Ayuso se queda sin su Rasputín y sus locos seguidores

Hay que ver lo mucho que le gusta a Isabel Díaz Ayuso la cultura del esfuerzo y la meritocracia. Hasta se lamentó en público por la situación de los jóvenes, porque “lo tienen todo” y “les falta cultura del esfuerzo, que se ha ido perdiendo por muchas cuestiones”. Será por eso que había colocado al frente de la Consejería madrileña de Educación a unos jóvenes sobradamente mal preparados y sometidos a las enseñanzas de un extravagante gurú con el fin de reorganizar el sistema educativo de la comunidad.

De entre todas las historias inimaginables que rodean a la presidenta de Madrid, no hay ninguna más delirante que la conocida esta semana. Ha quedado patente que la Consejería era incapaz de sacar adelante una polémica ley de universidades que contaba con la oposición de los rectores, asfixiados por la falta de recursos económicos. Después de retrasar la decisión durante meses, Díaz Ayuso se ha visto obligada a reconocer el fracaso y destituir a su consejero, Emilio Viciana –su primer cese en el Gobierno desde que llegó al poder en 2019–, lo que ha provocado varias dimisiones en su equipo. Todos ellos formaban parte del llamado Clan de los Pocholos. A pesar del nombre, no era una banda delictiva, sino un grupo de pijos sin ningún conocimiento especializado en las materias de sus competencias.

“Quiero a los mejores para Madrid. No tienen por qué ser solo del Partido Popular”, decía en 2021 sobre el Gobierno que quería formar. No se le ocurrió otra cosa tiempo después que subcontratar la política de educación a un escritor y director de teatro llamado Antonio Castillo Algarra. Decir que su figura estaba rodeada de misterio es quedarse muy corto. Pasaba por ser una especie de gurú personal de la presidenta a la que alimentaba con ideas para sus discursos relacionados con la cultura o la historia de España. No fue hasta noviembre de 2025 cuando un artículo de El País desveló su influencia en la política de Ayuso que esta había mantenido en secreto.

Su relación se remonta a varios años atrás. “Conocí a Isabel Díaz Ayuso por casualidad –dijo en una entrevista–, cuando ella era una chica que formaba parte del equipo de Cristina Cifuentes (que fue presidenta hasta 2018). Yo me puse a despotricarle sobre la cultura del PP y ella, muy atenta, me escuchó y puso mucho interés. Nos hicimos amigos”. Existe una foto de ambos publicada en el Instagram de Castillo y hecha en el Día de la Constitución de 2019.

A través de una academia de preparación de oposiciones y una compañía teatral, Castillo formó una red de acólitos –que algunos llaman ahora “secta” en el PP– de la que salieron varios de los peones instalados en la Consejería de Educación. Son tres diputados y dos directores generales que ahora han cogido la puerta de salida en solidaridad con el consejero cesado. Quizá haya sido por órdenes directas de Castillo. Eso revela que Ayuso aceptó incluir en sus listas electorales a varios de los nombres que le propuso él, un ejemplo evidente de su capacidad de influencia en la líder del PP madrileño. Rasputín tenía mano hasta en las decisiones más sensibles de la zarina de Madrid.

En la entrevista citada, Castillo se presentaba como un diletante aficionado a varias disciplinas artísticas sin ser precisamente un genio en ninguna de ellas. A pesar de eso, convenció a Ayuso de que pusiera en marcha un Ballet de la Comunidad de Madrid y ella le obligó a ser uno de los tres codirectores, según su versión. Si le preguntaban si estaba en contra de la “especialización”, respondía: “No me gustan las barreras, cuando se habla, por ejemplo de teatro, hasta se diferencia si es teatro de texto, teatro gestual… cuando es algo que debe tratar de ser todo uno. Huyo del concepto de hiperprofesionalización e hiperespecialización, algo a lo que denomino el bárbaro especialista”.

