PP y Vox cierran el pacto en Andalucía: Moreno mete a la extrema derecha en su Gobierno y acata la 'prioridad nacional'

Juanma Moreno será investido presidente de la Junta de Andalucía este jueves, en segunda votación en el Parlamento, tras alcanzar un acuerdo in extremis con Vox muy similar al que la ultraderecha cerró con el PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El dirigente popular comparecerá en el Parlamento andaluz junto al portavoz andaluz de la ultraderecha, Manuel Gavira, media hora antes de esa segunda votación, para suscribir el llamado “Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía”, según han confirmado ambas formaciones en sendos comunicados a las 16.10 horas.

Moreno acató desde el inicio de las negociaciones el término antiinmigrante “prioridad nacional”, que venía allanado por otros tres barones populares y bendecido por la dirección nacional del PP, y también ha cedido a la entrada de Vox en su nuevo Gobierno.

En campaña electoral, el candidato popular alertó del “lío” que sería tener que negociar con la ultraderecha (“no tienen personal con experiencia en la administración” y minimizó la prioridad nacional a un “eslogan vacío” de dudosa legalidad. Tras ganar las elecciones del 17 de mayo y quedarse a dos escaños de la mayoría absoluta, siguió reclamando un Gobierno “en solitario” y pactos puntuales con Vox en el Parlamento. No ha logrado ni una cosa ni la otra.

La prioridad nacional significa, según la explicación de la ultraderecha, que las prestaciones y ayudas públicas beneficien antes a los ciudadanos españoles que a los inmigrantes. Lo que usarán para medir esta preferencia en el reparto de recursos públicos, intentando no tropezar con la Constitución, con el Estatuto de Autonomía y con la legislación, es el concepto de “arraigo”, esto es, el tiempo que llevan viviendo y trabajado en Andalucía.

El acuerdo programático que se firma este jueves contiene un centenar de medidas, recoge los puntos en común en materia fiscal y desregulación administrativa e introduce algunas propuestas ideológicas de Vox, pero deja abierta aún el peso que tendrán los consejeros de la ultraderecha en el nuevo gabinete.

Éste es el segundo pacto de gobernabilidad entre el PP de Moreno y el partido de Santiago Abascal. El primero, rubricado en enero de 2019, le convirtió en el primer presidente andaluz de derechas y abrió la puerta a la alternancia política en la única comunidad de España donde aún no había ocurrido (tras 37 años ininterrumpidos de gobiernos socialistas).

Moreno se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta (53), pero no ha sido ese número dos sobre el que ha pivotado la negociación entre ambos partidos, como hubiese querido el presidente andaluz. Han sido los 15 diputados de Vox y los 576.635 votos (13,8%) que obtuvieron en las pasadas elecciones. La dirección nacional del PP también ha remado en favor de un pacto andaluz “homologable” al del resto de comunidades, evitando que Moreno -referente de la derecha más moderada- salvase un perfil propio que le ha distinguido del resto de sus compañeros. Ese perfil se perdió con la mayoría absoluta.

Los de Abascal han ignorado los porcentajes a los que aludía Moreno para intentar desmarcarse de las concesiones que tuvieron que deglutir sus compañeros en Extremadura, Aragón y Castilla y León. El marco de negociación siempre ha sido uno: no aceptar que Andalucía y Moreno sean una excepción y, por tanto, asimilar lo máximo posible el pacto andaluz al del resto de territorios. Esta concatenación de acuerdos de gobiernos autonómicos -el cuarto en dos meses- es la hoja de ruta de Abascal y de Alberto Núñez Feijóo hacia la Moncloa.

Quinto gobierno andaluz de coalición

Éste será el quinto gobierno de coalición de la historia autonómica andaluza. El primero se gestió en la quinta legislatura [1996-2000] entre el PSOE de Manuel Chaves y el Partido Andalucista, entonces comandado por Antonio Ortega. Fue un pacto estable que duró todo el mandato y que se reeditó cuatro años más, en la sexta legislatura [2000-2004]. De aquella alianza, Chaves saldría reelegido en 2004 con 2,2 millones de votos y una mayoría absolutísima.

