Qué puede “depurar” Vox y qué no de las unidades de violencia de género que ahora gestiona en el Gobierno andaluz

“Vox gestionará las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) en Andalucía, pero no puede suprimirlas, porque están blindadas en una ley estatal”. El presidente andaluz, Juanma Moreno, “está de vacaciones”, pero el terremoto político que ha provocado la cesión de estas competencias al socio ultraderechista del Gobierno ha empujado a la parte ejecutiva del PP a lanzar un mensaje de tranquilidad.

Eso sí, siempre desde el anonimato, porque ni desde Presidencia ni desde la Consejería de Igualdad han querido valorar esta cesión de atribuciones a un partido abiertamente negacionista de la violencia de género, que ha encendido las alarmas incluso en el Ministerio de Igualdad. “El PP ha lanzado un órdago al pacto de Estado contra la Violencia de Género [firmado por populares y socialistas en 2017]. El Gobierno de Andalucía deja a las víctimas en manos de los negacionistas y defensores del machismo. No lo vamos a permitir y ya estamos estudiando medidas. Insisto, señor Núñez Feijóo, ¿está rompiendo el pacto?”, volvió a escribir este miércoles la ministra Ana Redondo, en su cuenta de X. Preguntado al respecto, su gabinete no aclaró qué “medidas” está estudiando.

La decisión del presidente Juanma Moreno de delegar en su socio de Gobierno los servicios de atención psicosocial que calibran el riesgo para las mujeres víctimas de malos tratos ha desatado una polvareda política, pero, sobre todo, mucho “miedo e incertidumbre” entre las afectadas y las trabajadoras de estas unidades, adscritas a la Consejería de Justicia, que ahora pilota el vicepresidente segundo de la Junta y líder regional de Vox, Manuel Gavira.

Ese “miedo e incertidumbre” representa, además, “un obstáculo más para estas mujeres” –víctimas de violencia machista– a la hora de acudir a las instituciones en busca de ayuda y para denunciar las agresiones que sufren, reconocen fuentes del Ejecutivo andaluz. Las atribuciones que tiene la Consejería de Justicia son las mismas que tenía antes de que Vox asumiera este departamento, pero incluso en el PP andaluz hay quien se ha “sorprendido” de que un servicio “clave” en la lucha contra la violencia de género quede en manos de un socio negacionista. “Ahí no se ha calibrado bien el mensaje que esto iba a trasladar [a la ciudadanía]. La inquietud generada es natural”, admite un miembro del Ejecutivo, que pide anonimato.

Con todo, fuentes del Gobierno de Moreno –además del Ejecutivo central– han hecho un llamamiento a la “tranquilidad” para aclarar que el grupo ultraderechista no tiene margen legal para desmantelar este servicio, esencial para jueces y policías. En efecto, la ley que regula los Institutos de Medicina Legal, donde están adscritas las UVIVG, impide que un gobierno autonómico las suprima. Desde el PP andaluz aseguran que sus socios tampoco podrán “interceder en el trabajo de sus profesionales”, que seguirán siendo “los mismos” que antes de firmar el pacto.

Ni Gavira ni su equipo, que tomaron posesión hace apenas un mes, han aclarado aún qué planes tienen para este servicio de atención a víctimas, que cuando estaban en la oposición tildaron de “supremacismo ideológico de izquierdas”, y exigieron “depurar” reclamando el nombre y apellido de sus empleados públicos y del personal de refuerzo subcontratado.

“No pueden suprimirlas, pero sí pueden cambiar los protocolos, que dependen de la Junta, y cambiar al personal que los coordina, sustituyendo a las directoras de los Institutos de Medicina Legal en las ocho provincias andaluzas, y nombrando a gente de su cuerda, hostiles con las políticas de género”, explica Miguel Lorente, que fue quien diseñó y puso en marcha la red de UVIVG en Andalucía.

Vox puede nombrar a su propio personal de confianza para dirigir los Institutos de Medicina Legal, pero tienen que ser funcionarios del mismo departamento. La mayoría de ellos lleva años de experiencia tratando con mujeres víctimas de violencia de género, con situaciones durísimas, y están muy sensibilizados con esta lacra social, que se ha cobrado ya nueve vidas en Andalucía en lo que va de año. En la plantilla, sin embargo, también hay profesionales muy críticos con el desarrollo de la Ley de Lucha contra la Violencia de Género, que la ultraderecha califica de “ley ideológica” y aspira a “revisar o derogar” en esta legislatura.

