La política de recursos humanos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas hace aguas por todas partes

Los recursos humanos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas no parecen ser una prioridad para su presidenta, Beatriz Calzada, colocada en ese puesto por su condición de dirigente de Coalición Canaria merced al pacto entre ese partido y el PP que mantiene al actual Gobierno de Canarias. Las advertencias legales o las que permanentemente lanzan los representantes sindicales caen siempre en saco roto.

El asunto más grave en estos momentos, según los sindicatos, lo constituye el hecho de que la Autoridad Portuaria de Las Palmas continúe a día de hoy sin aplicar en todos sus términos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que condenó en 2023 a ese organismo por un caso de acoso laboral a una trabajadora. La jefa de Recursos Humanos continúa en su puesto sin que se haya incoado el correspondiente expediente disciplinario ni se hayan adoptado las medidas preventivas y de reorganización para garantizar un entorno de trabajo seguro, como mandató la resolución judicial. Al menos de eso se siguen quejando los representantes laborales, que amenazan con llevar a los tribunales a la presidenta del organismo, Beatriz Calzada, de Coalición Canaria.

No hay noticias de que la Autoridad Portuaria de Las Palmas haya reaccionado ante la amplia batería de acusaciones que formuló un grupo de exdirectivos del organismo el pasado mes de noviembre, referidas en gran medida al pésimo ambiente laboral que reina como consecuencia de las políticas de recursos humanos, la persecución al personal crítico que denuncia casos de presunta corrupción y la ausencia absoluta de transparencia en la promoción y los nombramientos.

Dos intentos de Canarias Ahora por recabar la versión de este organismo público vía correo electrónico han resultado infructuosos porque sencillamente no han sido respondidos por el gabinete de prensa.

Relevo en la Fundación Puertos de Las Palmas

No es el único asunto grave en materia laboral protagonizado por esta presidenta portuaria. En 2024 se provocó la marcha de la gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas, Ana Pérez Peñalbo, tras dos años en ese puesto y otros veinte años de servicio, sin promover el correspondiente concurso de méritos para proveer esa plaza tal y como se había comprometido. Después de tenerla al frente de esa fundación sin el más mínimo respaldo de personal, con promesas incumplidas de dotarla al menos de un auxiliar administrativo, Beatriz Calzada promovió su marcha.

Pérez Peñalbo se vio en la obligación de demandar a la Fundación por estar prestando sus servicios sin el debido contrato de alta dirección, que le fue exigido a ella por el Ministerio de Transportes, que es el organismo que teóricamente tutela a las autoridades portuarias españolas. Y al verse en un callejón sin salida, tuvo que hacerse con los servicios de un abogado que le asesorara para no quedarse sin derechos.

El discurso de despedida que la afectada pronunció ante el patronato de la Fundación no dejó dudas del daño producido: “He hecho todo lo posible por quedarme, incluso he propuesto incorporarme a la Autoridad Portuaria y desde allí ayudar a la fundación, algo que ha ocurrido con todos y cada uno de los trabajadores que han pasado por la fundación, y que inexplicablemente en ningún momento se me ha dado esa posibilidad tal y como insisto se les dio a otros compañeros. Incluso realicé la propuesta de quedarme como apoyo al nuevo o nueva gerente con la condición de que mi remuneración económica no se viera gravemente afectada, pero esa opción tampoco fue aceptada. Asimismo, propuse un acuerdo para una transición lógica y tranquila, siendo las palabras que recibí con total menosprecio ”si estás en la calle estás en calle“. Si me preguntan si me quiero marchar, la respuesta es rotundamente no. Para mí, esta situación no solo representa una humillación profesional y un desprecio hacia mi persona como profesional después de 22 años, que casual y tristemente cumplo hoy, dedicada en cuerpo y alma a mi trabajo, sino un fuerte fracaso del que me costará recuperarme y que creo sinceramente que no merezco”.

En sustitución de esta profesional, Beatriz Calzada colocó al frente de la Fundación Puertos de Las Palmas a una persona de la confianza política de Coalición Canaria, Betsabé Morales Perdomo, profesional experta en el mundo de la gestión comercial y el marketing cuyo desempeño anterior había sido el de jefa de gabinete del consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, a la sazón secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria, es decir, el superior político inmediato de Beatriz Calzada. 

La gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas proviene del mundo de la publicidad, concretamente de la agencia Kinewa Ideas del País, S.L., de la que fue CEO, según su propio currículo. Se da la circunstancia de que esa agencia resultó adjudicataria de los servicios publicitarios y de comunicación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas el pasado mes de julio por importe de 440.000 euros.

En realidad, la Fundación Puertos de Las Palmas debió disolverse hace años después de un real decreto publicado bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, pero la resistencia de los patronos lo impidieron en su momento y hasta la fecha.

En Puertos del Estado (Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana) conocen todos estos pormenores, pero, en aplicación del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, han recordado a este periódico que “las Autoridades Portuarias desarrollan sus funciones bajo el principio general de autonomía de gestión, sin perjuicio de las facultades atribuidas al Ministerio a través de Puertos del Estado entre las que no se encuentra la política de comunicación y relación con los medios de las citadas Autoridades Portuarias”. No obstante, sus responsables de prensa transmitieron a la Autoridad Portuaria de Las Palmas hace más de una semana la solicitud de información de Canarias Ahora para “una posible respuesta”. Tampoco esta vía ha resultado eficaz.