La caída en desgracia del 'gurú' de Ayuso para la Educación provoca una crisis en el Gobierno y el grupo parlamentario

La salida del consejero de Educación de Madrid, Emilio Viciana, destituido de manera repentina por Isabel Díaz Ayuso este lunes, no solo ha propiciado una cadena de dimisiones y ceses en su departamento —donde han renunciado dos directores generales—, también ha contagiado al grupo parlamentario del PP en la Asamblea. Allí han renunciado a sus actas tres diputados: el portavoz de Educación, Pablo Posse; la de Política Social, Mónica Lavín; y la de Juventud, Carlota Pasarón. En el Gobierno han cesado a petición propia la directora General de Secundaria y Formación Profesional, María Luz Rodríguez de Llera Tejeda, y también el responsable de Universidades, Nicolás Javier Casas Calvo.

Según las fuentes consultadas, la sangría podría continuar con la destitución de altos cargos en otras áreas del Gobierno como la Consejería de Cultura. De momento, ya se trata de la mayor crisis interna que ha vivido el Ejecutivo y el partido en Madrid desde que llegó al poder Isabel Díaz Ayuso. Y la razón última es que no se ha destituido a un consejero. Ha caído un clan, el denominado grupo de “los Pocholos”: diputados y altos cargos muy jóvenes, con perfiles ultraconservadores y sin apenas experiencia en la gestión ni en la política. Dirigentes que respondían ante el factótum de la Consejería de Educación, un hombre en la sombra que no tenía cargo en el Gobierno pero sí plenos poderes en el departamento. Sin despacho en la Comunidad, operaba desde la sede de los Teatros del Canal, en pleno barrio de Chamberí, donde dirige un organismo que el Gobierno de Ayuso había creado a su imagen y semejanza: el Ballet Español de la Comunidad de Madrid. Antes, en el sector privado, dirigía una academia de preparación de opositores y había representado obras de teatro.

En esas manos ha estado durante los últimos años la Educación en Madrid, mientras las universidades se mantenían al borde del colapso financiero, el Gobierno tenía que rescatar a la Complutense con un crédito para que pudiese pagar las nóminas y un juzgado investiga un caso de corrupción en la adjudicación de obras para centros de Formación Profesional.

Quien de verdad ha caído en desgracia para la presidenta y sus asesores es un desconocido para el gran público: Antonio Castillo Algarra, a quien un reportaje de El País publicado el pasado noviembre bautizó como el “Rasputín de Ayuso”. Quienes conocen por dentro el engranaje de la Consejería de Educación aseguran que desde hace años no se movía un papel sin conocimiento de Castillo Algarra, y las mismas fuentes lo sitúan como ideólogo de algunos de los proyectos más polémicos del Gobierno, no solo la malograda ley de universidades, que el Ejecutivo no ha podido aprobar: también ven su mano tras la derogación de la ley trans que aprobaron en su día el PP de Cristina Cifuentes y Ciudadanos.

Según las mismas fuentes, el cese fulminante de Viciana lo interpretó Castillo Algarra como la señal de que su influencia en las políticas de la Puerta del Sol había acabado, y el Rasputín de Ayuso se decidió a mover sus piezas. Uno tras otro, los altos cargos que había colocado en la Consejería fueron dimitiendo, lo mismo que hicieron los tres diputados bajo su órbita en la Asamblea de Madrid.

Castillo Algarra no ha disimulado su malestar por la destitución de una de sus personas de confianza. Si había alguna duda sobre quién estaba moviendo los hilos de la Educación en Madrid, él mismo las disipó todas En su cuenta de la red X, durante la noche del lunes se dedicó a responder a las publicaciones de varios periódicos para defender que a Viciana no lo echan sino que se va “por coherencia”. Más allá de la opinión de Castillo Algarra, el consejero tenía como principal objetivo aprobar la ley de universidades, empresa en la que ha fracasado. La comunidad universitaria al completo rechaza su propuesta y tras una huelga que paralizó los campus hace unos meses se baraja una segunda.

A la mañana siguiente de los tuits, este martes, directores generales y diputados bajo su órbita fueron presentando sus dimisiones. Varios de ellos consternados por los pasillos de la Asamblea de Madrid. Quienes trataron de cerca con ese grupo, al que en la Asamblea y una parte del Gobierno regional se conocía como “los Pocholos”, describen escenas de lágrimas y lamentos por el final de sus carreras políticas.

El encargado de anticipar las dimisiones fue Pablo Posse, ingeniero de formación y diputado portavoz de Educación, quien en la comisión sectorial celebrada el martes leyó la despedida de los dos altos cargos de Educación que iban a dimitir. Y él mismo anunció que por “coherencia dejaba el acta”.

Antes del mediodía, renunció a su acta en la Asamblea y le siguieron dos diputadas muy cercanas, Monica Lavín, de Política Social, y Carlota Pasarón, de Juventud. El órdago de Rasputín estaba echado, mientras el Gobierno de Ayuso y el PP de Madrid se sumían en el desconcierto. La primera reacción del partido fue difundir que el grupo parlamentario se reforzaba con la entrada de tres perfiles municipalistas: Eva María Gallego Berzal, alcaldesa de Madarcos; Irene Zamora, exalcaldesa de Collado Mediano; y Paul Rubio, exconcejal de Villaviciosa de Odón. Según esas fuentes del PP, las dimisiones obedecen a “razones personales”.

