Acusar sin pruebas ya es deporte nacional

Acusar sin pruebas puede ser constitutivo de delito, concretamente de denuncia falsa o calumnia cuando se imputa a alguien un hecho delictivo a sabiendas de que es falso o con temerario desprecio a la verdad. Esto rige para todo ciudadano, salvo que la acusación la realice en sede parlamentaria un miembro de las Cortes Generales porque goza de inmunidad y, en ese caso, puede sostener gratuitamente la mayor barbaridad contra un adversario sin consecuencia alguna.

La jurisprudencia del Supremo y el Constitucional viene a decir además que los políticos tienen menos derecho al honor que el resto de ciudadanos porque dedicarse a la cosa pública lleva implícito soportar todo tipo de disparates, lo que en los últimos tiempos se ha convertido ya en un deporte nacional, y no solo en el Congreso de los Diputados. El PP ha acusado, dentro y fuera del Parlamento, a Fernando Grande Marlaska de encubrir un delito de violación presuntamente cometido por el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González. Lejos de tener prueba alguna que acredite su denuncia, los populares habían escuchado, como cualquier español medianamente informado, al abogado de la víctima, declarar en varias televisiones que la denuncia se mantuvo en secreto por la relevancia del denunciado y que la mujer informó de ella el martes por la tarde a su superior jerárquica. 

Pero, no, el PP seguía erre que erre, con que Marlaska lo sabía, lo ocultó y, por tanto, era cómplice. Y eso que la tarde en que conoció la denuncia concedió al DAO una hora para que presentara la dimisión y, si no era así, en una hora firmaría su destitución. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, escribió en sus redes sociales: “Si el gobierno ha tenido a un presunto violador al frente de la Policía Nacional, como mínimo, desde hace un mes, y ahora se va, solo hay una conclusión posible: hasta que ha trascendido, lo sabían, lo taparon y lo protegieron”. Una acusación que reiteraron más tarde, y de forma más explícita, varios dirigentes del PP, entre ellos Miguel Tellado. 

“Da náuseas verle a usted sentado en el banco azul, todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación”, afirmó el número dos de Feijóo. Lo que realmente provoca el vómito nacional no es dónde se siente el ministro, sino escuchar a uno de los máximos dirigentes del PP expresarse en esos términos soeces y otros mucho más groseros cada semana desde la tribuna del Congreso. Una dinámica que, lejos de recibir el repudio general, ha pasado formar parte del lenguaje habitual de la derecha política, pero también de la mediática, lo que define dicho sea de paso la falta de solidez de sus argumentos.

Allá los políticos con su proceder y allá quienes sientan que esto forma parte del espectáculo y de una nueva forma de comunicar en política. Pero, en lo que respecta a la prensa tras la que se parapeta Feijóo para sostener indirectamente su acusación, hay una praxis que nos interpela a todos: a ciudadanos y a periodistas. Sin un periodismo que informe, profundice o cuestione con rigor y honestidad las realidades de cada día, difícilmente podrá haber una ciudadanía informada, que es uno de los pilares fundamentales de toda democracia, junto a la separación de poderes y el estado de derecho.

Esta semana le ha tocado a Marlaska, pero antes fue a Bolaños, a Zapatero, a María Jesús Montero, a media docena de ministros y hasta al presidente del Gobierno. El titular de Justicia ya ha anunciado una querella contra el empresario y delincuente confeso Víctor de Aldama, que le acusó de ofrecerle dinero a cambio de su silencio, mientras se pasea por los platós de televisión donde le dan audiencia una vez por semana. El de Interior amagó con ello el miércoles cuando retó a los populares a que repitieran sus acusaciones sin pruebas fuera del Parlamento, donde los diputados no tienen inmunidad parlamentaria. Solo después de ello, Feijóo ha matizado sus palabras y admitido que quizá Marlaska no conocía la presunta agresión sexual del DAO de la Policía Nacional a una inspectora a su cargo, pero siguió dando crédito a “los medios que publican que el ministro lo sabía desde hace varios meses”. 

El todo vale en política y en periodismo vuelve a ponernos frente a una tenebrosa realidad que es parte nuclear de una calculada estrategia de desconfianza en las instituciones con la que proyectar la imagen de un país que se desmorona gobernado por una panda de delincuentes. Casualmente, quienes así ejercen el oficio son los mismos que han echado tierra sobre el escándalo del alcalde popular de Móstoles acusado de abusos sexuales a una exconcejala y la vergonzante actitud del PP de recomendar a la víctima que la única forma de ayudarla era si callaba. Nos está quedando un país precioso y un oficio que avergüenza.