La agenda de la ultraderecha internacional secuestra la política española

“Que toda la crítica de los acuerdos con Vox sea ordenar el acceso a las ayudas conforme al arraigo me deja muy tranquilo”, aseguró Alberto Núñez Feijóo sobre los pactos de Gobierno en Castilla y León, Extremadura, Aragón y Andalucía, a los que se sumó el de presupuestos en la Comunitat Valenciana. En todos ellos se consagra la 'prioridad nacional', un concepto que los de Santiago Abascal han logrado instalar como eje del debate político español y que han relanzado con la crisis de Ceuta.

Pero la prioridad nacional no es una ocurrencia de Vox: forma parte de la agenda de la ultraderecha internacional desde hace décadas, como otras de las cuestiones sobre las que giran la mayoría de las argumentaciones en el Parlamento, las declaraciones públicas, las opiniones vertidas en los medios de comunicación.

Desde la consideración del no nacido en la Comunidad de Madrid a la desregulación convertida en cartera de Gobierno en Extremadura, e incluso las insinuaciones preventivas de fraude electoral por parte de la oposición, la política local importa fórmulas de éxito ultra de Francia, Estados Unidos, Hungría o Argentina, en una especie de carrusel que, alimentado por la polémica, no hace más que girar sobre sí mismo y dejar fuera cualquier otro asunto.

“Si las palabras de la extrema derecha dominan el debate es también porque los contra-relatos democráticos son débiles, defensivos y, a menudo, meramente reactivos”, analiza el historiador y especialista en extrema derecha Steven Forti. La alianza –no solo política sino también discursiva– del Partido Popular con Vox y la incapacidad de la izquierda de sostener su propia agenda frente a la necesidad de reaccionar ante el extremismo, solo suma en la cuenta de la propia ultraderecha.

La prioridad nacional de Le Pen

En 1985, el Frente Nacional proponía separar los servicios sociales entre franceses y extranjeros. Jean-Marie Le Pen le ponía proyecto político al término “preferencia nacional” acuñado por Jean-Yves Le Gallou ese mismo año en un libro. El propio Le Pen publicó Los franceses primero (Les français d'abord), en el que abordaba la prevalencia de los ciudadanos de origen frente a los inmigrantes como respuesta a una supuesta “amenaza existencial” de la identidad francesa.

Tiempo después, su hija Marine impulsó una gran limpieza de la retórica racista más flagrante del partido para aumentar sus posibilidades electorales. Ni el propio Jean-Marie sobrevivió a la operación, pero sí lo hizo, curiosamente, la preferencia nacional, rebautizada prioridad nacional.

El Frente Nacional –ahora Agrupación Nacional– ha mantenido la prioridad nacional entre los pilares de su programa, y de cara a los comicios de 2027 la aborda no solo como un debate identitario, sino como una urgencia económica para “devolver su dinero a los franceses” en detrimento del gasto social destinado a la población extranjera. “No es más que primar el arraigo de las personas a la hora de acceder a los servicios públicos. Eso es lo que han hecho muchos gobiernos a lo largo de los años”, ha remachado esta semana el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado. No es el caso de Francia, mal que le pese a Marine Le Pen. Sí hay ejemplos de endurecimiento de los requisitos para migrantes –no de prioridad como tal– en países como Hungría y Polonia o en la Italia de Giorgia Meloni.

Un paso más: remigración

El padre de la prioridad nacional, Le Gallou –que acabó recalando en la formación ultra Reconquista de Éric Zemmour–, ha publicado recientemente un libro que marca el siguiente escalón en la lógica de la Teoría del Gran Reemplazo –la idea de que hay un plan para sustituir a la población local europea por migrantes–. Remigración. Por la Europa de nuestros hijos propone la deportación masiva de población extranjera (o de otro origen étnico) para preservar la identidad europea.

La remigración es uno de los caballos de batalla de Vox. Aunque en estas negociaciones autonómicas se ha limitado a imponer la prioridad nacional, hace un año ya proponía la expulsión de España de ocho millones de personas de origen migrante.

