Geotermia: La Palma ante la hora de perforar

La geotermia en Canarias acaba de entrar en una fase distinta. Durante años fue, sobre todo, una promesa ligada al origen volcánico de las islas. El sondeo de Vilaflor, en Tenerife, ha aportado ahora una primera señal relevante: a 3.000 metros de profundidad se han localizado agua caliente, presión y permeabilidad, tres condiciones necesarias para aprovechar el calor del subsuelo. El resultado no demuestra todavía que exista una central viable, pero sí acerca el debate a una pregunta mucho más concreta: ¿puede repetirse ese paso en La Palma?

La respuesta empezará a buscarse en Villa de Mazo. La dirección de DISA prevé iniciar este otoño la obra civil del emplazamiento, trasladar maquinaria desde Tenerife a partir de enero y comenzar la perforación antes de marzo de 2027. Es un calendario ambicioso. Mandos intermedios y técnicos de la propia compañía expresan reservas sobre la posibilidad de cumplirlo, porque la operación exige coordinar equipos complejos, transporte y personal especializado. La apuesta de la dirección se mantiene, aunque quienes deberán ejecutarla advierten de las dificultades.

El comisionado especial para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo Triana, sitúa también en el primer trimestre de 2027 la posibilidad de trasladar a Mazo la experiencia de Vilaflor. Ha mantenido reuniones con DISA y vincula esta investigación a un objetivo más amplio: avanzar hacia una isla capaz de cubrir una parte creciente de su demanda con energías renovables.

El atractivo de la geotermia se entiende con facilidad. A diferencia de la energía solar o la eólica, puede producir electricidad durante las veinticuatro horas si el recurso reúne las condiciones adecuadas. Para un sistema insular, esa continuidad permitiría reducir la dependencia de combustibles importados y aportar generación renovable estable. Pero antes de hablar de centrales hay que perforar, medir y comprobar cuánto recurso existe, con qué temperatura, qué caudal puede sostener y durante cuánto tiempo.

Eso es precisamente lo que todavía falta por saber en Tenerife. El 16 de septiembre, DISA, Reykjavík Geothermal y el Cabildo presentaron en Vilaflor los resultados del sondeo profundo. El hallazgo respalda la investigación, pero la capacidad productiva del pozo sigue pendiente de las pruebas. Los equipos deben observar cómo evolucionan sus condiciones y determinar cuánto podría aportar de forma sostenida. La aspiración es desarrollar la primera central española de generación eléctrica geotérmica, aunque su viabilidad comercial aún no está demostrada. La campaña tinerfeña contempla otros dos sondeos.

Vilaflor ofrece, además, una referencia institucional. El proyecto combina la capacidad empresarial de DISA, la experiencia islandesa de Reykjavík Geothermal y la participación pública del Cabildo de Tenerife a través de ITER e Involcan. Ha recibido 14,5 millones de euros de fondos europeos gestionados por el IDAE y es el más avanzado de los nueve proyectos canarios beneficiarios del programa de exploración profunda. Esa combinación de conocimiento técnico, capital privado y presencia pública es, por ahora, una de las principales diferencias con La Palma.

En Mazo, el emplazamiento elegido se encuentra dentro del ámbito de investigación de DISA. Las cuadrículas mineras delimitan sobre el mapa los derechos de investigación y explotación que se proyectan hacia el subsuelo, pero disponer de ellas no equivale a haber demostrado un yacimiento ni, mucho menos, a contar con una central autorizada.

Conviene distinguir, además, entre permiso y subvención. El permiso habilita la investigación; la ayuda pública reduce el coste de estudios y sondeos. Según el departamento de Héctor Izquierdo Triana, La Palma recibió una asignación de 48 millones de euros, con una inversión total prevista de 96 millones al incorporar la cofinanciación. Los plazos iniciales se han desplazado hacia 2028 y las bases permiten, bajo determinadas condiciones, llegar hasta el 31 de diciembre de 2030 mediante eventuales prórrogas. Ese límite no implica una ampliación automática para todos los expedientes: la disponibilidad de maquinaria y el cumplimiento de los compromisos continúan marcando el ritmo real.

