El Gobierno se lanza a por Vivas tras 50 días de choques: “Hemos decidido defendernos ante tanto ataque”

La crisis de Ceuta sigue muy lejos de ver la luz al final del túnel, pero ha entrado esta semana en una fase distinta tras la puesta en marcha de miles de nuevas plazas de acogida. Los dos puntos de la ciudad en situación más crítica, Loma Colmenar y El Trampolín, se han visto aliviados ostensiblemente con la habilitación por parte del Gobierno de 2.500 alojamientos en solo cinco días. Sin embargo, aún son miles las personas migrantes que permanecen en la calle, una parte de ellas niños y niñas solas bajo tutela del ejecutivo local. Y tanto la gestión de esos menores como la discusión sobre los nuevos emplazamientos para adultos ha derivado en un choque frontal entre administraciones que escala ya al cruce de acusaciones directas entre Pedro Sánchez y Juan Jesús Vivas.

El reproche más explícito por parte del presidente del Gobierno llegó el miércoles, tras la sesión de control en el Congreso. Y sorprendió por el tono y porque Sánchez nunca suele responder en los pasillos de la Cámara Baja a las preguntas al aire que le lanzan los periodistas al salir del hemiciclo. Pero esta vez sí lo hizo. “Presidente, ¿cómo explica que haya todavía mil menores en las calles de Ceuta?”. “Eso pregúntenselo a Vivas”, contestó. El dardo saltó inmediatamente a las portadas de los periódicos y los informativos de radio y televisión.

Después de la lluvia de reproches del presidente de Ceuta, que esta misma semana aseguró que Sánchez “no está capacitado” para seguir en el cargo por no estar a la altura “de sus obligaciones constitucionales”, el Ejecutivo ha decidido pasar a la ofensiva. En la Moncloa explican que detrás de ese “desahogo” del presidente, que algún otro miembro del Gobierno y del PSOE considera “inapropiado”, hay una motivación fundada. “Hasta ahora le guardábamos el aire a Vivas, pero, ante tanta mentira y tantos ataques, hemos decidido defendernos. Nosotros entendemos que haya mil niños en las calles porque es difícil de gestionar, porque es mentira que se puedan devolver sobre la marcha y porque hay problemas de espacio. Pero si nosotros empatizamos con esa situación, que es competencia exclusiva suya, lo que le demandamos es que empatice él con nosotros y deje de machacarnos con populismo barato”, apuntan en la Moncloa.

Un ejemplo claro del choque del Gobierno con Vivas tiene que ver, precisamente, con esa situación de los menores bajo tutela legal de la ciudad autónoma. Desde principios del mes de agosto, el Ministerio de Juventud e Infancia plantea a la administración ceutí el traslado temporal a la Península de 500 niñas solas en situación de especial vulnerabilidad. Una acogida que tendría lugar con recursos del Estado y bajo la gestión de entidades especializadas en la atención a la infancia. Esa propuesta se ha trasladado de manera recurrente y a todos los niveles, desde las reuniones más técnicas con la consejería de Infancia hasta conversaciones personales entre la ministra Sira Rego y Juan Jesús Vivas. Pero es la ciudad, como depositaria de la tutela, quien tiene que dar el visto bueno. Y, por el momento, se niega a hacerlo.

En el departamento de Sira Rego defienden que ese traslado temporal, mientras se tramitan los expedientes de reagrupamiento familiar o de inserción en el sistema de acogida, no solo garantizaría una atención digna a medio millar de niñas solas, sino que ayudaría a aliviar la presión asistencial que soporta ahora la ciudad autónoma. Pero lamentan chocarse continuamente con el bucle de la contradicción de Vivas, que clama por el colapso de la ciudad al mismo tiempo que impide la fórmula que permitiría destensarla. Y todo, con alrededor de mil niños y niñas que, según el cálculo de las administraciones, permanecen sin atender por falta de capacidad de acogida.

Desde el Ministerio aseguran que la propuesta de traslado no solo está vigente, sino que se ofrece de manera sistemática a los responsables locales de Infancia para ponerla en marcha “en cuanto den el 'ok'”. Aunque se muestran cautos a la hora de entrar al choque político con sus interlocutores de la consejería ceutí, de los que destacan su plena disposición a la búsqueda de soluciones, en el Gobierno existe el convencimiento de que se trata de un bloqueo que traspasa la responsabilidad tanto de los técnicos como del Ejecutivo de Vivas en su conjunto, atado de pies y manos por las directrices políticas de la calle Génova, a juicio del Gobierno central.

“No son capaces de darnos una razón o explicarnos qué pasa. Tan solo nos ponen excusas y nos trasladan que eso tienen que negociarlo. Y no sabemos con quién, pero nos lo imaginamos”, sostienen fuentes del Ejecutivo involucradas en primera persona en el dispositivo de coordinación ministerial que trabaja en Ceuta. Esta semana, la Cadena SER desveló un correo electrónico remitido el 28 de agosto en el que se daba traslado nuevamente de la propuesta y que no recibió respuesta. El Consejero de Presidencia de Vivas, Alberto Gaitán, aseguró en TVE no tener conocimiento de ese mensaje, pero insistió en la única idea que repite insistentemente el Gobierno ceutí y el PP de Feijóo: “Esta era una opción más, pero para nosotros la prioridad es la repatriación de menores”.