Este mes de mayo, en el encuentro supremacista Resum26, en Oporto, la portavoz de Vox sobre Emergencia Demográfica y Políticas Sociales, Rocío de Meer, explicó los criterios con los que se deberían hacer esas deportaciones masivas: inmigrantes ilegales, quienes cometan un delito o quienes “hacen uso de los servicios sociales” porque “están colapsados”. Hace una semana, en una concentración ante la embajada de Marruecos por la crisis de Ceuta, el diputado de Vox Carlos H. Quero defendía que “otra España es posible”: “La de la repatriación, de la deportación, de la remigración y de la prioridad nacional”.

“Cuando normalizas el marco de la inmigración como amenaza, suele salir reforzado quien resulta más creíble defendiendo la mano dura, y ese espacio hoy lo ocupa Vox. Sus referentes no son la democracia cristiana europea, sino Trump o Bukele”, señala la politóloga Anna López Ortega, que hace hincapié en que el debate mismo tiene consecuencias. “La cuestión ya no es solo electoral; es que cambia quién consideramos que tiene derecho a formar parte de la comunidad política”, explica la autora de La extrema derecha en Europa.

Además, discutir conceptos que hasta hace no mucho podían parecer inaceptables sirve como velo a aquello que derecha y ultraderecha no quieren mostrar: “En la Comunitat Valenciana, este debate ha desviado la atención de una Ley de presupuestos donde se recorta 100.000 euros a sindicatos o a Cruz Roja y donde no se sabe si aumenta el presupuesto para plazas públicas en educación, sanidad o residencias”, detalla López Ortega.

La bandera del no nacido

A principios de este mes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), aprobó su ley del concebido no nacido, que permitirá acceder a ayudas y beneficios fiscales desde el momento “en que se acredite el embarazo” y que reconoce al embrión como un miembro más de la unidad familiar.

“Cada vida importa desde el primer suspiro y por eso estamos legislando para el no nacido”, había asegurado Ayuso en la Asamblea semanas antes. Otra vez, no se trata de una ocurrencia de la presidenta madrileña, sino que forma parte de una estrategia internacional. Una que busca alternativas a la oposición frontal al aborto –que puede generar más rechazo– a través de propuestas en positivo: ayudas a las madres y la llamada fetal personhood (personalidad jurídica del feto).

Ya no se trata de la defensa legal del nascituru que le costó la carrera a Alberto Ruiz Gallardón, sino un nuevo marco jurídico vinculado a ayudas sociales, fiscalidad o responsabilidad civil. Por ejemplo en Giorgia (Estados Unidos) desde 2022 se puede incluir a un feto como “dependiente” en la declaración de impuestos, igual que en Utah. Este criterio está siendo estudiado por otra decena de territorios. En otros estados el hijo no nacido cuenta para acceder a asistencia social familiar.

Latidos antiabortistas

Mientras aprueba una ley que “no va en contra de nadie ni nada” y solo “colisiona con los prejuicios de algunos miembros de la izquierda”, según el portavoz del Gobierno de Madrid, la comunidad es una de las que menos interrupciones de embarazos practica en el sistema público y se niega a realizar un censo de objetores al que está obligada por ley. El Ayuntamiento de la capital llegó incluso a aprobar a instancias de Vox un programa para informar a las mujeres de un supuesto síndrome postaborto sin ningún aval científico. El alcalde José Luis Martínez Almeida, tuvo que dar marcha atrás.

Lo mismo ocurrió con la intención de Vox de obligar a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo a escuchar los latidos del feto o una ecografía 4D. La propuesta saltó a los titulares en 2023 de la mano del entonces vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, que replicaba una medida aprobada en la Hungría de Viktor Orbán en 2022. Aquella alianza de Vox y PP acabó mal y este año el asunto se quedó fuera de los puntos de negociación. De momento, los latidos del feto solo determinan cuándo una familia de Madrid merece ser considerada numerosa o cuándo puede recibir ayudas, pero la batalla del latido sigue presente en la ultraderecha. Este mismo mes el partido del presidente chileno José Antonio Kast presentó un proyecto para impedir abortar a las mujeres que se nieguen a escuchar el latido fetal.