Lo malo es que sus seguidores también desdeñaban a los bárbaros que redactan las leyes. El consejero Viciana se saltó los plazos marcados para sacar adelante la ley. Llevaban arrastrando el tema en silencio desde hace un año, aunque ahora en el PP reconocen que el texto estaba mal redactado y contenía fragmentos con un claro sesgo político e impropios de un proyecto de ley. En junio de 2025, Ayuso aún decía que “la nueva ley de universidades ayudará a promover centros libres, sin censura, sectarismo ni endogamia”. Para entonces, se supone que conocía su texto o principios generales.

Lo que sí aparecía en el proyecto era la imposición de multas de hasta 15.000 euros por colocar pancartas en un centro universitario o 100.000 por participar en concentraciones sin autorización, lo que vulnera un derecho reconocido en la Constitución. Era la forma de aplicar el mensaje de Ayuso por el cual la Universidad Complutense, la mayor de la comunidad, concede “títulos como churros” y está infiltrada por grupos izquierdistas: “Toda la izquierda tiene colonizada a la universidad pública Complutense de Madrid”, dijo en noviembre de 2024. Su rector no daba crédito y respondió que se estaba ocasionando “un daño irreparable al prestigio” del centro.

Por lo que ha dicho el portavoz de su Gobierno, la ley de universidades ha dejado de ser una prioridad. Todo ello ocurre cuando los números confirman que Madrid es la comunidad que peor trata a su universidad pública. Su Gobierno es el que menos fondos aporta en términos relativos. Ha reducido las plazas públicas que ofrece y es la que más alumnos y profesores ha perdido en favor de la privada. No es una casualidad que sea la región con la mayor cifra de universidades privadas.

Antonio Castillo no puede decir que no sacó nada de su relación especial con su amiga Ayuso. El Gobierno de Madrid le concedió siete contratos públicos a dedo por un valor total de 106.000 euros para la organización de representaciones teatrales entre 2020 y 2025.

En el pleno de la Asamblea del jueves, la oposición convirtió la crisis de la Consejería en un ejemplo de la gestión de Ayuso. “No lo han echado (al consejero) por incompetente, que lo es. Lo han echado por denunciar el caso FP”, dijo Manuela Bergerot, de Más Madrid. Se refería a la investigación judicial del presunto fraccionamiento ilegal de contratos en la construcción de diez centros educativos. Viciana conocía muy bien unos hechos que sucedieron cuando era consejero de Educación Enrique Ossorio, hoy presidente de la Asamblea.

Ayuso respondió con ataques, chistes y su menosprecio habitual. Elogió la preparación de los altos cargos que han salido de su Gobierno –ella nunca reconoce errores– y afirmó que la izquierda mete en sus listas a “activistas, un acróbata a caballo, okupas, quemacajeros, amantes y porteros de puticlubs”. También habló de “saltimbanquis”, un apelativo que bien podría asignarse a los seguidores de la trayectoria teatral de Castillo.

Un sector del PP respira aliviado. Ha puesto en circulación la versión de que Ayuso ha recuperado el control de la Consejería, que se había convertido en un búnker ajeno a los intereses del Gobierno. Ahora se hacen los locos y sostienen que no sabían que les llamaban Los Pocholos. Les será difícil ignorar que la líder infalible que nunca se equivoca y que es el mejor ariete contra el malvado sanchismo fue engatusada por un gurú con barba y actitud excéntrica.

Lo cierto es que fue Ayuso quien nombró a Viciana por consejo de Antonio Castillo, la que eligió a los imberbes diputados sugeridos por ese personaje en la sombra como portavoces del grupo del PP en los temas de Educación, Familia y Juventud, y la que hizo posible que Los Pocholos –con la típica despreocupación propia de los que se creen los elegidos– manejaran una Consejería con un presupuesto de casi 7.000 millones de euros. Qué podía salir mal aparte de todo.