Los continuos choques con “un Vivas muy diferente”

La lectura política que se hace en el Gobierno de los choques con el presidente de Ceuta es que el Partido Popular ha encontrado un filón en la crisis migratoria en plena cuenta atrás de un año electoral. Y que esa presión de Génova se está llevando por delante el perfil de gestor moderado que hasta ahora ostentaba Juan Jesús Vivas. “La verdad es que nos hemos encontrado un Juan Jesús Vivas muy diferente al de 2021, cuando gestionamos codo con codo otra crisis migratoria muy grave también”, dijo en laSexta Pedro Sánchez este pasado lunes.

Lo que más sorprende en las filas del Ejecutivo es el giro de Vivas respecto a las devoluciones a Marruecos. Un cambio de posicionamiento drástico que es, además, constatable. Porque el 29 de julio de este año, el día antes del paso fronterizo masivo, el presidente de Ceuta afirmó durante una comparecencia institucional: “Puede existir la percepción de quien diga que, si llegan inmigrantes de manera irregular, ¿por qué no se devuelven? Pues hay que decir que porque, con la legislación en la mano, no se puede hacer. Quien lo haga estaría cometiendo un delito (...) Una condición necesaria para que el menor pueda retornar es que el menor quiera retornar. Y ninguno quiere retornar. Por tanto, es imposible, y ya sabemos lo que dijo el Supremo de lo que pasó en esta ciudad. En el caso de que los adultos soliciten asilo, y todos lo solicitan, ya no se pueden retornar al país de origen. Sencillamente, la ley no lo permite”. El vídeo continúa visible en las redes sociales oficiales del Gobierno ceutí.

Antes de que todo saltara por los aires los días 30 y 31 de julio, los posicionamientos del Ejecutivo de Vivas en el mismo sentido eran constantes. En septiembre de 2024, por ejemplo, el Partido Popular de Ceuta votó en contra en la Asamblea de la propuesta de Vox para instar al Gobierno “a activar los mecanismos necesarios para la repatriación inmediata de los menores extranjeros no acompañados tutelados por la Ciudad Autónoma”. El consejero de Presidencia, Alberto Gaitán, llegó a hablar de “temeridades ilegales” y reconoció que la ciudad había remitido 600 expedientes a Marruecos y no había sido respondido ninguno.

Ahora, el gobierno de la ciudad alega que se dan “nuevas circunstancias” por la entrada masiva de finales de julio y se pone sus ojos en la supuesta cobertura legal que otorgaría el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo y el reglamento de Retornos. Según el PP, esas normas eliminan la opinión del menor a la hora de realizar o no su reunificación familiar, aunque la realidad es que ambas siguen exigiendo garantías individualizadas. Y, en cualquier caso, el reglamento no está en vigor.

Boicot a los emplazamientos

El otro gran campo de batalla política en la gestión de esta crisis tiene que ver con la búsqueda de emplazamientos. Ya a principios del mes de agosto, mucho antes de que Pedro Sánchez aceptara al fin la figura del mando único que reclamó Vivas desde el primer día, los departamentos implicados lanzaron la voz de alarma por el bloqueo a la búsqueda de plazas de acogida que encontraron en el gobierno de la ciudad. Las negociaciones entre el Ejecutivo ceutí y el Ministerio de Migraciones se prologaron días con vetos explícitos a poner carpas en el entorno del hospital militar, en la antigua fábrica de harinas o en las naves del Tarajal. Con argumentos siempre parecidos: rechazo de las asociaciones vecinales, presión de algunos empresarios con negocios en las zonas afectadas y portazo final de la propia administración local.

Cuentan en el Gobierno central que a menudo se han consensuado ubicaciones en reuniones al más alto nivel entre ambas administraciones y que, posteriormente, han sido boicoteadas. Y ponen el ejemplo de los 16.000 metros cuadrados del Puerto habilitados desde este viernes para acoger a 1.700 personas. Tras pactarlo, la autoridad portuaria se desmarcó con un informe desfavorable. Y entonces el Ministerio de Transportes tomó la decisión de manera unilateral. El nivel de desconfianza ha llegado a tal punto que, según ha podido saber elDiario.es de fuentes directas de los equipos ministeriales implicados, en algunos de los operativos desplegados en los últimos días para el realojo de personas migrantes se ha evitado trasladar información precisa a las autoridades locales con demasiada antelación por temor al boicot.

Y en mitad de ese clima, la situación de Ceuta, de los ceutíes y de las personas que se jugaron la vida a nado los días 30 y 31 de julio en busca de un futuro digno continúa lejísimos de solucionarse. El mismo viernes, tras la recepción de 1.700 personas en las naves del Puerto, el Gobierno actualizó los datos para asumir implícitamente, una vez más, su fracaso en la gestión. Las cifras oficiales hablan ahora de al menos 10.000 el número de personas migrantes que quedan en Ceuta. Muy lejos de las 2.000 que dijo el Ejecutivo a principios de agosto, de las 5.000 que apuntó Pedro Sánchez a principios de septiembre y, en cualquier caso, muchas más de las 6.000 plazas comprometidas y que ya están en marcha. Asegura el presidente del Gobierno que espera tener la situación arreglada a final de año.