2.300 informes psicosociales en un año

Los profesionales de los Institutos de Medicina Legal en Andalucía –médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales– atendieron a 893 personas para esclarecer presuntos delitos contra la libertad sexual en 2024 [último año publicado], realizando valoraciones de mujeres, menores y hombres denunciados por violencia de género, según datos de la Consejería de Justicia. Además, los equipos psicosociales elaboraron 2.257 informes, solicitados por los Juzgados de Familia, para dirimir conflictos de parejas con hijos sobre diferentes medidas, regímenes de visita de los menores o guarda y custodia, entre otros.

Estos datos constan en la memoria anual de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía, que también hace balance delt rabajo de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, encargados de reconocer a mujeres y menores para valorar los daños físicos, psicológicos o sociales, pero también valoran la peligrosidad objetiva de los agresores, el riesgo de reincidencia, las consecuencias físicas, psicológicas y sociales derivadas de las violencias sexuales, además de realizar informes en procedimientos civiles que afecten a las víctimas, y para recibir ayudas públicas de las administraciones.

La mayoría de estos equipos los integran empleados públicos (casi todos funcionarios), aunque también hay interinos y personal de refuerzo subcontratado, dada la “ingente cantidad de trabajo que gestionan”. Vox les señaló hace siete años, nada más entrar en el Parlamento andaluz, pidiendo sus nombres y apellidos, cuestionando su “cualificación profesional”, exigiendo que estuvieran “colegiados” además de licenciados [el 40% no lo estaba, aunque la ley no lo obliga], y acusándoles de emitir informes con “sesgo ideológico”.

Quienes han pilotado las competencias de la Consejería de Justicia hasta ahora destacan que esos equipos realizan un trabajo “humano” que va “mucho más allá de sus atribuciones”. “Muchas veces apoyan y acompañan a las mujeres y los menores cuando declaran en las salas Gesell especialmente equipadas para grabar los testimonios, con total seguridad jurídica, de forma que sirvan como pruebas preconstituidas en los juicios y eviten la doble victimización que implica tener que repetir varias veces durante el proceso y ante distintos agentes judiciales el relato de hechos dolorosos”, explicó el anterior consejero de Justicia, el popular José Antonio Nieto, que ahora dirige la cartera nueva de Inteligencia Artificial.

La Junta no dio los nombres a Vox, pero sí los números de colegiación

En 2019, el entonces líder andaluz de Vox y juez de Familia en exdedencia, Francisco Serrano, señaló directamente a esos trabajadores y pidió al Parlamento un listado con sus nombres. “Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños”, aseguró Serrano. La Cámara no se los dio, amparándose en la Ley de Protección de Datos. Los afectados lo llamaron “caza de brujas”.

El Gobierno de coalición PP-Ciudadanos no les facilitó los nombres, pero sí su número de colegiación (los que tenían) y planteó una reforma para obligar a que todos se colegiase, rescatando una sentencia del Constitucional de 2015. El entonces vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos, Juan Marín, trató de zanjar la polémica anunciando que las UVIVG que había demonizado Vox se iban a reforzar, para que habiera dos equipos multidisciplinares en cada provincia (entonces había nueve, una por provincia y dos en Cádiz).

El aumento de la plantilla se pagó con el presupuesto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que correspondía a Andalucía (3,9 millones de euros). Cuando se apagó la polémica en los medios, este refuerzo de personal se desmanteló. Fuentes del Ejecutivo andaluz aseguran que se trató de un refuerzo “temporal”.

El presupuesto anual de estos servicios de atención a mujeres ronda los 25 millones de euros, entre el gasto del personal fijo y los contratados de refuerzo. El pasado abril, ya en plena precampaña electoral, la Junta de Andalucía modificó la Relación de Puestos de Trabajo de los ocho Institutos de Medicina Legal, precisamente para crear una plaza más de forense en cada uno de ellos con funciones de coordinación de las UVIVG. Fuentes del Ejecutivo andaluz aclara que la ampliación de plantilla obedece a “las nuevas competencias sobre delitos sexuales de la jurisdicción de Violencia sobre la Mujer y el aumento de la carga de trabajo en ésta”.

Desde el 3 de abril de 2025, la Jurisdicción de Violencia sobre la Mujer asume también todos los delitos sexuales tras los cambios impuestos por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, y se han creado nuevas plazas de jueces y fiscales especializados.

La modificación legislativa contempla que las UVIVG de los IML se ocupen también de los exámenes e informes en todos los casos de violencia sexual contra mujeres, niñas y niños, interviniendo desde las primeras fases del proceso, incluido el servicio de guardia.