La Fiscalía denuncia al expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el nombramiento de la jefa de Personal

La Fiscalía ha denunciado al socialista Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en dos etapas (de 2011 a 2018 y de 2019 a 2023), por un presunto delito de prevaricación administrativa en el nombramiento en 2017 de Carmen Gloria Rodríguez como jefa de Recursos Humanos.

La acción del Ministerio Público también se dirige contra el director del ente en aquellas fechas, Salvador Capella, y contra la propia Rodríguez, a quienes sitúa como partícipes o cooperadores. 

El decreto de remisión de la denuncia al tribunal de instancia de Las Palmas de Gran Canaria fue firmado el pasado miércoles por el fiscal Antonio López, quien fuera delegado del Gobierno de España en Canarias entre 1996 y 2004, durante los mandatos de José María Aznar. 

Los hechos se remontan a principios de 2017, tras la jubilación anticipada del jefe de personal de la Autoridad Portuaria. Capella propone entonces cubrir la vacante con Carmen Gloria Rodríguez, que es empleada pública laboral fija por tiempo indefinido, que en aquel momento era jefa de la Asesoría Jurídica y que ostentaba la titulación académica requerida para llevar a cabo funciones “con superior nivel competencial” (es licenciada en Derecho y tiene un máster en Recursos Humanos). 

La fórmula elegida para esta designación fue la “movilidad funcional” de Rodríguez, su ascenso. Para ello, la Autoridad Portuaria invocó el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores, que faculta al empresario para cambiar a un trabajador o trabajadora de puesto o para asignarle tareas distintas a las habituales dentro de la empresa. 

La designación propuesta por Capella fue firmada, en el ámbito de sus competencias, por el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra. Primero de manera provisional, en enero de 2017. Y seis meses después, en julio, de forma definitiva. 

La Fiscalía de Las Palmas abrió las diligencias de investigación preprocesal el año pasado tras recibir una denuncia de un delegado del sindicato CSIF, que entendía que para el acceso a ese puesto era necesario pasar por un proceso selectivo reglado por Puertos del Estado y basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

En esa denuncia, el representante sindical explicaba que tuvo conocimiento del vínculo laboral de Rodríguez con el ente con motivo de las elecciones al Comité de Empresa de 2023, ya que hasta entonces pensaba que era personal de alta dirección y que, por tanto, estaba sujeta a una normativa distinta. 

En el reciente decreto, el fiscal López sostiene que Ibarra se apartó “groseramente” de la normativa aplicable al dictar la resolución del nombramiento de la jefa de Personal “intencionadamente y a conciencia de su ilegalidad, ya que con anterioridad y a petición suya, la Abogacía del Estado le había informado de la necesidad” de que esa plaza fuera cubierta “de acuerdo con sistemas basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad y mediante convocatoria pública”.

En concreto, mediante el artículo 50 de la Ley de Puertos, que insta a Puertos del Estado a elaborar “las directrices y procedimientos en materia de selección de personal que garanticen dichos principios”, incluyendo los requisitos de titulación exigible para el personal excluido de convenio. 

La versión de Luis Ibarra

En su declaración ante el fiscal, Luis Ibarra manifestó que al asumir por primera vez la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en agosto de 2011, se encontró con una administración “con graves problemas de gestión” y numeroso personal fuera de convenio que había accedido a la entidad sin ningún proceso selectivo previo. 

Por ello, en julio de 2015 solicitó un informe a la Abogacía del Estado para conocer la situación legal del personal fuera de convenio y verificar si se ajustaba a derecho. Ese informe entró en la Autoridad Portuaria de Las Palmas en agosto de 2016 y, según cuenta, fue derivado a los servicios jurídicos y de recursos humanos para que lo analizaran. 

En ese informe, la Abogacía del Estado concluía que las plazas tenían la categoría de indefinido no fijo y que tendría que haber un proceso selectivo para consolidarlas. Ibarra explicó al fiscal que comunicó este extremo a Puertos del Estado y que se mantuvo a la espera de que el organismo estatal emitiera unas directrices al respecto que no llegarían hasta 2023.

Entre medias, se plantea el relevo en la jefatura de Recursos Humanos tras la jubilación anticipada de la persona que hasta ese momento ocupaba el cargo. Ibarra sostiene que preguntó tanto a la asesoría jurídica como a la propia Carmen Gloria Rodríguez si la forma de nombramiento era correcta y que nadie le informó en ese momento de que era necesario un proceso de concurso interno para la selección del candidato a esa vacante. 

El expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas remarcó ante el fiscal que la elegida llevaba 19 años en el ente, que es licenciada en Derecho, que tiene un máster en Recursos Humanos y que tenía experiencia laboral previa en el departamento de Personal. Además, dijo que en un primer momento decidió que el nombramiento fuera provisional porque pensaba estar muy poco tiempo más al frente del organismo, ya que temía un posible cese por un cambio político en el Gobierno de Canarias. 

Ibarra incidió en que nadie, ni la Intervención General ni ninguna otra instancia, le advirtió ni antes ni después de que esa forma de nombramiento era ilegal y que de haberlo sabido no hubiese accedido a esa designación. Además, recordó que la misma empleada ya había sido ascendida previamente en dos ocasiones sin necesidad de concurso interno porque era la costumbre en la Autoridad Portuaria de Las Palmas hasta que Puertos del Estado emitió instrucciones en mayo de 2023 para el personal fuera de convenio. 

“Así se hacía siempre”

Por su parte, Carmen Gloria Rodríguez también defendiendo la corrección de su nombramiento, argumentando que “así se venía haciendo desde siempre” y que Puertos del Estado nunca puso ninguna objeción a este sistema de provisión. Además, afirmó que otros puertos operaban de la misma manera y que las auditorías de personal de Hacienda tampoco plantearon ningún reparo sobre este procedimiento. 

La aún jefa de Recursos Humanos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas detalló que ingresó en 1998 mediante oposición como administrativa y pasó a ser personal fuera de convenio en 2006. En esos años ejerció en la Asesoría Jurídica, en Recursos Humanos y en el departamento Económico- Financiero. Rodríguez manifestó que no existen directrices concretas de Puerto del Estado para ascender a personal fuera de convenio y que el criterio jurídico residía en la potestad de la Presidencia para nombrar personal directivo.