Sin embargo, incluso si los sondeos confirman un recurso aprovechable, quedará por resolver la cuestión económica que puede decidir el salto de la exploración a la producción: cuánto cobrará quien genere electricidad geotérmica. Esa es la denominada tarifa geotérmica. Las ayudas públicas reducen el riesgo de buscar el recurso, pero no garantizan los ingresos de una futura central. Sin una remuneración previsible es difícil calcular el retorno de la inversión y, por tanto, atraer la financiación necesaria para construirla y operarla.

Aquí aparece un círculo que la regulación tendrá que romper. Las empresas necesitan certezas para invertir; el Estado necesita conocer mejor el recurso para fijar esas certezas con criterio. La Administración quiere saber cuánto puede producirse, con qué continuidad y a qué coste antes de calibrar el apoyo. Una misma inversión no tiene el mismo sentido económico si el pozo permite una producción abundante que si solo ofrece un rendimiento limitado. También importa cuántas centrales podrían desarrollarse, porque de ese número dependería el coste total del sistema retributivo.

En Vilaflor, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard Payeras, señaló que los avances de los sondeos servirán de base para la futura regulación. Todavía no existe una cuantía concretada. Tampoco se ha establecido que sea imprescindible conocer todo el potencial geotérmico de Canarias antes de fijarla. La definición de ese marco será determinante para que el éxito de una exploración pueda convertirse en una decisión de inversión.

La Palma tiene, además, una segunda pieza pendiente: la relación entre DISA y el Cabildo. El consejero insular de Industria y Energía, Fernando González Negrín, ha defendido la necesidad de una tarifa regulada y mantiene abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la compañía. Mientras tanto, Sodepal impulsa estudios para identificar los lugares con mejores condiciones para perforar, una labor que permite acumular conocimiento público y reducir incertidumbre.

Las conversaciones, sin embargo, no han desembocado por ahora en una estructura compartida comparable a la de Tenerife. Fuentes conocedoras de los contactos señalan que persisten diferencias sobre las condiciones de colaboración y el reparto de responsabilidades, y que cada parte percibe poca flexibilidad en la otra. El calendario político de 2027 añade un factor más al escenario, aunque no permite atribuir de antemano retrasos concretos al proceso.

La lógica de una colaboración es clara. DISA dispone de experiencia operativa y acceso a equipos especializados. Encadenar campañas entre islas permite repartir costes de movilización, aprovechar maquinaria ya desplazada y aplicar el aprendizaje acumulado: economías de escala que pueden abaratar cada sondeo. La parte pública, por su parte, aporta investigación propia y representación del interés insular. Los permisos mineros corresponden al Gobierno de Canarias, de modo que el desarrollo de la geotermia exige coordinación entre varios niveles institucionales.

Las Azores ofrecen un precedente cercano. São Miguel produce electricidad geotérmica desde 1980 y cuenta con las centrales de Pico Vermelho y Ribeira Grande. Su explotación se integra en el grupo EDA, con mayoría pública y participación privada. No es un modelo trasladable de forma automática a Canarias, pero sí demuestra que la inversión empresarial y la presencia institucional pueden convivir dentro de una misma estrategia energética.

El beneficio de sustituir combustibles importados tampoco debe confundirse con una rebaja automática de la factura eléctrica local. En Portugal existe convergencia tarifaria, de modo que los menores costes de generación de un territorio no se trasladan necesariamente de forma directa a sus consumidores. En La Palma, la cuestión inmediata es anterior: primero hay que demostrar el recurso y después decidir cómo explotarlo, quién participa y bajo qué retribución.

Vilaflor ha dado a Canarias algo que hasta ahora faltaba: resultados de un sondeo profundo y una alianza operativa capaz de sostener la investigación. La Palma aún no tiene toda la financiación, si tiene interés empresarial y público y un emplazamiento previsto, y muy prometedor, en Mazo, pero todavía debe convertir esos elementos en una campaña real y coordinada. El próximo salto no se medirá en anuncios, sino en metros perforados, datos obtenidos y acuerdos cerrados. Ahí empezará a saberse si la geotermia puede pasar, también en La Palma, de expectativa a recurso energético.