la migración legal hacia Europa, nuestras economías serían entre un 9% y un 15% más pobres dentro de veinte años”. No hay más crecimiento demográfico que el que pueda propiciar la inmigración.

“Sobre la base de las tendencias actuales (según las previsiones de Eurostat hasta el año 2100), habrá 53 millones de personas menos viviendo en Europa que hoy. Eso significa que desaparecerá una octava parte de la población actual del continente. Ningún Estado miembro logrará compensar las muertes con nacimientos”, señala la web La Matinal Europea.

Brunner es un conservador austriaco que fue ministro de Hacienda. No son las proyecciones económicas las que le preocupan en estos momentos, sino la necesidad de no dejar a la extrema derecha el monopolio de la xenofobia. En la última encuesta de junio, el ultraderechista FPO saca con el 38% dieciocho puntos de ventaja a su partido –el OVP, miembro del PPE– y veinte puntos a los socialdemócratas. El alemán Friedrich Merz también ve con preocupación los sondeos. El de Forsa para RTL de finales de junio coloca a la ultraderechista AfD con un 26%, cuatro puntos por encima de la CDU. Los socialdemócratas, aliados de Merz en el Gobierno de coalición, se hunden hasta el 12%.

Sánchez no cedió cuando escuchó críticas de sus socios europeos ni cree que atacar a los inmigrantes le beneficiará en las encuestas de España. “Y si tienen alguna duda, pues que hablen con el Vaticano”, dijo en tono desafiante en la rueda de prensa posterior a la última cumbre. Sánchez prefirió estar solo antes que mal acompañado por la ultraderecha.