El bulo preventivo de fraude electoral

A finales de junio, cuando empezaba a plantearse como posibilidad una moción de censura o la convocatoria de elecciones, el PP empujado por Vox se entregó de lleno a alimentar el bulo de un supuesto fraude en ciernes. La teoría conspirativa iba más allá de lo habitual y señalaba una especie de “ingeniería electoral” por la que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende “fabricar dos millones y medio de votantes” a través de las nacionalizaciones de los descendientes de españoles exiliados por la dictadura franquista, gracias a la Ley de Memoria Democrática.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo incluso una advertencia al cuerpo diplomático: “Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Y ahí queda el aviso”, dijo.

Sembrar dudas sobre los procesos democráticos es un básico del manual de la ultraderecha. En 2020 Donald Trump denunció que le habían robado las elecciones que perdió contra Joe Biden. Tan convencidos estaban muchos de sus seguidores que aquella acusación cuajó en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, y lo curioso es que hoy lo siguen estando: según una encuesta, más del 60% continúa creyendo que hubo fraude. “El intento de Trump de no aceptar el resultado electoral fue un momento muy grave para la democracia estadounidense porque tocaba un elemento básico: la transferencia pacífica del poder”, señalaba el politólogo Pablo Berardi en una reciente entrevista.

Frente a unas elecciones de mitad de mandato que se presentan complejas para Trump, el magnate ha vuelto a la carga resucitando el supuesto fraude de 2020 y criticando un sistema electoral que pretende reformar. “Una cosa es desconfiar de una institución porque no funciona bien, y otra es considerar que cualquier institución que no da la respuesta que uno quiere es ilegítima”, señalaba Berardi sobre este asunto.

La desregulación como forma de Gobierno

Una de las primeras medidas del segundo mandato de Donald Trump fue la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental, un comité asesor externo enfocado en recortar el gasto público y eliminar normas regulatorias, que en sus primeros meses fue dirigido por el empresario Elon Musk.

Javier Milei, militante anarcocapitalista y libertario, y gran emulador de las políticas trumpistas, redobló la apuesta incluyendo en su Gabinete un Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encargado de dar un marco jurídico a la acción de su motosierra. Ahora ese impulso ha tomado forma en Extremadura, Andalucía, Castilla y León y Aragón como una de las líneas maestras del pacto entre Vox y PP. La presidenta extremeña María Guardiola (PP) ha encargado a Vox una Consejería de Desregulación con categoría de vicepresidencia y que casualmente incluye también las carteras de Servicios Sociales y Familia. En Castilla y León, el acuerdo también incluye una vicepresidencia de Desregulación y Familia. En Andalucía, el vicepresidente segundo de Vox es el titular de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local y en Aragón la vicepresidencia incorpora un Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia.

Durante décadas, el capitalismo y el neoliberalismo han operado como sentido común dominante, naturalizando determinadas premisas: la primacía del mercado, la desconfianza hacia lo público, la reducción de derechos sociales a costes presupuestarios, la normalización de la desigualdad. La ola de ultraderecha ha llevado esos conceptos a un nuevo nivel: la demonización del gasto social y el desmontaje a conciencia del estado de las estructuras que sostienen el estado del bienestar. España ya no es una excepción.

Ignorar la emergencia climática

El PP se volvió a acercar al negacionismo climático, habitual en la extrema derecha nacional e internacional, durante la oleada de incendios de julio. Desde las filas populares pusieron en cuestión las explicaciones científicas que alertan de cómo la intensidad de los fuegos no ha parado de crecer en las últimas décadas y apuntan al calentamiento global provocado por el cambio climático causado por la actividad humana. “Se utiliza como mantra el cambio climático para que no hablemos de la mala gestión del Gobierno y de lo que no hacen ni de lo que dejan de hacer”, replicó, por ejemplo, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. “Durante toda la historia de nuestro planeta el clima ha cambiado, eso es de perogrullo. Yo creo que esto de que el cambio climático mata, de que el cambio climático es el responsable de todo es un mantra que repite la izquierda para evitar responder por las responsabilidades que tiene”, llegó a asegurar.

Un discurso que también tiene sus ecos en el exterior. En el caso de Estados Unidos, la lista es larga: Trump anunció la retirada de su país del Acuerdo de París en su primer día de mandato, como ya hiciera en su primera legislatura; se han eliminado más de 7.500 millones de dólares en subsidios destinados a proyectos de energía limpia; ha declarado la “emergencia energética nacional” para potenciar la producción de petróleo y gas; y ha defendido un mayor uso del carbón como “limpio y hermoso”.