En 2012 el PSOE perdió las elecciones andaluzas por primera vez en su historia, frente al PP de Javier Arenas que se quedó a cinco diputados de la mayoría absoluta. Los socialistas pactaron un gobierno con Izquierda Unida (IU), presidido por José Antonio Griñán, con el líder de IU, Diego Valderas, como vicepresidente y tres consejerías en manos de los comunistas (Gobernación; Fomento y Vivienda, y Turismo). Duró tres años [2012-2018]. Griñán cedió la presidencia a Susana Díaz, que expulsó a sus socios del Ejecutivo y adelantó las elecciones para gobernar en solitario con apoyo externo de Ciudadanos.

El siguiente gobierno de coalición fue el primero ya sin los socialistas en la Junta [2019-2022], una alianza de PP y Ciudadanos, apoyada desde fuera por Vox. El partido de Albert Rivera, que se quedó a cinco escaños del PP más jibarizado de la historia (26 diputados), se hizo con una vicepresidencia y cinco consejerías. Vox le aprobó a Moreno tres presupuestos autonómicos, le tumbó el cuarto, y en las elecciones de 2022 los populares conquistaron su primera mayoría absoluta, con unos rotundos 58 escaños.

El futuro Gobierno de coalición PP-Vox nace del segundo acuerdo político con la ultraderecha, que es más tangible que el primero, porque contiene los “plazos de ejecución y las garantías de cumplimiento” que citó su líder andaluz, Manuel Gavira, en la primerra sesión de investidura fallida, el pasado martes. El PP andaluz es hoy más fuerte que hace ocho años y Moreno, indiscutiblemente, ha consolidado su liderazgo como referente de la derecha moderada en España.

Sin prisas

El inicio de las negociaciones se dilató durante12 días -hasta la primera llamada a Vox- en las que Moreno dijo no tener prisa y ofreció a la extrema derecha un gobierno del PP en solitario apoyado desde fuera por la ultraderecha con pactos puntuales en el Parlamento (el mismo formato que en 2019). Las primeras conversaciones entre los equipos negociadores no se iniciaron hasta el 9 de junio, apenas 48 horas antes de la constitución del Parlamento andaluz.

La falta de un acuerdo previo entre ambas formaciones de derechas también ha marcado el inicio de la XIII legislatura andaluza, el pasado 11 de junio. Ante la ausencia de un pacto, el PP se hizo con el control absoluto de la Mesa del Parlamento y obtuvo cinco de los siete puestos, mientras que Vox se quedó sin representación ni amagó con pedirla. Su objetivo era pactar todo el bloque político con el PP, de ahí que el acuerdo obligue ahora a rehacer la composición del órgano rector de la Cámara, y que alguno de los cinco dirigentes populares tengan que dimitir.

A diferencia de lo ocurrido en otros territorios -o puede que como consecuencia de ellos- el asunto sobre la prioridad nacional ha llegado muy diluído a la negociación. Moreno lo aceptó casi desde el principio -“todo el mundo lo ha firmado ya”-, consciente de que el impacto mediático es menor, una vez que ha acaparado titulares en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El dirigente popular se pasó la campaña electoral ignorando este tema, como un tabú, pero sin llegar a confrontar abiertamente con la política antiinmigrante de sus socios potenciales. Terminó por decir que la “prioridad nacional” era un “eslogan vacío”, que en la práctica tendría poco recorrido, porque el planteamiento de máximos de los ultra estaba acotado por la propia Constitución, el Estatuto de Autonomía y el Código Penal. “Si lo quieren llamar así, me parece bien”, dejó dicho a pocos días de las urnas.

A pesar de los aparentes desencuentros con Vox, Moreno se propuso formalmente ante el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, como candidato a la Presidencia de la Junta y solicitó la convocatoria del debate de investidura lo antes posible. El lunes pasado, sin límite de tiempo, presentó un proyecto político para un gobierno en solitario, con apenas guiños a la ultraderecha. No mencionó la prioridad nacional, pero hubiese dado lo mismo, porque cuando llevaba 40 minutos hablando, el portavoz nacional de Vox, desde Madrid, adelantó que dijera lo que dijera su grupo ya había decidido votar no ese día. Y amenazó con volverlo a hacer en la segunda votación, 48 horas después.

En todo este tiempo, Vox ha escenificado su voluntad de replicar en Andalucía sus otros pactos autonómicos. Su portavoz, Manuel Gavira, ha llegado a anticipar un voto contrario en la investidura si no se firmaban medidas concretas. Desde la oposición, la socialista María Jesús Montero viene denunciando que todo el proceso ha sido un teatro y que el pacto de gobierno entre el PP y Vox lleva semanas cerrado en secreto.