En realidad, quienes conocen los entresijos de la Consejería sostienen que la caída de Rasputín y Viciana había empezado a fraguarse meses atrás. Durante uno de sus viajes a Florida, la presidenta escuchó de boca de los rectores que la ley que preparaba su gobierno era un desastre y estaba escrita por alguien que no entendía nada de universidades. También lanzaron en esas conversaciones privadas un mensaje de socorro que reclamaba más financiación. Nada que no hubieran dicho en público: los seis rectores, que hasta entonces habían optado por la no confrontación, en junio de 2024 explicaron en un acto que apenas tenían dinero para, literalmente, abrir los centros. Que la Comunidad de Madrid les daba menos dinero ese 2024 que en 2009.

Ayuso, que ya había tenido que rescatar a las universidades de la falta de financiación que ella misma había provocado, decidió entonces mover ficha: colocó como viceconsejera de Universidades a una persona de su máxima confianza: Mercedes Zarzalejo. En realidad, “estaba interviniendo la consejería de Viciana”, dice una fuente que conoce el departamento. Y a las reuniones con los rectores empezó a acudir también el consejero de Presidencia y portavoz, Miguel Ángel García Martín.

En los últimos meses la Consejería de Educación ha ido limando los aspectos más controvertidos del texto, pero la bola ya había echado a rodar y era demasiado grande para detenerla. A través de Martín y Zarzalejo, supieron Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que los rectores tenían razón y que la ansiada ley de universidades, la misma de la que ya tuvo que ser retirada la propuesta de establecer multas a quienes se manifestasen en los campus, estaba muy lejos de poder aprobarse. El final de Viciana como consejero estaba escrito y no se dio antes por la convocatoria de huelga en las universidades madrileñas, que registró un importante seguimiento a finales de noviembre. Si no se le destituyó entonces fue para que no pareciera una reacción a los paros, aseguran las mismas fuentes.

Finalmente cayó este lunes, y el martes su mentor y dramaturgo hizo rodar el resto de las piezas. El runrún en la Consejería es que Viciana fue profesor de la academia que dirigía Castillo Algarra y que Ayuso conoció a este paseando al perro en un parque de Chamberí. En el contexto actual es difícil distinguir los chascarillos de la realidad en el Gobierno madrileño. Sí se sabe que el mando del gurú de la educación madrileña no acaba en esa Consejería: la directora general de Juventud, Laura Castilla, también es una persona de su confianza. Y que su influencia se extiende también a la Consejería de Cultura que preside Mariano de Paco Serrano.

El hombre que figura en los carteles de su propia obra vestido de dios está también, según las fuentes consultadas, en el origen de algunas guerras culturales de la presidenta madrileña: a él le atribuyen la idea de relanzar la fiesta de la Hispanidad y la reinterpretación que un sector del Gobierno de Ayuso invoca sobre la figura de Ramiro de Maetzu y las tesis colonialistas sobre América.

Tras varios años en la sombra pero con una influencia infinita, hasta el punto de hacer despachar a algún viceconsejero en la sede de los Teatros del Canal, Castillo Algarra, el hombre que ha hecho colgar el cartel de su última obra El gran teatro del Mundo en una parada de Metro de Madrid, donde confluyen las líneas 2 y 7, emerge para echar un pulso a Ayuso. En un día han caído dos directores generales y tres diputados. Y la sospecha en el Gobierno de la Comunidad es que todavía tiene más peones que mover.

El fracaso de Viciana

El consejero cesado desembarcó en Educación en junio de 2023 con un solo objetivo: aprobar una ley de universidades que pusiera fin a la crisis en la que están instalados los seis centros públicos de la Comunidad de Madrid desde hace años por la infrafinanciación que sufren desde hace años. Madrid es la comunidad más rica de España y la que peor financia a sus centros. Viciana llegó a decir en público que pretendía aprobar la norma el pasado diciembre. No solo no ha podido; tampoco ha logrado pacificar el sector.

Desde que se filtró el primer borrador del texto, que solo recogía un trozo de la ley, la comunidad universitaria en su conjunto se levantó en armas contra de la norma. Las medidas que se iban conociendo en sucesivas filtraciones dibujaban una ley a medio camino entre el ultraliberalismo y el conservadurismo, que forzaba a los rectorados a buscar el 30% de sus fondos en el mercado, les animaba a crear pequeños fondos de inversión para captar dinero, introducía una figura de control económico externa en lo que fue calificado de “asalto” a la autonomía universitaria y planteaba un régimen sancionador con multas de hasta 100.000 euros por escraches, entre otras medidas.

Los seis rectores, que hasta entonces habían optado por la no confrontación, han protestado desde entonces tres veces en público por las condiciones financieras que tienen y las que proponía la ley. Tras alzar la voz por primera vez en junio de 2024 y un proceso negociador infructuoso, repitieron la operación un año después y también el pasado diciembre: “Hay mucho que hacer”, intentaron un equilibrio entre la protesta formal y una cierta contención. Pero el acto rezumaba una fuerte insatisfacción contenida. El viaje a Miami en el que Ayuso consiguió embarcar a cuatro mandatarios para limar asperezas tampoco tuvo el efecto deseado.

En paralelo, profesorado, alumnado y personal técnico se echaron a la calle en protesta. Se formaron plataformas para coordinarse en los seis centros públicos. El movimiento hizo pasacampus, asambleas, manifestaciones y culminó el proceso en una gran huelga que paralizó las seis universidades madrileñas.

Ahora esa tarea, la de enderezar la ley y sanear las universidades, compete ya a la sustituta de Viciana, Mercedes Zarzalejo, una exdiputada íntima de Ayuso sin pasado en el ámbito educativo que se ganó su confianza con su interrogatorio plagado de ataques (y también de bulos) a la esposa de Pedro Sánchez en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. Queda la incógnita de si Zarzalejo logrará calmar a la comunidad educativa en Madrid... Y el papel que jugará Rasputín en la nueva era.